Por Javier Suazo
La Mipyme está siendo diezmada además por la extorsión y falta de crédito.
La política y el programa de reforma agraria en Honduras se truncaron con el ajuste estructural en 1990. El sobre techo agrario y la ociosidad como causales de afectación y expropiación de tierras, se eliminaron con la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA) de marzo de 1992; un gran número de campesinos fueron motivados por el gobierno y empresarios a vender sus tierras, como una recompensa por el trabajo duro y después de más de 20 años de lucha.
En la actualidad se ha reconocido incluso por organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que la LMDSA colapsó como marco jurídico para orientar el proceso de desarrollo del sector. Las cifras de las propia CEPAL son elocuentes: Más de 48,000 has de tierra cultivas de rubros de consumo interno se perdieron entre 1990 y 2010, sin que el esperado “boom” de cultivos no tradicionales haya compensado totalmente dicha pérdida. La caída del PIB agropecuario, PIB agrícola y de los granos básicos ha sido evidente, complementado con una reducción sustancial del gasto público agroalimentario (Banco Mundial-IICA 2010).
Pero lo más preocupante es la ociosidad de la tierra, ya que más de 250,000 has de tierra de vocación agrícola permanecen ociosas y unas 125,000 has en las empresas de la reforma agraria (Suazo.2014). Frente a la falta de crédito, un activo muy escaso en el agro hondureño, los campesinos han optado por alquilar sus tierras, y otros se han refugiado en la agricultura de subsistencia para dormir, medio comer y no morir. No hay una política de estímulo a la producción de alimentos, más bien el interés está puesto en el monocultivo de la palma africana, azúcar, cacao, que concentra grandes extensiones de tierra, utiliza mucha agua y genera pocos empleos directos de buena calidad.
El gobierno de la República no cuenta con una política para el sector agroalimentario de la economía hondureña de largo plazo, ya que la Política de Estado para el Sector Agroalimentario (PESA) formulada en el gobierno del presidente Ricardo Maduro (2002-2005) se desfasó y entró en desuso, donde 2 millones de mujeres viven en situación de pobreza, solo un 11% tiene acceso a crédito (en su mayor parte de sistemas informales) y menos del 15% cuenta con derechos de propiedad de sus parcelas. El tratado de libre comercio CAFTA-RD aceleró el proceso de dependencia alimentaria y ensanchó el déficit comercial en más de 3 mil millones de dólares, sin que se permita el derecho a “pataleo” por parte del gobierno.
La ausencia de una política para el sector agroalimentario se manifiesta en el interés del gobierno por concentrar sus recursos públicos en la expansión de las áreas de siembra de palma africana, azúcar y ganadería bovina; en menor medida apoyar la siembra y producción de granos básicos. Igual, en confiar en la iniciativa de empresarios e inversión extranjera ofreciendo en venta parte del territorio nacional a empresas extractivas y transnacionales con la minería de cielo abierto y las zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE).
Con la crisis del frijol, cuyo precio a la baja se espera con la llegada de los frijoles etíopes, el presidente de la Republica, Juan Orlando Hernández, habla de estimular la producción de granos básicos con tasas de interés preferencial o subsidiadas, contrario a la política seguida por el Banco Central de Honduras con asesoría del FMI, para mantener una tasa de política monetaria (TPM) alta y, consecuentemente, tasas de interés prohibitivas para los pequeños productores rurales.
La institucionalidad publica para apoyar el sector agroalimentario se ha desarticulado y funcionan los llamados “compartimientos estanco”, donde cada institución (SAG, BANADESA, INA, IHMA, ICF, IHCAFE, BANHPROVI), tienen su propia agenda de trabajo para el agro con o sin la venia del Ministerio de la Presidencia que coordina la política de seguridad alimentaria nutricional, considera por organizaciones de sociedad civil como un documento más.
El movimiento campesino hondureño surgido de la reforma agraria, luce fragmentado y atomizado, además de ser cuestionada su dirigencia por emplear prácticas antidemocráticas para perpetuarse en el poder y acceder a los recursos del gobierno en forma directa y ejercer la representación de su organización en forma vitalicia. El cuestionamiento más fuerte es que las cúpulas de estas federaciones campesinas son las que negocian los convenios de cooperación técnica y financiera con el gobierno a través de la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional Agrario (INA), recibiendo fondos para sus actividades inmediatas.
Las organizaciones de sociedad civil ligadas al agro, la Vía Campesina y dirigentes de las nuevas organizaciones surgidas del conflicto por la tierra en el Bajo Aguan, caso de MUCA y MARCA, exigen que se apruebe una nueva Ley de Transformación Agraria y Soberanía Alimentaria en poder del Congreso de la Republica, a efecto de relanzar la reforma agraria tradicional con nuevos brillos y enterrar la LMDSA. Exigen despenalizar la protesta pública por el derecho a un pedazo de tierra, el cese de la violencia en el Bajo Aguan donde han muerto más de 130 campesinos, liberalización de 500 campesinos presos, muchos de ellos acusados de terroristas por reclamar tierra para producir alimentos; y el 10% del presupuesto nacional para el agro.
Es una lucha desigual y de sordos. El gobierno y ciertos empresarios (terratenientes) agrupados en la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), con apoyo de las empresas agroindustriales y el Ejército, le apuestan a la reactivación del agro hondureño con más palma africana, más azúcar, más ganadería bovina, más semilla transgénica y agro negocios tóxicos, y menos granos básicos, yuca, papa, camote, limón indio, ajo indio, mango, culantro; etc. La alianza campesina hondureña (ACH) le apuesta a la aprobación de la nueva Ley que tiene más de 2 años de estar engaveta en la Secretaria del Congreso Nacional.
No hay un interlocutor válido, con la suficiente credibilidad para sentar a los principales actores del sector (nuevos y viejos), promover un diálogo amplio y franco y alcanzar un pacto agrario. En otrora, esta competencia pública era ejercida por el Director del INA o el Ministro de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG); también la Iglesia Católica ha jugado este rol cuando se le llama, pero después del golpe de Estado ya no. No digamos del Congreso de la Republica que después de la alianza entre el Partido de Gobierno y el Partido Liberal, ha dejado a las llamadas fuerzas “progresistas” aglutinas en el partido LibRe, PAC y el PINU-SD sin voz. Parece ser que un interlocutor creíble lo sea el Programa de las Naciones Unidas en Honduras y sus agencias; en su defecto, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con apoyo de FIAN y el Instituto Hondureño de Desarrollo Rural (IHDER).
Tegucigalpa, Honduras, 18 de julio de 2014
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