Por Marvin Palacios
La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) con sede en Sambo Creek jurisdicción del municipio de La Ceiba alertó a medios de comunicación y al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) que su lideresa Miriam Miranda y al menos 7 personas representantes de las comunidades garífunas, fueron amenazadas a muerte y luego raptadas por hombres fuertemente armados en la comunidad de Vallecito localizada en el municipio de Limón, departamento de Colón.
Tiempo después se conoció que Miranda y sus acompañantes fueron liberados por sus captores, quienes los despojaron de sus teléfonos celulares y otras pertenencias.
Organizaciones de derechos humanos solicitaron el apoyo de las autoridades para que se brinde protección a los miembros de OFRANEH ya que varios de ellos permanecen en un campamento instalado en Vallecito como una forma de resistencia pacífica por la recuperación de sus tierras debidamente adjudicadas por el Instituto Nacional Agrario (INA) pero que se encuentran bajo la presencia de grupos ligados al narcotráfico y crimen organizado.
Cabe señalar que Miriam Miranda goza de medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una breve comunicación con la emisora Red Radio (La Voz de las Defensoras en Honduras) y difundida en las redes sociales, Miranda dijo que físicamente se encontraba fuera de peligro y que permanecía en el campamento de Vallecito, “pero no vanos a salir de aquí hasta que no haya un tipo de seguridad, no solamente para los que vamos a salir sino para la gente que queda aquí”.
No se descarta que las amenazas constantes y el reciente rapto de que fueron víctimas los integrantes de la OFRANEH se deba a la lucha que desde hace varios años han emprendido por las tierras que legal y ancestralmente les pertenece.
De hecho OFRANEH señala que las tierras de Vallecito desde un inicio se han encontrado amenazadas por presiones territoriales de empresarios palmeros y grupos campesinos instrumentalizados por la élite de poder.
Desde hace años se han elaborado estudios sobre el potencial yacimiento de hidrocarburos en la plataforma continental del país y a lo largo de los humedales costeros. El estudio de Japex del año 2007 sobre la factibilidad de los yacimientos confirmó, lo que ya era vox populi en Honduras, derivando en el incremento de las pretensiones de los foráneos sobre la tierras de Vallecito y la franja costera hacia la Moskiitia.
El asesinato del compositor Euquerio Bernardez Bonilla en enero del año 2004, dio lugar a la instauración de un régimen de terror en la zona, que obligó a replegar la presencia garífuna en Vallecito, ante la inseguridad permanente y el despliegue de elementos armados al servicio de narcotraficantes.
“A partir del año 2005 un reconocido delincuente se apropió de una franja de más de 700 hectáreas en donde no solamente se le prohíbe la entrada a los garífunas sino incluso hasta los operadores de justicia asignados al Ministerio Público y al personal de INA”, denunció en su página web la OFRANEH
Hasta la fecha, se ha solicitado en múltiples ocasiones a la Fiscalía de las Etnias y al Instituto Nacional Agrario una respuesta a la situación de violencia que impera en Vallecito, donde se ha demostrado la inexistencia de la seguridad jurídica en el país, además del contubernio existente entre delincuentes y burócratas que obstaculizan adrede, cualquier acción encaminada a esclarecer la tenencia de la tierra en Vallecito.
Esta es una situación que OFRANEH ha venido denunciando desde el inicio de la lucha por la defensa del territorio de la zona y las autoridades no han hecho nada.
Los y las defensoras de OFRANEH hacen una defensa pacífica de sus territorios, no están armados y hacen resistencia desde su propia espiritualidad.
Miriam Miranda apuntó: “Gracias a los medios de comunicación pudimos avisar afuera y queremos decir que estamos bien aunque nadie puede imaginarse lo que significa ésto”.
Por otra parte OFRANEH apunta que “Vallecito históricamente ha pertenecido al pueblo garífuna, que a partir de 1804 comenzó, ante las presiones de los españoles a desplazarse desde la bahía de Trujillo hacia el río Sico. En el siglo pasado, en la década de los 80 cuando la dictadura, los militares se apropiaron de la zona con el objetivo de efectuar entrenamientos militares. Para la década de los 90, un grupo de jóvenes garífunas, el movimiento Iseri Lidamari, lucharon de forma denodada para recuperar las tierras ancestrales de la comunidad de Limón”.
Hasta el año de 1993, existía una continuidad territorial garinagu, desde Santa Rosa de Aguan hasta Plaplaya, trayecto que incluía 17 comunidades garífunas. A partir de esa fecha apareció "misteriosamente" como propietario de Punta Farallones, el Sr. Miguel Facussé , el que la obtuvo de forma dolosa, en detrimento del pueblo garífuna.
En la actualidad Facussé, no sólo dice ser propietario de esa estratégica Punta, sino que se ha venido apropiando de los trabajadores de las comunidades Punta Piedra y Cusuna que se extendían a lo largo de la costa desde Limón hasta Punta Piedra.
En el año de 1997 el Movimiento Iseri Lidamari, acompañados por la OFRANEH, solicitaron al Instituto Nacional Agrario (INA) la titulación del territorio a nombre de seis empresas asociativas, teniendo como resultado la obtención de documentos legales que acreditan la propiedad de los garífunas de 2,700 hectáreas de tierra.
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