Tras que el pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declara una “emergencia de salud pública de importancia internacional” tras el avance de infección por coronavirus, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, CIPRODEH, informa que se mantiene en constante monitoreo de las medidas implementadas por el gobierno de Honduras.
“En este sentido, el CIPRODEH toma nota, que el 12 de marzo de 2020, el gobierno de Honduras registró un brote de coronavirus en el territorio nacional, confirmando 9 casos hasta la fecha. Es por esto que el CIPRODEH reconoce la necesidad de que el Gobierno adopte una serie de medidas de prevención, contención y mitigación para retrasar la llegada del virus a los departamentos que aún no reportan casos sospechosos, reducir la expansión del virus y reducir el impacto de la pandemia”, señala la ONG en un comunicado.
Señaló que entre las medidas que el gobierno ha tomado está el decreto Estado de Emergencia Sanitaria, PCM No. 005-2020, decreto de estado de excepción con suspensión de Garantías Constitucionales, PCM-021-2020, en cuatro departamentos del país, así como la prohibición de desarrollar ciertas actividades; además, el Congreso Nacional aprobó una Ley Especial mediante la cual se destinarán $ 420 millones (el equivalente 10,353 millones de lempiras) para la construcción de 95 centros hospitalarios, abastecimiento de medicamentos y contratación de personal del área de la salud.
“En este contexto, el CIPRODEH saluda que la respuesta del Estado ha pasado de la preparación a la acción; no obstante, el CIPRODEH ha recibido denuncias que levanta las alarmas de las y los defensores de derechos humanos, particularmente aquella información relativa al incumplimiento de los deberes del Estado”, señala el comunicado.
CIPRODEH señaló que recibió información de que algunas personas que refirieron tener contacto con un caso confirmado de COVID-19, solicitaron oportunamente atención médica, pero -según la información recibida- las autoridades no adoptaron las medidas sanitarias correspondientes. Sobre este punto, el CIPRODEH recuerda al Estado de Honduras que tiene el deber de asegurar que todos los servicios, bienes e instalaciones sanitarias deben estar disponibles, deben ser accesibles, aceptables y de buena calidad.
Por otro lado, el CIPRODEH ve con preocupación las denuncias del personal médico y de la salud sobre la falta de suministro de insumos y equipo de bioseguridad para que puedan desempeñar su trabajo con calidad y calidez y los obstáculos que las autoridades policiales y militares han puesto para que puedan movilizarse a sus centros de trabajo y a sus viviendas.
Para el CIPRODEH, el Estado, al tomar una medida como la del aislamiento en la Colonia Lincoln, en Comayagüela, cuyas salidas han sido bloqueadas por autoridades de la policía Nacional y Agentes Militares, está obligado a garantizar que los habitantes de dicha colonia tengan acceso a agua potable y gocen de condiciones sanitarias adecuadas, tomen medidas para asegurar que accedan a alimentos aptos para el consumo y gocen de condiciones de vivienda adecuadas y disfruten de un medio ambiente salubre.
“Finalmente, el CIPRODEH no manifiesta oposición a la adopción de medidas extremas como la declaratoria de “estados de excepción” para prevenir, contener y mitigar la propagación del COVID-19; sin embargo, el CIPRODEH resalta que los estándares internacionales de derechos humanos pre establecen que los estados de excepción deben seguir los criterios de excepcionalidad, proporcionalidad, legalidad y necesidad y deben limitar su duración a la exigencia de la situación de emergencia, señala el comunicado.
La ONG llamó al Estado de Honduras a adoptar un enfoque de derechos humanos en la planificación y adopción de las medidas en el marco de la emergencia sanitaria que atraviesa el país y llama a la ciudadanía a acatar reflexivamente las medidas destinadas a prevenir, contener y/o mitigar el impacto del COVID-19 en el país y la región.
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