Por Marc Allas
En medio de emergencia provocada por el coronavirus a nivel mundial y su impacto en Honduras, la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, envío una carta al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, en donde denuncia al régimen de Juan Orlando Hernández, por la suspensión de garantías constitucionales, que afectan la libertad de expresión y el acceso a la información.
En la misiva, Bertha Oliva señala que el decreto ejecutivo PCM-021-2020 y que contiene la suspensión por espacio de 7 días ( y que seguramente se prolongarán por más tiempo) de los derechos constitucionales de la ciudadanía, entre ellos la libertad de expresión, de asociación, de locomoción, de inviolabilidad de la integridad física y del domicilio, así como de la propiedad privada, entre otros, son arbitrarios y desproporcionales.
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Para la reconocida defensora de derechos humanos el decreto que suspende derechos constitucionales no cumple con los requisitos de necesidad, idoneidad, legitimidad y proporcionalidad, teniendo en cuenta la importancia de la libertad de expresión en tiempos de normalidad democrática y, sobre todo, en tiempos de crisis como la que plantea el actual contexto.
El decreto, a la fecha de esta comunicación, no ha sido publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”. Tampoco ha sido sometido al Congreso Nacional para su conocimiento, para que lo ratifique, modifique o impruebe, como lo establece el artículo 187, inciso cuatro de la Constitución de la República. Ni se ha cumplido con las obligaciones del Artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Respecto al artículo 27 de la CADH, la Comisión ha interpretado “…que todos los derechos deben ser respetados y garantizados a menos que circunstancias muy especiales justifiquen la suspensión de algunos, en tanto que otros, nunca pueden ser suspendidos por grave que sea la emergencia..”
Por otra parte, y a criterio del COFADEH, el decreto restringe la libertad de expresión sin justificación alguna. El régimen no ha explicado sobre las causantes para la suspensión de este derecho que en el contexto de la emergencia, es de suma importancia y tampoco ha considerado otras normativas internas que garantizan la libertad de expresión, entre éstas la Ley de Emisión del Pensamiento que en su artículo cuatro establece: “Durante el periodo de estado de sitio, ningún periodista activo, será objeto de extrañamiento ni sufrirá persecución alguna por sus opiniones”.
El Comité ha recibido denuncias sobre obstáculos que enfrentan los periodistas para tener acceso a información o para cubrir información tanto de la pandemia, como de otros hechos de importancia para la sociedad, desplazados por la información oficial de pánico.
Al respecto, el comité registró la denuncia del periodista Gustavo Blanco de radio Globo, quien denunció el 17 de marzo, que en dos retenes policiales, le impedían su derecho a dirigirse a su medio de comunicación. Los agentes estatales desconocían totalmente el alcance del decreto de PCM021-2020.
Libertad de expresión
Por otra parte, Gabriel Rubí, representante del Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER), declaró a medios radiales que solicitará a la secretaría de Salud y a la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), poner en cuarentena a un grupo de periodistas que dio cobertura en una zona sospechosa de contagio por COVID-19 en la ciudad de Comayagüela, Distrito Central.
“Durante los estados de excepción reina un clima de zozobra e incertidumbre, donde no prevalece una efectiva libertad de expresión y por tanto de información. Es indudable que en el curso de estas situaciones de emergencia se presentan abusos por parte de los gobernantes al imponer limitaciones a la libertad de expresión e información”, planteó el COFADEH.
“La comunidad hondureña afectada no tiene acceso a una información clara, accesible, oportuna y significativa sobre la naturaleza y el grado de amenaza para la salud. El Gobierno ha saturado a la población con cadenas de radio y televisión, la información que transmite es de terror y de restricciones de derechos. La suspensión de Garantías fue sorpresiva y no permitió que la población tomara sus medidas de seguridad y abastecimiento de víveres, agua y medicamentos”.
Por otra parte la carta dirigida al Relator Especial sobre Libertad de Expresión señala con preocupación que la información emanada desde el Gobierno en medio de la crisis del coronavirus no ha sido clara sobre las restricciones a la circulación y medidas impuestas en el país, incluso los discursos de diversos funcionarios se contradijeron entre sí el día martes 17 de marzo.
Durante los estados de excepción reina un clima de zozobra e incertidumbre, donde no prevalece una efectiva libertad de expresión y por tanto de información. Es indudable que en el curso de estas situaciones de emergencia se presentan abusos por parte de los gobernantes al imponer limitaciones a la libertad de expresión e información.
Como ejemplo del silencio que se impone en las regiones, resalta el caso del defensor de derechos ambientales Marlon Calles, que también se desempeña como Regidor de la Corporación Municipal de Márcala, en el Departamento de La Paz.
El 19 de marzo, Calles fue citado por el Juez de Policía para prohibirle que critique las acciones que está desarrollando el Gobierno y el Comité de Emergencia Municipal (CODEM) de esa municipalidad.
Marlon ha denunciado que las medidas tomadas en ese municipio para prevenir la propagación del coronavirus son insuficientes para garantizar la salud pública.
El COFADEH demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mantener el monitoreo sobre las medidas adoptadas en la crisis, señalar y recomendar al Estado de Honduras sobre sus obligaciones internacionales de garantizar la libertad de expresión.
“Recordarle que cualesquier medida debe tener los derechos humanos como límite y el acceso a información transparente y confiable, porque de no garantizarse, se corre el riesgo de que menoscaben el derecho a acceder a información sobre la salud, y ponen en peligro la eficacia de la respuesta en materia de salud pública en la crisis de la pandemia COVID-19”.
Y por último el COFADEH solicitó a la CIDH, recordarle al Estado que las medidas restrictivas a los derechos humanos cumplan con los estándares de proporcionalidad, necesidad, temporalidad, valoración y supervisión constante y garantía de derechos.
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