Foto: Giorgio Trucchi | Rel UITA
Durante la última década, Honduras se ha enfrentado a una de las peores crisis de derechos humanos en su historia reciente. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) ha desempeñado un papel muy importante en el monitoreo y divulgación de la situación de los derechos fundamentales en el país.
Abrir una Oficina del Alto Comisionado en Honduras ha sido una exigencia de las organizaciones sociales después del golpe de Estado de 2009. Su constitución fue todo un logro de esos movimientos.
Ante la decisión inesperada de trasladar a la actual Representante residente, María Soledad Pazo, tan sólo dos meses después de la salida de su Adjunta, la señora Silvia Lavagnoli, el secretario Regional de la UITA envió una carta a la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, para mostrar su preocupación.
“Nos preocupa sobremanera que estos cambios se estén dando en un momento muy delicado y en el marco de una coyuntura social sumamente difícil para Honduras”, señala en su carta.
El mes pasado, la OACNUDH presentó un informe sobre la grave crisis post electoral de 2017.
En el informe se evidencia la relación estructural que existe entre esta crisis y el golpe de 2009, la militarización de la seguridad pública, la impunidad y los ataques sistemáticos contra “quienes defienden los derechos humanos y manifiestan su rechazo a la violencia y la corrupción”.
Una represión -advierte la Rel UITA– que no ha bajado en intensidad y que hunde a Honduras en una situación de grave deterioro de la institucionalidad democrática.
Situación que hasta podría agravarse luego de la decisión del gobierno de no renovar el mandato de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic).
“El trabajo realizado por la OACNUDH en estos años bajo la dirección de la Sra. Pazo ha sido fundamental, tanto por su profesionalismo como por el compromiso en los momentos más difíciles que ha vivido el país.
Nuestra organización no tiene la menor duda de la importancia de que su Oficina en Honduras conserve su actual estructura, máxime en vísperas de un nuevo proceso político-electoral que tiene lugar sin que se hayan abordado, ni mucho menos resuelto, los problemas que llevaron a la dramática crisis de 2017”, señala Gerardo Iglesias.
Ante esta situación, el secretario Regional de la UITA consideró que “cambios repentinos e improvisados, como el traslado de la titular de la Oficina, generarían retrocesos en las ya tibias políticas de derechos humanos implementadas por el actual gobierno”, al tiempo que dejarían a defensores, defensoras y a la población en general “en una situación peor de la que ya padecen”.
Finalmente, Iglesias solicitó a la Alta Comisionada, reconsiderar la decisión de trasladar a la Sra. Pazo y “fortalecer aún más su capacidad de hacer frente a los desafíos que impone la grave coyuntura actual”.
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