“La [audiencia] preliminar va por que va” afirmó el juez n°2 que conoce el expediente de los defensores de derechos humanos y opositores al régimen de Juan Orlando Hernández, acusados supuestamente por el incedio a la alcaldía del municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, en el año 2018.
La decisión del juez de Letras del departamento de Santa Bárbara, al noroccidente de Honduras, se emitió tras esperar casi una hora, y saber si la audiencia preliminar citada para las 2:00 p.m. de este lunes 9 de marzo, en el caso de 28 criminalizados se llevaría a cabo o no, ante la ausencia del fiscal Juan Carlos Elvir, del Ministerio Público (MP).
A través del Elvir, se notificó vía telefónica al Juzgado de Santa Bárbara, el supuesto interés de las víctimas imputadas, acerca de una salida alterna (que puede ser conciliación o procedimiento abreviado), en el caso de la quema de la alcaldía de Las Vegas, que dirige en su tercer periodo Petrona Audonifia Pineda “Mila de Lara”, sin que a los criminalizados y parte del equipo de defensa, se les haya notificado.
Según funcionarios del Poder Judicial de Santa Bárbara, esta mañana el fiscal envió la notificación del acuerdo entre la defensa y el MP. Sin embargo, las abogadas del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), y un defensor público que representan a parte de los 28 criminalizados, no fueron notificados.
Los representados del Cofadeh y la defensa pública desmintieron la intención de conciliar, ya que son señalados injustamente.
Cabe señalar que, las abogadas Karol Cárdenas y Dora Oliva, del Cofadeh, en representación de tres ex presos políticos, no fueron notificadas del supuesto acuerdo alterno, de parte de un grupo de los criminalizados; y, por lo que el fiscal Elvir, no se presentó a la audiencia en el departamento de Santa Bárbara.
Tras dialogar con el juez, Cárdenas afirmó que el COFADEH y otro defensor público continuarán el debido proceso para demostrar la inocencia de los ex presos políticos en juicio oral y público.
Es la segunda vez que se pospone esta audiencia, sin notificarle a las defensoras de Nelson Álvarez, Faustino y Ovidio Enamorado Guillen. El 18 de febrero no se realizó por que el fiscal Elvir, tenía otra audiencia en Tegucigalpa, en el caso del ex preso político, Raúl Álvarez.
No hay acuerdo de conciliación
Lo que vivió el grupo de defensores de derechos humanos privados de libertad en la cárcel de máxima tortura (seguridad) El Pozo, municipio de Ilama, les arrebató la honra familiar, empleo y el hogar.
En ningún momento hemos considerado conciliar, declararon a defensoresenlinea.com, los hermanos Enamorado Guillén, perseguidos, criminalizados y ex presos políticos de Las Vegas, Santa Bárbara.
Faustino y Ovidio estuvieron tres meses en la cárcel de máxima tortura El Pozo, junto a siete compañeros más, y tres compañeras, por suponerlos responsables del incendio de la municipalidad de Las Vegas en 2018.
Son culpados injustamente, afirmaron los líderes sociales, representados por el Cofadeh. Y no hay como reparar esos daños morales.
“Pienso que el sistema se está acomodando, como quién dice: no pasó nada, pero somos 12 personas que estuvimos presos y nos capturaron en nuestras casas, violando nuestros derechos y ahora pensar que vamos a resolver así el problema, no puede ser”, declaró Faustino Guillén, coordinador del Consejo Indígena Lenca de Las Vegas.
Añadió que, este problema (persecución) se vino porque el Consejo Indígena había denunciado tala de bosque y desaparición de jóvenes tras el golpe de Estado de 2009.
Por su parte, Ovidio Enamorado, quién fungía como representante del Comité de Derechos Humanos (Codeh) en Santa Bárbara, al momento de la captura, señaló que involucrarnos en la quema de la municipalidad, era parte de quitarnos del escenario público.
“Yo era empleado de una empresa minera, y por la persecución me despidieron, antes de ese hecho, yo era una persona trabajadora”.
Veo que no hay justicia hasta el momento, pero hay que seguir luchando, es así que en ningún momento hemos pensado en conciliar, por que nos destruyeron todo, y gracias a Dios estamos vivos y seguimos buscando justicia por el apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, detalló Ovidio.
En este caso, el director del Mecanismo Nacional de Protección para defensores de derechos humanos, envió una nota afirmando que Ovidio era defensor de DDHH y como tal, estaba cerca del lugar del incendio, pero, aún así, fue enviado a prisión.
Finalmente, Karol Cárdenas solicitó al juez que interponga sus buenos oficios para que les notifique con tiempo la fecha de audiencia que fijará el juicio oral y público, y que no se corra el riesgo de viajar casi 225 kilómetros desde Tegucigalpa, sin ser notificadas de cambios hechos por el Ministerio Público.
El Comité por la liberación de los presos políticos en Honduras, registra más de 174 criminalizados y presos por manifestarse contra la dictadura desde el 26 de noviembre del 2017, cuando Hernández se apoderó de la presidencia mediante un fraude electoral.
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