lunes, 21 de julio de 2014
Alerta: Asalto armado a sacerdotes con medidas cautelares y acompañantes internacionales de Derechos Humanos (PROAH)
El Proyecto de Acompañamiento internacional en Honduras (PROAH) expresa su grave preocupación ante el asalto armado y secuestro de los sacerdotes César Augusto Espinoza Muñoz y Abel Carbajal, de la parroquia de Arizona, Atlántida y tres acompañantes internacionales de derechos humanos de PROAH (dos ciudadanos suizos y una ciudadana francesa).
El asalto armado ocurrió el 3 de julio, aproximadamente a las 7 pm. cerca de Siguatepeque. Un carro blanco tipo turismo (parecido a un taxi) interceptó el carro de la parroquia en el que viajaban los tres acompañantes y los sacerdotes. Tres hombres armados salieron del carro blanco y apuntaron sus armas a los sacerdotes y a los miembros de PROAH. Les obligaron a salir de su vehículo y a pasarse al asiento de atrás del carro blanco, mientras el cuarto asaltante se escapó manejando el carro de la parroquia. Los asaltantes secuestraron a la fuerza a los sacerdotes y miembros de PROAH llevándoles en el carro durante unos 45 minutos y amenazando de matarles. Les dejaron luego en Siguatepeque.
Padre César y Padre Abel, así como 16 miembros de la comunidad de Nueva Esperanza y defensores de los derechos humanos que los apoyan, son beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a las amenazas y uso de violencia por parte de representantes de la empresa Minerales Victoria, de otros intereses mineros y de la Policía Nacional, en respuesta a la oposición pacífica y legítima de la comunidad a la actividad minera.
PROAH acompañaba a la comunidad de Nueva Esperanza cuando el 25 de julio de 2013 dos acompañantes internacionales de PROAH (una ciudadana francesa y un ciudadano suizo) fueron mantenidos cautivos durante 2,5 horas por varios hombres armados que vigilaban las operaciones mineras de Minerales Victoria.
El asalto armado y secuestro del 3 de julio a beneficiarios de medidas cautelares y acompañantes internacionales pone en evidencia la situación de inseguridad extrema en Honduras, a la que la población se enfrenta cada día en todo el país. Además, el asalto demuestra la falta de protección de los beneficiarios de medidas cautelares así que el alto nivel de riesgo que afrontan los defensores nacionales e internacionales de derechos humanos en Honduras.
En varios casos acompañados por PROAH se evidencia la falta de protección de los beneficiarios de medidas cautelares:
En Locomapa 38 personas recibieron medidas cautelares de la CIDH tras el asesinato de tres indígenas Tolupanes el 24 de agosto 2013 durante una protesta pacífica contra la actividad minera y la explotación forestal ilegal en sus tierras. Sin embargo, los supuestos autores de la masacre, quienes tienen órdenes de captura, permanecen libres en la comunidad y siguen intimidando a los opositores al proyecto minero. Un miembro de la comunidad exiliado, todavía no ha vuelto a Locomapa. El 9 de junio de 2014, un beneficiario de medidas cautelares recibió nuevas amenazas por parte de un general en condición de retiro que además dañó sus cultivos y sus bienes.
Cuatro meses después de que el Estado de Honduras se comprometió a aplicar las medidas cautelares de la CIDH, la comunidad sigue amenazada y vulnerable.
En junio del 2014, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, también beneficiario de medidas cautelares, emitió una Acción Urgente denunciando que el gobierno hondureño no ha adoptado medidas eficaces para disuadir la inseguridad e implementar medidas de protección.
La Acción Urgente fue emitida en respuesta a "una serie de acontecimientos que en forma sistemática vienen ocurriendo en las últimas semanas, hechos que se producen inmediatamente después que el COFADEH realiza acciones públicas de denuncia". Estos acontecimientos incluyen la vigilancia de la oficina, así como el secuestro temporal y golpes severos sufridos por un miembro de COFADEH.
PROAH expresa su grave preocupación ante los niveles extremos de inseguridad, de impunidad y la falta de protección eficaz y adecuada de los beneficiarios de medidas cautelares así como de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.
PROAH brinda acompañamiento internacional a defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo personas u organizaciones del movimiento social y de derechos humanos que se encuentran bajo amenaza u hostigamiento debido a su trabajo a favor de los derechos humanos individuales y colectivos.
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