Diario Tiempo
El gobierno ha anunciado la descentralización del sistema público de salud a través de un proyecto de privatización de los hospitales, que es la médula del Plan Nacional de Salud (PNS) presentado al personal de dirección de los centros de salud, jefes de regiones y demás autoridades del ramo.
La descentralización de los hospitales públicos está diseñada bajo el argumento de ampliar la cobertura a la población, lo cual se haría con el traspaso de la provisión de los servicios de salud a entidades privadas, a nivel municipal, por la vía del aseguramiento a cargo de ONG`s.
De acuerdo con especialistas en materia de salud pública, este es un modelo de privatización similar al aplicado en Chile en el marco de la transformación neoliberal propiciada por los Chicago Boys, que creó una situación de desigualdad con grave perjuicio para la gente pobre y la clase media, que quedó totalmente desprovista de la asistencia pública.
Esa situación en Chile, agravada por el aumento de la pobreza y de la inequidad social, ha motivado la protesta generalizada por la privatización de la salud, que ha afectado a todos los sectores, y que actualmente el nuevo gobierno de Bachelet enfrenta, en cumplimiento de las promesas electorales, para cambiar ese sistema opresivo e injusto.
Según las autoridades de Salud, este proceso de descentralización, en el que se contempla, en principio, la inclusión de diez hospitales con garantía de eficiencia y transparencia en el uso de los recursos, ya ha comenzado con el Hospital de San Lorenzo, el Juan Manuel Gálvez, en Gracias, y el Enrique Aguilar Paz, en La Esperanza, en Intibucá.
El hospital de San Lorenzo, por ejemplo, ha pasado a manos de una ONG, Agrolíbano, dentro del concepto de empresa público-privada, que se maneja en el esquema de servicios de seguros privados, de conformidad con la capacidad económica, de pago, de los pacientes.
Esa es, en general, la idea de universalización de los servicios de salud “para garantizar –se dice-- el acceso a los más pobres”. Se agrega que, en el contexto del Programa de Medicina Segura, en los tres años y medio que restan al gobierno se incorporará el 100% la cobertura a los 104 municipios más pobres.
Estos hospitales, según lo planificado, “funcionarán bajo un convenio de gestión por resultado que obligue a las prestación de servicios de calidad y la rendición de cuentas”.
Por el momento, al parecer, no se hace mención sobre el destino de los grandes hospitales públicos en relación con este proceso de privatización, lo cual es, sin duda, una decisión táctica para evitar la protesta pública por la aplicación de este sistema, mientras se consolida paulatinamente el modelo de privatización.
No hay comentarios:
Publicar un comentario