Annie Bird, lobista estadounidense y Miriam Miranda, lidereza garífuna hondureña, enfrentaron esta semana ataques de actores violentos en la zona norte de Honduras, en distintas circunstancias.
Primero el martes fue el coronel Alfaro, quien compareció por diversos medios junto al gerente de la empresa Dinant del agroindustrial Miguel Facussé. Es reincidente en sus ataques públicos.
Comparecieron juntos en la televisión de Rosenthal y en las radios de Ferrari para vociferar en mancuerna contra la gringa clandestina que denigra a Honduras en el mundo entero y azuza a los campesinos a tomarse las tierras que los empresarios adquieren con el sudor de su frente.
Después el jueves fue el Ministerio Público que pronto sabía la ubicación del crimen organizado que atacó a Miriam Miranda, en Vallecito, Colón. Está viva, dijeron. Pero sigue en la zona controlada por esos barones.
La propia organización que preside Miriam, la OFRANEH –Organización Fraternal Negra de Honduras– acusó al narcotráfico de promover el despojo territorial en Vallecito y de realizar el secuestro contra su principal símbolo de lucha negra en el litoral, que rechaza pistas clandestinas en la zona.
Y la acusación al narcotráfico no es suelta, no es para disculpar al Estado ni al gobierno de JOH, porque es de sobra conocido el vínculo directo entre los susodichos sujetos, ya sea disfrazados de empresarios, de operadores de justicia, funcionarios públicos o militares.
En el caso de Annie, mujer bien informada sobre las acciones de los círculos políticos, diplomáticos y militares de Washington, ha sido incisiva en sus investigaciones contra Alfaro en el Aguán como jefe de las operaciones Xatruch y ahora como responsable regional de la Fuerza de Inteligencia Inter institucional que llaman FUSINA.
No queda duda en los escritos de la defensora estadounidense que las fuerzas militares son protagonistas en las violaciones a los derechos humanos de los campesinos y sus organizaciones, y un escudo mercenario de los terratenientes.
Y Annie tampoco ha ocultado en sus denuncias la responsabilidad del Pentágono, la DEA y el Departamento de Estado en esa estrategia de control militar y terror en los campos verdes del Aguán y más acá y allá de sus límites.
Entonces, la presencia en Honduras de Annie Bird, de la organización norteamericana Derechos en Acción, ha sido presentada al público como furtiva y clandestina, para criminalizar sus acciones de defensa de las y los luchadores por la tierra en este país.
Por eso, desde esta columna de opinión expresamos nuestra solidaridad a ella, a su familia y su organización, esperando que un Estado fracasado como el actual no cometa la atrocidad de atentar contra su derecho a locomoción, libertad e integridad física.
A Miriam Miranda, igualmente, le repetimos nuestro respeto por lo que hace junto a las comunidades en defensa de los territorios ancestrales del pueblo negro opuesto al modelo monocultivista, desplazador y criminal.
Hacemos nuestras las palabras del comunicado público de OFRANEH al afirmar que “la impunidad con que actúan los grupos armados en la zona de Colón, demuestra que la estrategia del desarme es imaginaria, ficticia, porque los sicarios que raptaron a Miriam y a 20 compañeros garinagus en Vallecito, estaban armados, tenían el rostro descubierto y el semblante de personas sin ley ni control de nadie”.
Que siga el campamento negro para defender las 980 hectáreas del territorio de Vallecito tituladas a su favor por el INA en 1997, hoy amenazadas por empresarios de la muerte que son al mismo tiempo capos de bandas organizadas para delinquir.
Y que siga la solidaridad del pueblo hondureño con esta lucha, hasta vencer a los enemigos de la vida y de la paz de la nación, que la despedazan con sus ridículas ciudades modelo en el mes de la soberanía nacional.
Buenas noches
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