Fatalidad Minera

Diario Tiempo

El derrumbe de la mina de San Juan Arriba (El Corpus, Choluteca) y el soterramiento de 11 mineros, de los cuales solamente tres han sido rescatados hasta ahora, evidencia la casi total falta de controles sobre las explotaciones metalúrgicas artesanales en nuestro país.

En Honduras la minería artesanal es histórica, pues uno de los incentivos de la colonización española fue la búsqueda de los metales preciosos, especialmente el oro y la plata, cuya abundancia en la parte central, sur y oriental del país cobró fama en la metrópoli.

Tradicionalmente la actividad minera ha sido poco supervisada por las autoridades, e incluso se ha desarrollado en forma descuidada y permisiva, independientemente de la existencia de leyes y reglamentos, frecuentemente sujetos a reformas y modificaciones casuales.

De hecho los beneficios de esos recursos no renovables han sido relativamente escasos para el país y de enorme lucro para empresas extranjeras, tanto en el período colonial como posteriormente, en lo que podríamos llamar período poscolonial y, ahora, neocolonial, como lo estamos viendo actualmente, por ejemplo, con los yacimientos de hierro.

Con el explosivo aumento de los precios del oro y la plata, a consecuencia de la crisis financiera global y la volatilidad monetaria, muchas explotaciones mineras, que habían sido abandonadas por ser de bajo rendimiento volvieron a ser reactivadas, sobre todo aquellas de línea artesanal.

Por esa razón, en Honduras resurgió con bastante intensidad la actividad de los “güirises”, como se les dice a los buscadores de oro poquiteros, pero también a través de empresas poco dadas al cumplimiento de las reglas elementales para garantizar la integridad física de sus trabajadores.

Este es el caso, precisamente, en lo relacionado con el mineral de San Juan Arriba, en el que el gobierno ahora se ve en la urgencia de enfrentar las consecuencias, en tanto se trata de una tragedia humana más que viene a sumarse a la que ya vive la población hondureña, con todo y los elevados perjuicios económicos, sicológicos, humanitarios y ambientales.

En este sentido, queda de relieve la debilidad de las instituciones encargadas de la seguridad en la actividad minera, considerada en todo el mundo como de alto riesgo, pues eso implica ingentes recursos financieros de los que el país no dispone. La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNA), el Comité Permanente de Contingencias (COPECO), el Instituto Nacional de Geología y Minas (INGEOMIN), la Secretaría del Trabajo y el Ministerio Público tienen, por lo tanto, mucho qué hacer y también responder ante esta fatalidad.

Es, por lo tanto, un momento oportuno para revisar a fondo la situación de la minería en Honduras, que, infortunadamente, parece cubierta de un espeso velo de irresponsabilidad, contubernio e impunidad.