Por Gissel Grandez
Las comunidades indígenas lencas buscan que el Estado hondureño “sentó un precedente” histórico en el país, luego que la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, presentó un requerimiento fiscal en contra de la presidenta de la Asociación de Energía Renovable de Honduras (AHER), Elsia Esther Paz Mancias, acusada de discriminar públicamente en medios de comunicación al pueblo indígena Lenca y las organizaciones que defienden el territorio, sus recursos naturales y ancestrales.
El requerimiento indica que a Paz Mancias se le supone responsable del delito de discriminación en perjuicio de líderes del pueblo indígena Lenca.
“Yo viví en La Esperanza, Intibucá y cuando usted no come los tres tiempos de comida, lo vimos con nuestra gente en Santa Anita, Lepateriuqe, Azacualpa, Yamaranguila y los cerros, no piensan bien por sí solos, hay gente que sale en la televisión que son buenos para los discursos y los manipulan, esa es la amenaza que presentamos como proyectos de desarrollo en estas zonas remotas”, ofendió Elsia Paz, en un debate televisivo a los líderes indígenas.
El hecho ocurrió el 6 de febrero de 2019 en el debate “Las Hidroeléctricas en Honduras”, donde trató con frases peyorativas, discriminatorias y que atenta contra la igualdad y la dignidad del pueblo Lenca, por lo tanto fue acusada por el delito de discriminación en perjuicio de la comunidad indígena, sostuvo el portavoz del MP, Carlos Morazán.
Prepotente y denigrante
En el Requerimiento Fiscal presentado, la Fiscalía de Etnias señaló como prepotente a la presidenta del AHER y el hecho de considerarse superior frente a los indígenas al resaltar la condición de pobreza en que viven.
En repetidas ocasiones, la presidenta del AHER siguió denigrando con frases como: “me acuerdo de una vez que quise contratar a un sociólogo para un proyecto en Yamranguila y me dijo, no puedo aceptar Elsia, porque ahí hay Copinhes, como diciendo ahí hay mareros”, difamó en otro debate sobre el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca.
La hidroeléctrica estaba siendo construida en el “Gualcarque”, río ancestral de las y los Lencas en el departamento de Intibucá, que costó la vida de varios líderes y lideresas, entre ellos Berta Cáceres, la fundadora y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), asesinada el 02 de marzo de 2016.
Copinh exige juicio y castigo para los autores materiales del crimen contra Berta
De igual forma, las organizaciones indígenas que defienden sus territorios han denunciado en muchas ocasiones que los proyectos de generación de energía o de “desarrollo” destruyen el medio ambiente y son impuestos a la fuerza sin respetar el derecho a la consulta, previa, libre e informada, que van dejando violencia y división en las comunidades, ejemplo de ello en las comunidades Lenca de Reitoca, Francisco Morazán y Santa Elena, La Paz.
Nadie debe violentar el derecho indígena
“Desde el Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz (MILPAH) estamos por una parte interesados que se le dé seguimiento a la denuncia, pero también el gobierno lo que está haciendo es un manifiesto publico donde lo único que va haber es un escándalo y la justicia no va existir, sin embargo para nosotros es importantes que se siga el procedimiento para así sentar precedentes, que nadie debe discriminar ni violentar el derecho indígena”, sostuvo el subcordinador, Martín Gómez Vásquez.
Además, manifestó que el requerimiento contra Paz Mancía, evidenciará a nivel público nacional e internacional “la mala actitud de la señora que tiene intereses políticos y económicos y a los pueblos nos trata como inferiores y discapacitados, que no pueden hacer nada, y en los videos se puede ver como nos trata de hambrientos y que por eso no pueden tomar decisiones, eso no es cierto, aunque si existe la pobreza, nosotros nos alimentamos de acuerdo a nuestras posibilidades”, explicó el defensor de los bienes comunes de la naturaleza.
En audiencia de declaración de imputados se le impusieron por parte de un juez penal medidas cautelares y se espera que el 21 de febrero la imputada Paz Mancía se presente a la audiencia inicial.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita in loco en agosto del 2018, recordó que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para asegurar la igualdad real entre las personas y combatir la discriminación histórica ejercida en contra de grupos en situación de vulnerabilidad
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