Es cotidiano encontrar militares en cualquier rincón del país. Encontramos militares en las calles céntricas de las principales ciudades, en las gasolineras, en las entradas a las ciudades y pueblos; encontramos militares en las carreteras que comunican el sur, el oriente, occidente y el norte hondureño.
Vivimos frente a un escenario donde los militares tienen una presencia destacable en el espacio público y en las instituciones públicas. Militares controlan instituciones vinculadas a la telecomunicación, militares en la Secretaría de seguridad y en la Secretaria de defensa. También son los militares la respuesta ante la demanda ciudadana. Cuando un grupo de empleados públicos protestan aparecen los militares como principal respuesta; si los médicos se van a paro o no hay medicamento en los hospitales mandan militares, si los maestros no dan clases mandan militares. En resumen, ante cualquier reclamo ciudadano se responde con militares.
La militarización en el país no es nueva. Pero en la década de los noventa del siglo pasado parece que quedaron en barbecho. Pero en los últimos años su presencia es cada vez más masiva. A partir de junio de 2009 salieron de los cuarteles como en tropel sin visa de retorno. Y hoy la militarización se ha convertido en una plaga. Y con el gobierno actual se ha logrado la mejor de las amalgamas: la policía militar. Con la tasa de seguridad el proyecto en torno a Don Juan Orlando Hernández se convierte en un autoritarismo personal pagado por toda la sociedad.
Las élites políticas y empresariales no se sienten a gusto gobernar sin la fuerza de los militares. Tienen miedo de perder tanta riqueza acumulada gracias a los negocios oscuros con el presupuesto nacional y bienes naturales del país. Su miedo a perder esas ganancias ilimitadas ha llevado a hacer del gobierno un nudo de protección de la gente más rica y los políticos en torno a un proyecto militarista.
En la actualidad la militarización tiene tres expresiones bien marcadas. Primera, la presencia masiva en el espacio público, como si estuviéramos preparándonos para ir a la guerra. Segunda, la presencia militar en las instituciones públicas, en los controles migratorios y el control de las ondas radiales y televisivas. Y la tercera expresión y la más peligrosa, es la imposición del pensamiento militar desde el gobierno. En la lógica militar no se discute, no se consulta una decisión, se obedece y punto. Un “Sí señor” es la respuesta que hay de cualquier institución ante una solicitud o una llamada de casa presidencial.
Estamos frente a un Estado que se administra desde la lógica militar. Un gobierno que se sostiene sobre la fuerza. Un gobierno que roba, que miente, que mata, y todo desde la fuerza. Por tanto, en este escenario no queda otro camino que hacer uso del derecho ciudadano a la desobediencia civil organizada y pacífica, que conduzca a frustrar el proyecto autoritario como condición de posibilidad para avanzar a una Asamblea Nacional Constituyente y elaborar un nuevo contrato social entre la sociedad y el Estado.
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