miércoles, 25 de marzo de 2020
La CIDH está al tanto de aplicación de medidas en Honduras que menoscaban derechos de la clase trabajadora
Por Marc Allas
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), preocupado frente a las medidas adoptadas por el régimen de Juan Orlando Hernández para contener la incidencia del coronavirus en Honduras y el impacto de la pandemia en los derechos de la clase trabajadora, envió una carta el 20 de marzo a la Doctora.
En la misiva, la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva le ha solicitado a la Relatora García Muñoz, que le señale al régimen que se mantiene en el poder ilegalmente, que debe garantizar los derechos económicos y sociales de la clase trabajadora que resulte afectada con las medidas de prevención del Covid-19 ó coronavirus.
Que establezca una medida de suministro de víveres, medicamentos y servicios básicos a la población afectada por las medidas restrictivas. Que asegure el suministro de alimentos y medicamentos a las personas que permanecen en condición de aislamiento forzado, y a las que se les ha señalado como virtuales focos de infección de la pandemia.
Como es el caso de una veintena de personas y atletas que se encuentran en el Complejo Deportivo de La Villa Olímpica en Tegucigalpa desde hace una semana, y que han denunciado a través de medios de comunicación, que no cuentan con alimentos y que las condiciones de las instalaciones deportivas, no son apropiadas para el confinamiento y que carecen de servicios básicos como el agua potable.
Pese a los señalamientos expresados por la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, en relación a que el régimen no debió seleccionar el Complejo Deportivo de la Villa Olímpica como sitio de aislamiento, el sábado 21 de marzo, Juan Orlando Hernández en cadena nacional de radio y televisión sostuvo que la medida se mantiene.
Esa medida adoptada, ha llevado a la protesta de centenares de familias que residen en las colonias: Residencial Maya, Villa Olímpica, Monte Verde, Universidad Norte, Centroamericana, Villa Universitaria y Las Brisas, entre otras.
“El Complejo Deportivo Villa Olímpica no fue construido con las condiciones sanitarias adecuadas para albergar personas con enfermedades virales de alta transmisión, que puedan causar el contagio de toda una comunidad. La tubería de las aguas negras del Complejo, desemboca directamente a la quebrada, lo que significaría un foco de contaminación para buena parte de la capital y a sólo 50 metros del complejo se encuentra un asilo de ancianos, lo que implicaría poner en riesgo a los más vulnerables”, señala la misiva.
Otros casos similares son los que tienen que ver con el cerco epidemiológico aplicado en las colonias Lincoln y La Joya de Tegucigalpa, donde centenares de familias no pueden salir de sus hogares para proveerse de alimentos.
La carta demanda que el régimen se abstenga de aplicar medidas o tolerar medidas regresivas tanto del régimen como de la empresa privada, que pongan en menoscabo, los derechos económicos y sociales.
Hasta el momento se han presentado incidencias tales como la suspensión de trabajos por las medidas de excepción, que trae repercusiones graves para el sustento de los trabajadores, trabajadoras y sus familias.
El desempleo va en incremento, empresas turísticas han cerrado y han despedido a su personal hasta por 120 días sin percibir sus salarios para sobrevivir a la crisis. A otros trabajadores y trabajadoras se les obligó a tomar vacaciones, de tal manera que las medidas impuestas, han agudizado los desequilibrios económicos y sociales, con el resultado que se multiplicará la pobreza en Honduras.
“Los trabajadores del transporte público de personas han denunciado que se les habían decomisado sus unidades, que es su medio de ingreso, este tipo de trabajador no tiene un salario, vive de las ganancias diarias”, sostiene el COFADEH.
“Las medidas chocan con la realidad de una economía precaria e informal, al mismo tiempo que hay otra clase de trabajadores afectados como los de la industria de la bebida y similares, que están reivindicando el derecho a dejar de trabajar para protegerse, porque no se les están garantizado medidas de prevención de la pandemia ni la forma de trasladarse a sus centros de trabajo, porque el transporte público ha sido clausurado”, afirma la carta..
También se encuentran en riesgo los cajeros y personal que repone productos en los supermercados y farmacias que deben continuar trabajando aun sin medidas eficaces para su desempeño y los trabajadores de entregas a domicilios.
El COFADEH ha solicitado a la Relatora Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de Naciones Unidas, Soledad García Munóz que inste al régimen a que establezca medidas eficaces y transparentes que mitiguen el impacto de las medidas de prevención de la pandemia.
Ver carta: Comunicación a Relatora DESCA marzo 2020
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