Por Marc Allas
La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, le dijo a www.defensoresenlinea.com que toda medida de restricción de derechos, en este caso para la contención del coronavirus en Honduras, debe obedecer a los principios de proporcionalidad, legalidad, necesidad y legitimidad.
“Las medidas tomadas por el régimen, a nuestro juicio, son desproporcionadas y arbitrarias. La pandemia no justifica la restricción o la suspensión de derechos como por ejemplo el tema de libertad de expresión, el tema de la inviolabilidad de la persona humana y la morada”, sostuvo Oliva..
No se justifica por ejemplo el tema de la propiedad privada. Esas son medidas que están aprovechando con intenciones, no sabemos cuáles son, pero sí nos podemos imaginar.
Y nosotras en ese sentido quisiéramos pedirle a organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que le aclare a la dictadura de Honduras, que las medidas no están acordes con las que se necesitan para enfrentar una pandemia de esta naturaleza; que no son éstas, tampoco militarizar la sociedad hondureña, ni mucho menos que sean los militares, los que tomen el control de la salud pública.
El régimen de Juan Orlando Hernández mediante decreto ejecutivo dispuso desde el domingo 15 de marzo aplicar toques de queda en todo el territorio nacional y toque de queda “absoluto” para las ciudades del Distrito Central, Choluteca, San Pedro Sula y La Ceiba.
Las medidas de restricción abarcan la libertad de locomoción, de expresión, de la inviolabilidad del domicilio y de la propiedad privada. Las disposiciones han estado siendo divulgadas a través de cadenas de radio y televisión y han sido tan confusas, que incluso propietarios de gasolineras y de super- mercados, no sabían si podían abrir sus negocios el día martes 17 de marzo. Al final optaron por cerrar sus establecimientos.
Por otro lado, colonias como El carrizal y La Lincoln en el Distrito Central, permanecen bajo cerco epidemiológico, y según denuncias de los pobladores, los militares y los policías, no los dejan comprar en las pulperías y bodegas los productores de primera necesidad.
¿Pero que hay detrás de esta crisis provocada por la expansión del coronavirus a nivel mundial?, ¿qué acciones que el pueblo desconoce, estaría fraguando el régimen bajo el pretexto de atención a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus?
La Coordinadora del COFADEH, Bertha Oliva expresó que “nosotras tenemos la libertad y el derecho a suponer y a pensar, porque independientemente de la pandemia, que nos tiene altamente alertadas y preocupadas; ese derecho lo tenemos. Hay varias cosas que Juan Orlando puede aprovechar en medio de la crisis”.
Una, la aprobación de los tantos y tantos millones de lempiras que se le han dado, que podría ser alarmar a la población, para que, por pequeña que sea la acción y la medida que tome, la miren como buena y como que genera gastos, es como una justificación para el proceso en algún momento de rendición de cuentas; siempre aprovechándose del terror colectivo que ha generado.
Lo otro que podría estar haciendo, es que estas acciones le sirvan desde ahorita para la campaña política, para tratar de tener el puente construido y listo; para un tercer período, para ir consolidando su dictadura.
Y la otra cosa que a nuestro juicio podría ser, es borrar algún tipo de evidencias que aún hay y que existen sobre el caso que se ventila en New York, relacionado a su hermano. También el involucramiento que pueda tener con otras personas llevadas a la justicia en la corte neoyorquina. Es borrar evidencias, borrar pruebas pero a lo interno levantar un perfil.
“Es inaceptable e inaudito que las farmacias y supermercados estén cerrados en momentos de crisis”
En el fondo no ha hecho nada por el pueblo, porque hasta ahora lo que hemos visto son cosas que han violentado los derechos humanos, señaló la destacada defensora de derechos humanos hondureña.
Oliva indicó que “por ejemplo, me parece inaceptable e inaudito, que las farmacias estén cerradas en un momento de crisis, es inaudito que los supermercados hayan estado cerrados el martes 17 de marzo, así como la venta de comestibles, cuando éste es un pueblo que vive el día a día, es decir: Coyol quebrado, coyol comido, como lo expresa una frase popular”.
Finalmente, Bertha Oliva, se refirió al caso de Aleyda Huete, integrante del movimiento social de Choluteca, conocido como Bastión del Sur.
Aleyada fue capturada por la policía el martes 17 de marzo en horas de la mañana en Choluteca, en medio de un toque de queda absoluto dictado por el régimen para la ciudad de Choluteca. Aleyda es acusada por la posesión de un arma casera (delito desestimado) y por la posesión de material explosivo (de uso comercial).
En audiencia indagatoria, un tribunal de Choluteca le otorgó medidas sustitutivas a la prisión, así como presentarse a firmar el Libro de Registro del Tribunal, los martes de cada semana, no salir del país y abstenerse de participar en movilizaciones.
“En el caso de Aleyda Huete, es un caso para ejemplarizar la intención de las medidas restrictivas, para darle vida y vigencia a los altos niveles de militarización”, afirmó Oliva.
Y añadió que la pandemia de coronavirus no se combate con militares en las calles armados y uniformados, violando derechos humanos. La pandemia se combate con médicos con todo su equipamiento, para intervenir en los lugares críticos.
Las emergencias vistas militarmente, solo tienen resultados como el que tuvimos hoy con Aleyda Huete. Y Aleyda no sólo está estigmatizada por los medios locales de Choluteca, sino que está hoy día, criminalizada por el sistema de justicia en nuestro país que ha prestado oídos y que ha considerado que Aleyda puede ser una terrorista. Los cargos que se le imputan son de una persona que se configura como una mujer presa o perseguida políticamente, explicó.
“Nosotras consideramos que esa es una muestra clarísima, no se habían cumplido ni siquiera 24 horas de la implementación de la medida arbitraria, ilegal e inconstitucional y violatoria a todos los principios; cuando ya tenían a la orden de los tribunales a Aleyda Huete”, detalló Bertha Oliva.
Oliva agregó que esto se da cuando hay poca posibilidad de actuar de sus abogados, en este caso, nosotras íbamos a asumir su representación legal, estábamos haciendo el estudio para presentarla ante los tribunales y además solicitar al juez, que desestimara la causa. Pero bueno, ese es un caso que no podemos nosotras decir que es un hecho aislado, o que crean que lo consideremos como un hecho aislado.
“Fue un hecho real que se da dentro de la medida de suspensión de las garantías constitucionales e individuales de la población hondureña, y quizás también, como es una medida tan abusiva porque no tiene fin; sólo han lanzado las restricciones a través de un decreto ejecutivo, pero no dice cuándo terminarán. Se imagina lo que eso significa en un país como el nuestro”, finalizó expresando Bertha Oliva al periódico digital www.defensoresenlinea.com.
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