Hasta el cierre de este boletín informativo, tres de los once mineros atrapados en la mina artesanal en San Juan Arriba, El Corpus, Choluteca han sido rescatados por equipos de El Salvador, Guatemala y Honduras y las fuerzas vivas de la comunidad. Este caso atrapó la mirada de propios y extraños a pesar que días atrás se advirtió de tales consecuencias.
Casi 48 horas se cumplen de haber desaparecido en una bocamina 11 hombres en el sur del país por un accidente que ha dado la vuelta al mundo a través de los medios de comunicación nacionales e internacionales que de inmediato compararon esta situación con lo sucedido en Chile hace dos años. Sin embargo, la realidad hondureña dista mucho de la chilena, y este accidente muestra las víctimas más frecuentes de la explotación minera.
Este tipo de accidentes en minas artesanales son comunes, hay personas cercanas a la mina que aseguran que incluso el año pasado murieron tres personas en ese mismo sector mientras trabajaban en lo que consideran su única fuente de empleo. Los compañeros y familiares de estos mineros atrapados han dejado claro que ellos prefieren morir soterrados que morir de hambre, se arriesgan para sobrevivir.
El especialista en minería y miembro de la Coalición de Redes Ambientales, Pedro Landa, asegura que en Honduras cada año de 6 a 10 personas mueren en este tipo de accidentes en minas artesanales que no son reguladas por el Estado. En el municipio de El Corpus, Choluteca se estima que dos mil personas se dedican a la explotación de los minerales en las montañas ya que la agricultura es un rubro deprimido por la sequía y el oro y la plata abundan en el subsuelo.
El Corpus es un municipio que colinda con El Triunfo, otro de los municipios codiciados por las empresas mineras en el sur de Honduras. El Corpus fue descubierto por una mina que se explotaba en 1585 llamada Clavo Rico, y que se reactivó en 1954 con el mismo nombre, hasta ahora sigue explotando 5 concesiones que le fueron otorgadas por el Estado hondureño.
Esta empresa de origen estadounidense que explota oro y plata demandó al Estado porque personas de la comunidad “usurparon” tierras concesionadas. Al ganar la demanda el Estado le paga millones de lempiras al año y la empresa simplemente les compra el mineral a los pequeños mineros que se apropiaron de estas tierras, según cuenta Pedro Landa.
“La empresa gana siempre, el Estado le paga millones y ellos le compran a los mineros artesanales el mineral sin caer en responsabilidad de cómo se están explotando estas minas”, explicó Landa.
En El Corpus toda la montaña está perforada, la comunidad lo sabe, lo han sabido los alcaldes con el correr de los tiempos pero no se ha hecho nada para regular o capacitar a estos mineros, según el ambientalista.
El Instituto de Geología y Minas (INGEOMIN) aseguró que el cierre de esta mina ya estaba ordenado desde el año pasado pues tres personas murieron, sin embargo parece que en este territorio no hay ley que valga.
“El Estado está equivocado en su política extractivista”
Con la nueva Ley de Minería, se establece que la extracción artesanal pasa a responsabilidad de las municipalidades. Pero ¿qué capacidad tienen las Unidades Ambientales Municipales para hacer este trabajo? Se preguntan las organizaciones que acompañan a las comunidades en este tema.
El accidente en el que estos once mineros fueron soterrados sucede por la falta de medidas preventivas de derrumbes en una bocamina sumamente vulnerable que había sido clausurada años atrás. Bernabé Quevedo, del grupo de defensores del ambiente de Cáritas en el municipio de Choluteca asegura que a los alcaldes en contubernio con los terratenientes solo les importa el negocio redondo. Como movimiento intentaron hacer conciencia en la gente en este sector pero fueron rechazados. Quevedo ha denunciado por años que los grandes ganadores son los dueños de molinos que luego venden a la gran industria el metal, pero pagan muy poco a los obreros que se arriesgan la vida bajo tierra.
Este es un modus vivendi ya arraigado en El Corpus, pero rechazado en otros municipios como Choluteca y El Triunfo donde incluso varios defensores del territorio han sido criminalizados por las autoridades al oponerse a las concesiones de sus bienes.
“Debemos reflexionar sobre la política abierta de extractivismo que propone el Estado, ya que la misma no tiene ningún sentido cuando vemos que se ponen en riesgo vidas humanas, cuando no hay intención de los gobiernos de apoyar a estas personas que están rasguñando la tierra para poder vivir. Y por otro lado abren la puerta para la gran industria minera, las grandes empresas que hacen sus ganancias a costa de la destrucción del territorio”, explicó Landa.
Un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) sobre la situación de la minería en Honduras apunta que la explotación minera en Honduras irrespeta los derechos humanos, causa grandes destrucciones al ambiente y deja muy pocos ingresos para justificar una política pro minera del Estado.
Este estudio refleja que en los departamentos con menos posibilidades agrícolas o ganaderas es donde existen minerales en mayor abundancia. Por lo tanto, un sector declarado actualmente “en hambruna” por la crisis de los cultivos, se ve en la desesperación de buscar la sobrevivencia a costa de lo que sea, en este caso, de la minería irregular.
“Honduras cuenta con 72 concesiones mineras metálicas vigentes y otorgadas. De estas, las más importantes —por estar en producción y por su potencial extractivo de oro y plata— son las que se encuentran en los departamentos de Choluteca, Copán, Francisco Morazán, Santa Bárbara y Valle
Las otras concesiones operan a menor escala y de forma artesanal; normalmente venden su producto a las empresas grandes que se encargan del proceso de exportación”, concluye el estudio.
Landa asegura que las organizaciones defensoras de los bienes naturales, advirtieron esta crisis en la minería artesanal desde un inicio. Fue una irresponsabilidad trasladar el manejo de la actividad artesanal a las municipalidades sin darles las capacidades.
“Toda la zona de El Corpus y Tránsito, sus montañas están perforadas, y el casco urbano ya está deteriorándose porque por debajo ya hay minas subterráneas, túneles que se inundan. Esos problemas hay ya en unos templos católicos que se están hundiendo porque por debajo pasan túneles de minas coloniales. Si son minas que están clausuradas ¿Cómo a vista y paciencia de las autoridades se han estado explotando? Este es un llamado de alerta para que se revise la política extractiva y se revierta esta práctica de explotar los bienes naturales a cualquier costo y poner en riesgo la vida de estas personas que esperamos no se convierta en mártires de la voracidad y el extractivismo”, expuso Landa.
Incapacidad para atender emergencias
Según Ingeomin, en la nueva ley de minería habría un proceso de fortalecimiento institucional, se anunció que se elaboraron convenios de cooperación con países mineros como Chile, Canadá y Perú para generar capacidades, pero lo que ha sucedido en estos dos días nos demuestra que no es una realidad. Equipos de rescate de El Salvador y Guatemala han apoyado el proceso para salvar a estos hondureños atrapados a más de 100 metros bajo tierra.
¿Cuál es la alternativa?
La explotación minera que mejor se da es la que se consulta con las comunidades y se hace regulada por el Estado, según opina el alcalde del municipio de Choluteca, Quintín Soriano.
Soriano asegura que en la sultana del sur la gente está muy preocupada por la explotación en El Corpus, pues el 20% del agua que llega a Choluteca es del sector de Guanacao cerca de San Juan Arriba.
“La región sur es una zona industrial, tiene la caña de azúcar, las camaroneras, las empacadoras, y el comercio por estar en medio de dos fronteras, Nicaragua y El Salvador, pero tal vez esto no es así en otro municipios como El Corpus. La minería en ese sector necesita control, y ahora es el momento. El gobierno tiene que parar estos permisos y controlar porque allí cualquiera se va a hacer un hueco”, dijo el edil.
Por su parte Pedro Landa asegura que hay una hipocresía enorme porque la gran minería es más dañina que la minería artesanal. “Está mal señalar que la minería artesanal es mala y la gran minería es buena cuando vemos casos como el de Valle de Siria, cuando vemos la criminalización de las personas que defienden sus territorios y el agua, sin embargo los grandes mineros que andan de sacos y corbatas están financiando las campañas políticas y son los grandes bienhechores de este país”.
Para Landa, una solución no puede ser clausurar las minas, sino tener como alternativa la creación de pequeñas cooperativas y que el Estado les brinde capacidades para que lo hagan con todas las medidas de seguridad. Así los obreros dejan de ser víctimas de terratenientes y políticos implicados en la explotación al margen de la ley y de las grandes empresas que les compran el oro a precios sumamente bajos.
A Mecate Corto Nº 345
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