Por David Brooks
Los más vulnerables de la tierra han puesto en jaque a los que dicen ser los más poderosos del mundo.
Los gobernantes de la superpotencia están considerando enviar la Guardia Nacional, drones, más agentes fronterizos armados y construir más campos de detención ante una grave amenaza: niños y madres desesperados.
El éxodo de niños de México y otros países de Centroamérica está asustando al gigante, y del presidente para abajo hay llamados urgentes a enfrentar la emergencia.
Los niños –52 mil han llegado solos desde octubre y el secretario de Seguridad Interna, Jeh Johnson, advierte que el total podría llegar a 90 mil en septiembre, lo cual sería el triple en total, comparado con el año fiscal anterior (ello no incluye las hasta ahora 39 mil madres con menores en el mismo periodo)– han obligado a la cúpula política a retomar no sólo el tema migratorio, sino las consecuencias de las políticas regionales, quieran o no.
Hasta el momento se ha manifestado más que nada la cobardía política. Los adultos que mandan tienen miedo y su respuesta es amenazar a los menores. La propaganda oficial afirma que después de su peligroso viaje no se les permitirá quedarse, sino serán sujetos a procesos judiciales y habrá más guardias armados para recibirlos aquí y en la frontera con México.
El presidente Barack Obama, después de calificar esto de situación humanitaria, decidió enfatizar un proceso para hacer expeditas las deportaciones en su solicitud al Congreso de 3 mil 700 millones de dólares en fondos de emergencia para enfrentar la situación. Aun más irónica es la petición del mandatario demócrata y algunos de sus aliados para anular ciertas protecciones de los menores que emigran de países no colindantes con Estados Unidos previstas en una ley promulgada por su antecesor republicano, George W. Bush.
Otros, como el gobernador de Texas, Rick Perry, y varios legisladores republicanos han solicitado el envío de tropas de la Guardia Nacional a la frontera. Cuando Obama se reunió con Perry la semana pasada, le dijo que contemplaría la propuesta si a cambio promovía entre los republicanos la aprobación de la solicitud de los fondos de emergencia. Por otro lado, el senador y veterano de guerra John McCain ha sugerido suspender la asistencia estadunidense a los países centroamericanos si no hacen algo para frenar el flujo migratorio. Muchos en la cúpula usan la crisis humana como balón político para criticar el manejo de la política de Obama en la materia o para denunciar a los republicanos por su negativa a aprobar una reforma migratoria. La ultraderecha está gozando del momento y convoca a milicias ciudadanas a proteger el país y condenar a esas naciones irresponsables que están enviando a sus infantes.
Pocos funcionarios aquí (aunque hay excepciones) confiesan que el éxodo no se puede entender sin el contexto de una historia en la que Estados Unidos es central: desde intervenciones en la región a lo largo de un siglo (cuyo acto más reciente fue el apoyo de Washington al golpe en Honduras), las guerras de los años 80 –cuando la mano estadunidense no estaba nada oculta– y las políticas de la llamada guerra contra las drogas impuesta sobre toda la región durante décadas. Junto con ello están las políticas económicas neoliberales impulsadas con los tratados de Libre Comercio de América del Norte y de América Central, promovidas con promesas de prosperidad y como antídoto contra la migración.
El éxodo de niños es, en los hechos, una condena a las consecuencias de todo esto.
Una propuesta del caucus (grupo) progresista del Congreso, encabezado por los representantes Raúl Grijalva y Keith Ellison e integrada por unos 75 legisladores federales, señala que varios grupos de derechos humanos afirman que Estados Unidos apoya fuerzas policiacas y militares corruptas que violan los derechos humanos y contribuyen al crecimiento de la violencia en México y los otros tres países centroamericanos. Además, que los acuerdos de libre comercio han llevado al desplazamiento de trabajadores y nutrido la subsecuente emigración en esos países. Por tanto, subrayan, una respuesta efectiva tiene que reconocer que ello es, en gran medida, una crisis de refugiados, y se tiene que imponer ante todo el bienestar de los niños. Que las propuestas de hacer expeditas las deportaciones de niños, para regresarlos a la violencia de la que han escapado, son un intento por simplificar una situación compleja y un abandono de la responsabilidad estadunidense conforme a las normas internacionales.
Frecuentemente se pierde de vista que una cuarta parte de los 52 mil menores capturados por las autoridades en la frontera proceden de México. De septiembre de 2013 al 15 de junio de este año son exactamente 12 mil 146, según cifras oficiales estadunidenses (el año fiscal anterior –del primero de octubre al 30 septiembre– el total de México fue de 17 mil 240). Por acuerdos bilaterales, casi todos son repatriados a México casi de inmediato. Así, las autoridades mexicanas y estadunidenses han decidido enfatizar que este es un problema centroamericano, mientras nadie explica por qué tantos miles de niños mexicanos no acompañados forman parte del éxodo.
Los niños han detonado un gran debate nacional y regional, en el que desde gobernantes hasta obispos, multimillonarios, expertos en seguridad nacional, altos funcionarios de la Organización de Naciones Unidas, defensores de derechos civiles y organizaciones dedicadas a las políticas migratorias han sido obligados a abordar el éxodo y debatir si es un asunto humanitario, si los niños son sólo indocumentados o refugiados y cuál debería ser, o es, la obligación de este país ante sus compromisos internacionales según las leyes internacionales.
Ahora el gigante tendrá que decidir si actuará con la grandeza que dice tener.
Esta vez los niños serán sus jueces.
(Tomado de La Jornada, México)
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