Con indignación y gran preocupación Amnistía Internacional recibió la noticia del asesinato de la Jueza Mireya Efigenia Mendoza Peña. Este es el tercer asesinato de una persona líder y comprometida con los derechos humanos en Honduras, del que Amnistía Internacional tiene noticia en tan sólo dos semanas.
Mireya Efigenia Mendoza Peña, de 42 años de edad, fue asesinada a mediodía del miércoles 24 de julio en El Progreso, departamento de Yoro. Hombres armados en motocicleta, realizaron alrededor de 20 disparos contra ella, varios de ellos a su cabeza, cuando se encontraba al volante de su vehículo. Mireya Efigenia Mendoza Peña, jueza del Tribunal de Sentencia de El Progreso, también era miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y era parte de su junta directiva para el periodo 2012 – 2014. AJD es una organización no gubernamental que trabaja por el fortalecimiento del sistema de justicia en Honduras.
Tan sólo tres días antes del asesinato de Mireya Mendoza, el domingo 21 de julio, fue encontrado el cuerpo sin vida de Herwin Alexis Ramírez Chamorro, de 24 años, también conocido como "Africa Noxema Howell", en la ribera del río López Bonito de La Ceiba, departamento de Atlántida. El cuerpo del transexual y afrohondureño Herwin Alexis presentaba múltiples heridas por arma de fuego y arma blanca. Herwin Alexis era un joven líder y activo en su comunidad que trabajaba voluntariamente con organizaciones de La Ceiba, tales como: Organización Prounión Ceibeña (OPROUCE), que trabaja en prevención del VIH y por los derechos de las personas lesbianas, gays, transgénero e intersexo (LGBTI); y, Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO), que trabaja por el desarrollo integral de las comunidades afro-hondureñas.
Esa misma semana, el 15 de julio a medio día, Tomás García, de 49 años, líder indígena, miembro destacado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y alcalde auxiliar de su comunidad, recibió tres disparos por parte del ejército durante una protesta pacífica en Río Blanco, departamento de Intibucá. Su hijo de 17 años también resultó herido y en este momento está fuera de peligro. Un soldado fue detenido en relación a estos incidentes.
Desde abril, las comunidades indígenas lencas de Río Blanco, se han venido manifestando contra un proyecto hidroeléctrico en las tierras en las que llevan siglos viviendo. Aseguran que no ha habido una consulta previa adecuada. Todas estas comunidades pertenecen al COPINH, organización que trabaja por los derechos de los pueblos indígenas y la protección de los recursos naturales y el territorio.
Amnistía Internacional condena estos asesinatos y hace un llamado a las autoridades hondureñas para que haya una pronta, imparcial y efectiva investigación de cada uno de estos asesinatos, que contemple los posibles móviles detrás de éstos y lleve ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos.
Es urgente proteger a quienes trabajan por la igualdad, la justicia y contra la impunidad en Honduras y para ello es imperativo fortalecer el sistema de justicia en Honduras en un marco de transparencia y respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos.
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