Por Javier Suazo
Hay un interés manifiesto por desconectar el problema de los niños migrantes con las políticas de ajuste económico ejecutadas en Honduras a partir de 1990. El argumento es que las causas que explican este problema se relacionan directamente con el narcotráfico, la violencia y el espejismo del sueño americano que motivó a gran parte de los padres y madres de los niños, niñas y jóvenes a abandonar el país.
El ajuste económico aplicado en Honduras y en otros países de la región con problemas de migración infantil, cercenó los presupuestos de salud, educación y los programas sociales con impacto directo en las condiciones de vida de las familias pobres. A esto se suma la pérdida creciente de activos productivos de estas familias como el crédito agrícola y la falta de acceso a servicios de asistencia técnica para producir la tierra y no abandonar el medio rural.
En Honduras, por ejemplo, principal país expulsor de población infantil hacía la frontera con México y USA, la miseria del crédito agrícola se manifiesta en una reducción de 61%, al pasar de 341 millones de lempiras en 2001 a 136 millones en 2010; igual la participación del crédito otorgado a los granos básicos dentro del crédito agrícola, que fue de 11% en 2001 y 4% en 2010. (Suazo: 2014). Estas cifras son alarmantes si se sabe que después del golpe de Estado la Banca Privada contrajo aun más la disponibilidad de fondos para la producción de granos básicos, por la inseguridad en el agro.
El ajuste económico también contrajo el monto del gasto publico agroalimentario dentro del gasto total al representar en la actualidad el 3%. Cada vez más los presupuestos de las instituciones públicas ligadas al agro han venido disminuyendo, en especial los fondos para aquellos programas de asistencia técnica, transferencia tecnológica e investigación agrícola, riego, organización campesina y comercialización.
Después del golpe de Estado, los nuevos paquetazos ejecutados no han servido para aumentar el gasto en salud, educación, vivienda y aseguramiento social, sino para inflar el presupuesto de defensa y seguridad, contraer el gasto de inversión productiva y honrar el servicio de la deuda total que consume más de 27% del presupuesto del gobierno de 2014, sin que se cumplan las metas de recaudación de impuestos y reducción del déficit fiscal.
Pero lo más preocupante, que ha recibo poca atención de las autoridades del gobierno, es el sesgo recesivo de las políticas de ajuste económico que cada vez más expulsa mayor población del mercado de trabajo. En Honduras el desempleo total muestra cifras alarmantes de más de 2 millones de desempleados, lo que hace suponer que el mayor endeudamiento de la economía hondureña es para reprimir al pueblo, pagar el servicio de la deuda y alimentar la corrupción que carcome la institucionalidad publica; seguir también con el bono diez mil, un programa que resultó un fraude siendo cuestionado incluso por diputados y altos funcionarios del gobierno, ya que hay mucha filtración, corrupción y no es sostenible financieramente.
Los niños migrantes de los países de la región (Nicaragua, el Salvador y Honduras) suman más de 34,000 en 2014, frente a un poco más de 4,200 en 2009 (CNN en español); otras cifras dicen que de octubre de 2013 a la fecha 14,200 niños hondureños han sido detenidos cruzando la frontera, y se han deportado 87,000 migrantes clandestinos de Centroamérica. La pobreza y la violencia en Honduras, son dos de los factores que los propios niños y niñas identifican como causas para abandonar el país; agregado a la desintegración familiar (padres, madres y hermanos fuera del hogar y migrantes como unidades familiares) y, según Casa Alianza, la ausencia de una política integral del gobierno para enfrentar el problema desde la comunidades, barrios y escuelas.
Se habla de soluciones compensatorias, lideradas e ideadas por las autoridades norteamericanas; una manera de deshacerse del bulto, cuando en realidad su atención en el propio país del norte es un derecho humanitario que les asiste a los menores. De los 295 millones de dólares que la administración Obama destinará a los países de la región para frenar la migración, unos 117 millones de dólares los recibirá el gobierno de Honduras, o sea el 40%. El gobierno anuncia la transformación de la base militar del Palmerola en un mega albergue para recibir la avalancha de niños migrantes, donde podrán interactuar con sus familiares y ser beneficiados de los programas compensatorios cómo el bono diez mil y con chamba se vive mejor.
Mientras tanto el gobierno espera firmar con el FMI un convenio de mediano plazo para reducir el déficit fiscal, seguir honrando el servicio de la deuda y acelerar la devaluación de la moneda ya que según sus voceros el lempira está sobrevaluado y ha perdido competitividad. Un nuevo ajuste económico que aumentará impuestos y tarifas de los servicios públicos, reducirá gastos públicos y despedirá empleados, volverá más caro y escaso el crédito y excluirá muchas familias campesinas de la producción y seguridad agroalimentaria.
Tegucigalpa, DC, 9 de Julio de 2014
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