Edificio de la alcaldía de La Ceiba, Atlántida.
Recientemente el Tribunal Superior de Cuenta (TSC) presentó los resultados de una auditoría realizada en la municipalidad de La Ceiba, Atlántida, encontrando responsabilidad por 35.6 millones de lempiras, en el periodo del 01 de enero de 2010 al 31 de mayo de 2014.
En su auditoría, el TSC encontró siete hallazgos en la municipalidad de La Ceiba, constitutivos de responsabilidad civil que ocasionaron un daño al patrimonio del Estado por la suma de 35 millones 633 mil 714 lempiras con 37 centavos.
El Tribunal constató que la administración municipal emitió cheques que suman un total de 15 millones 020 mil, 372 lempiras con 75 centavos, sin tener disponibilidad económica, ocasionando gastos financieros por sobregiro bancario.
Además, se comprobó que la administración municipal dejó prescribir impuestos por 7 millones 246 mil 424 lempiras con 98 centavos, evidenciando falta de gestión administrativa al no efectuar los cobros correspondientes.
La auditoría ratifica las denuncias que la ciudadanía y las organizaciones sociales vienen denunciando desde hace varios años. La Ceiba la corrupción opera tranquilamente, frente a la pasividad de las instituciones encargadas de deducir responsabilidad a quienes desfalcan las arcas municipales.
El representante de la Comisión Municipal de Transparencia, Osman Suazo dice que el informe presentado por el Tribunal de Cuentas debió haberse publicado el año 2015, un año después de haber sido practicada, sin embargo, por el poder que tienen algunos políticos en el municipio fue hasta este año que se reveló.
“En ese tiempo no había divorcio entre el ex alcalde Carlos Aguilar y el diputado Rodolfo Irías Navas. Venían las elecciones del 2017 y como el informe es revelador y podría haber significado un serio peligro para ambos funcionarios público que ostentaban la reelección, decidieron engavetarlo”, explica.
Osman Suazo también detalló a Radio Progreso que actualmente se realiza una segunda auditoría forense al periodo 2014-2019, que comprende una parte de la segunda administración de Carlos Aguilar y la primera parte del actual alcalde Jerry Sabio. La misma podría revelar mayores actos de corrupción, en una de las municipalidades más endeudadas del país.
“En los últimos diez años, de un presupuesto aproximado de cuatro mil millones de lempiras, gran parte ha ido a parar a pequeñas élites dentro del municipio que no le permite a la ciudad avanzar a paso firme”, señaló Suazo.
La situación de la comuna ceibeña, es sinónimo de la crisis que atraviesan otras municipalidades del país. La corrupción se ha hecho parte de la cotidianidad.
A criterio del ex fiscal de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), José Jorge Aguilar, los funcionarios en gran parte de las municipalidades se blindan para que sus actuaciones no sean investigadas.
Eso lo logran a través de las Comisiones Ciudadanas de Transparencia que, en la mayor parte de los casos, son a conveniencia de los alcaldes, lo que aísla la posibilidad de transparentar los procesos.
“Las decisiones son políticas y los funcionarios tienen miedo de tomar decisiones que van a afectar a personas que buscan continuar en el poder. Por lo que deciden pasar por alto cualquier caso de corrupción”, señala.
La falta de transparencia y la incapacidad administrativa son los factores principales que mantienen cerca del colapso financiero a varias municipalidades en el país.
Las municipalidades están obligadas a garantizar transparencia y eficiencia en la ejecución de todos los fondos recaudados por las transferencias de gobierno central y por las recaudaciones propias, sin embargo, en muchas ocasiones esos fondos sirven como “vaquita lechera” para enriquecer a funcionarios municipales y a sus colegas de partido.
En el país, al menos 32 alcaldías han sido señalas de actos de corrupción. Solo en el 2017, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), entregó al Ministerio Público al menos 15 casos en los que se involucran a corporaciones o alcaldes. Según datos de la Asociación de Municipios de Honduras, (AMHON) 40 alcaldes y ex alcaldes enfrentan procesos penales, muchos de ellos señalados de actos de corrupción.
En febrero, el CNA presentó un informe en el que revela una red de corrupción compuesta por 25 alcaldes y ex alcaldes y 24 tesoreros y ex tesorero municipales, por el supuesto delito de malversación de caudales públicos por cambio de destino y violación de los derechos de los funcionarios al haber desviado más de 33.5 millones del bolsillo de sus trabajadores.
El modo de operar de estas corporaciones identificadas en el periodo 2010-2020 consiste en cobrar y no trasladar la cuota de aportaciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social de sus operarios que en muchos de los casos fueron utilizados en gasto corriente, impacto que ha significado una afrenta al acceso que por derecho tienen a la cobertura social al menos 796 afiliados y sus familias.
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