Por Marc Allas
Organizaciones de sociedad civil con un alto nivel de credibilidad en el país, como son el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) y el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO), plantearon recientemente sobre la urgente necesidad de que el estado de Honduras firme y ratifique el Acuerdo de Escazú, como un mecanismo que regule el acceso a la información y que frene la ambición desmedida mostrada por las empresas extractivas, que devoran los recursos naturales del país, en menoscabo del nivel de vida de las poblaciones afectadas.
El Acuerdo de Escazú que se concretó el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, es considerado un pacto regional sobre al acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
Es el primer Acuerdo en el mundo en contener disposiciones específicas respecto a los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, razón por la que distintas organizaciones sociales exigen que las naciones se adhieran.
El Acuerdo establece la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia medioambiental, situación que en Honduras no se ha presentado, considerando que después del golpe de estado de 2009, la política asumida por los posteriores regímenes, ha excluido la opinión y participación de poblaciones y comunidades indígenas, que viven y protegen recursos naturales como el agua y los bosques.
En un reciente foro organizado por el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) y El Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (Idamho) se instó al estado de Honduras a la firma y ratificación del tratado que se encuentra abierto para su adhesión, desde el 27 de septiembre de 2018, pero cuyo plazo se cierra el 27 de septiembre de 2020.
En la actualidad, 21 países de América Latina han firmado el tratado, de los cuales solo 6 naciones lo han ratificado y se necesita que 11 estados ratifiquen el acuerdo para que pueda entrar en vigencia.
El Acuerdo permitiría el acceso a la información de todos los proyectos que en materia ambiental estén registrados en la Secretaría del Ambiente (MIAMBIENTE). Esa posibilidad se ve truncada en la actualidad, debido a la vigencia del decreto 1402-2018, aprobado por el régimen de Juan Orlando Hernández, conocido como Ley de Secretos que impide tener acceso a información.
De hecho MiAmbiente ha declarado en reserva casi toda la información relacionada a explotación mineras y de generación de energía en sus diferentes modalidades.
Información proporcionada por el FOSDEH indica que existen en el país 894 licencias ambientales. Los trámites de dichos proyectos se desarrollan en secretividad y muchos de ellos no cuentan con la aprobación de las comunidades afectadas. De hecho la explotación minera y de hidroeléctricas; han generado una gran conflictividad en el país.
Entre 2017 y 2018, los ingresos por las actividades realizadas en extracción de minerales y canteras, representaron para el Producto Interno Bruto (PIB) del país, unos 3 mil 200 millones de lempiras. En 2019 los ingresos disminuyeron, por el retiro de inversiones extranjeras, según datos proporcionados por el FOSDEH.
La pregunta obligada sería: ¿Cuántos millones de los obtenidos por las empresas extractivas, llegaron a las comunidades impactadas por éstas actividades que afectan el medio ambiente?. La respuesta es que los costos son muy altos y los beneficios no se ven por ningún lado.
El Acuerdo de Escazú, negociado bajo el liderazgo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), no solo garantiza una buena gobernanza ambiental y de derechos humanos, incluidos los derechos del acceso a la información, de participar en el proceso de toma de decisiones, así como para buscar reparación, sino que también es un catalizador para la protección ambiental y le desarrollo sustentable.
El objetivo principal es el proteger el derecho a vivir en un entorno saludable, pero también pretende abordar desafíos más apremiantes para la humanidad, como el cambio climático, el declive de la diversidad biológica, la degradación de los suelos, la contaminación del aire y del agua, los desastres naturales y el agotamiento y uso insostenible de los recursos naturales.
Representantes del FOSDEH demandaron a los poderes Ejecutivo y Legislativo, adherirse al Acuerdo de Escazú, para que dicho mecanismo pueda contribuir a solucionar la conflictividad que existe entre las empresas que explotan los bienes comunes de la naturaleza y las comunidades.
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