Por Hugo Noé Pino
El cobro de peaje en las carreteras de muchos países es un instrumento válido para la construcción y mantenimiento del sistema vial. En Honduras ya ha existido como lo muestra el cobro en las salidas de San Pedro Sula y Puerto Cortés, así que no es nada nuevo.
Sin embargo, el cobro de peaje que se ha comenzado a realizar en la carretera CA-5 (la que comunica Tegucigalpa con San Pedro Sula y Puerto Cortés) ha estado lleno de arbitrariedades por lo cual buena parte de la ciudadanía lo rechaza. En primer lugar, la aprobación del contrato de concesionamiento a COVIAL fue realizado en el Congreso Nacional hace aproximadamente dos años sin mayor discusión y dispensándole dos debates. En ese momento varios diputados se quejaron porque el contrato en mención se les entregó dos horas antes de su aprobación con lo cual no tuvieron el tiempo necesario para su estudio.
En segundo lugar, es muy bien conocido que el peaje se cobra cuando el costo de construcción o reparación se realiza para recuperar los recursos invertidos. En este caso la empresa en mención no ha invertido un tan solo centavo en la construcción o reparación de la carretera concesionada y de todos es conocido que el estado actual de la carretera se debe a la Cuenta del Milenio.
Entre las justificaciones para el cobro, porque son varias, se señala que la empresa invertirá (tiempo futuro) inicialmente ochocientos millones de lempiras. La pregunta entonces es: ¿Por qué no se comienza el cobro del peaje hasta que dicha inversión haya sido hecha?, y además que corresponda únicamente a la parte de Táulabe-Villanueva que es donde se construirán los carriles adicionales.
En tercer lugar, en un afán de justificar el cobro del peaje se ha escuchado a funcionarios públicos y de la empresa señalar que estos cobros iniciales no son para la COVIAL sino para el gobierno. En ese caso, y hasta donde nosotros conocemos, no existe ninguna provisión en el presupuesto general de la República que autorice al gobierno a cobrar peaje en la CA-5, por lo que el cobro sería ilegal. Las autoridades están llamadas a aclarar a quién van estos recursos que se están cobrando y qué marco legal los autoriza.
En cuarto lugar entra otra justificación: el mantenimiento de la carretera. Cómo vamos a dejar que una carretera tan costosa se deteriore, señalan funcionarios públicos. En eso tienen razón porque sería un pecado dejar que una obra de infraestructura de esta magnitud se deje sin hacer el mantenimiento respectivo.
No obstante, se olvidan que la población en general ya paga impuestos en el denominado Aporte Social y Vial; que dicho impuesto fue establecido tanto para el mantenimiento de la red vial del país, como también para proyectos sociales. También se olvidan que estos ingresos provienen del impuesto que se aplica a los derivados del petróleo y que dicho impuesto se aumentó en 25 centavos de dólar el pasado diciembre como parte del paquete tributario que también aumentó el impuesto sobre ventas. Así que además del aumento del impuesto, ahora viene el peaje como un impuesto adicional.
Todo lo anterior hace del peaje en la CA-5 no sólo un cobro arbitrario, sino también con muy poca transparencia. Ahora se habla de tarifas diferenciadas siguiendo el mismo camino de las exoneraciones fiscales, es decir, aquellos sectores que más proximidad tienen al poder político o tienen más capacidad de presión saldrán beneficiados, mientras la mayoría tendrán que soportar el nuevo costo.
Adicionalmente hay un serio problema en el esquema de concesión el cual fue señalado por el FMI en la revisión el Artículo IV. Coalianza no puede desempeñar los papeles de promotor de concesiones y al mismo tiempo vigilar por el cumplimiento de las mismas, es a todas luces conflicto de intereses. Esto debe corregirse sino al final tendremos carreteras mal mantenidas y con contratos de 20 y 30 años.
Al final el problema del peaje no es únicamente un problema de ingresos para el gobierno, es también uno de prioridad en la asignación del gasto. Esto tiene que ver con la justificación que los bienes públicos se concesionan por la incapacidad financiera del gobierno. Pero mientras el gasto se dedique a actividades que no son las prioritarias para la mayoría de la población, como la compra o reparación de aviones militares, no habrá recursos que ajusten y los aumentos en impuestos y tasas continuarán siendo la norma.
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