Las acciones de parte del Estado hondureño por cumplir medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte-IHD, siguen siendo escasas, tardías, deficientes y en últimas instancias nulas, tal como lo declaró ese organismo internacional en el año 2010, en Washington, durante una de sus audiencias.
Las medidas cautelares que dicta la Comisión y las medidas provisionales que dispone la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) comparten el objetivo de proteger a las personas de daños irreparables frente situaciones de gravedad y urgencia.
Después del golpe de Estado del 2009, las medidas cautelares a víctimas de violaciones de Derechos Humanos y a defensores de DDHH, pasó del 48 a más de 350 casos, según información de la misma Secretaria de Seguridad, quien es la responsable directa de ejecutar la protección y seguridad de los beneficiarios de esta figura dada por la Corte IDH.
Mientras que en el Ministerio Público sólo hay dos personas para atender más de 160 casos en general.
Este día, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, CIPRODEH, presentó el informe de cumplimiento de las Medidas Cautelares y Provisionales otorgadas por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el que afirma que el Estado mantiene en total indefensión a la población y cada día aumenta la impunidad.
Cabe señalar que se habla de 375 medidas cautelares, pero este número no refleja el total de beneficiarios porque alguna fueron dadas a organizaciones y grupos a nivel nacional, y aun se sigue solicitando medidas a personas en riesgo por su labor en la defensoría de derechos humanos.
Los hallazgos del informe estuvo a cargo de Edgardo Cilindres de CIPRODEH, que explicó que el cumplimiento de medidas cautelares es través de tres mecanismos típicos, patrullaje, escoltas y enlaces telefónicos.
Para saber si estos mecanismos se cumplen o cual es el impacto que provocan, se hizo entrevistas a los beneficiarios de Medidas de Protección, quienes en general manifestaron que el patrullaje es de regular a nulo, de igual forma es el tener escoltas, que además trae consigo un gasto extra de alimentación y hospedaje para los custodios que al menos son cuatro personas (debido a la falta de recursos del Estado), además que pierden la privacidad familiar y laboral.
En cuanto a los enlaces telefónicos, lamentan que los encargados de estar atentos al cumplimento de Medidas Cautelares, no atienden llamadas, no hay monitoreo de sus casos y seguridad y cambian de número de teléfono móvil y no comunican a los beneficiarios.
Otro hallazgo es que falta instrucción por parte de servidores públicos encargados de dar protección a beneficiarios de Medidas Cautelares, quienes confunden el término establecido en el artículo 173 del Código Procesal Penal hondureño , sobre medidas cautelares restrictivas a personas que son acusadas por algún delito penal.
Así que es necesario la impartición de talleres de capacitación a operadores de medidas cautelares, pues ellos deben de conocer términos y acciones para ejecutarlas correctamente, y urge la articulación de acciones orientadas al cumplimiento de las mismas, según las recomendaciones brindadas.
Y también que se debe avanzar en el proceso de depuración policial, pues al final son policías los responsables de brindar protección y seguridad a los beneficiarios de medidas Cautelares otorgadas por la Corte IHD, cuando la vida de una persona o grupo está en eminente riesgo.
“Quiero retomar mi vida”
Gladys Lanza, coordinadora nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, manifestó que como beneficiaria del Medidas Cautelares, cree que estas son para reparar daños, sin embargo ella no es perseguida por el Estado desde ahora, sino desde hace décadas, sin embargo ¿Cómo hacemos esos reparos? Y hablo no sólo de mí, sino de toda la población, porque nos violentado los derechos humanos a todos y todas.
¿Dónde está la justicia aplicada a nuestros desaparecidos de la década de los ochenta? Nos marcaron para toda la vida, la situación pudo ser diferente, pero esa no es la década perdida, sino, la década del dolor permanente que vivimos ahora.
Por lo que, ¿De qué garantías podemos gozar si los violadores son los mismos, con el mismo pensamiento los encargados de cumplirlas?, reflexionó la defensora de derechos de la mujer.
“Si sometiéramos al Estado a un examen, saldría aplazado, porque este informe refleja un total incumplimiento al derecho fundamental de la vida” concluyó, Lanza.
Mientras que la Bertha Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, denunció la doble moral conque actúan los operadores de justicia porque el Estado, declaró ante la Corte IHD, que en la implementación de Medidas Cautelares ha invertido más de 20 millones de lempiras.
Lo que de debería de hacer es investigar las denuncias de violaciones a derechos humanos, para desmontar esa estructura de terror, amenazas a muerte desde teléfonos no solo móviles, sino fijos.
Damos plazos para las investigaciones y no se hace nada, y la denuncia ha sido desaparecida en el Ministerio Público. Con las acciones reciente en la granja penal de Comayagua, están desafiando a las autoridades internacionales y reflejan la total decadencia del Estado, afirmó la defensora de DDHH.
Por su parte Paola Limón, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, quien representa 17 medidas cautelares, coincidió en el incumplimiento de parte del Estado hondureño y la falta de conocimiento de policías y escoltas en cuanto a que significa las medidas cautelares.
Y que es importante se investigue la situación de riesgo que pone en peligro a las personas, pues así se retoma el ritmo normal de vida, por lo que es urgente la aprobación de un mecanismos de protección.
Mientras que Marcela Castañeda, sub secretaria de Seguridad, dijo que de 48 medidas cautelares, en 2009, ha pasado a más de 382, lo que imposibilita dar la atención debida. Por lo que se siente frustrada por no dar los resultados esperados.
Pero no se refirió a como ejecutan o que hacen por cumplir en parte con la medidas de protección, o como se han invertido esos 20 millones de lempiras que dijeron ante la Corte IDH.
Por su parte Rodil Vásquez de la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, se limitó a decir que es necesario un nuevo Estado y que se impulsa el proyecto de Ley de protección a defensores de DDHH (idea inicial del proyecto Espacio de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Honduras, EDEFENDERH, ejecutado por COFADEH, CTPRT Y ACI-PARTICIPA).
Es así que la fiscal de Derechos Humanos Rosa Seaman, afirmó que el Estado no tiene un discurso sobre defensa de DDHH, “soy la encargada de investigación y no tengo ni un investigador a mis disposición.
Se reciben denuncias de amenazas a través de mensajes web, y n o tengo un experto en telecomunicaciones, no hay voluntad de parte de la Secretaría de DDHH, afirmó la Fiscal.
El Estado debe crear un equipo élite para la investigación de esos casos, si gastó más de 20 millones de lempiras en aplicación de medidas cautelares, que invierta dos millones en la investigación, manifestó Seaman.
Se concluyó que en Honduras no hay investigación, sino criminalización para los defensores y defensoras de Derechos Humanos.
En general Honduras carece de un sistema propio para la protección de los derechos humanos de las y los beneficiarios de medidas; simplemente atiende a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos con respuestas aisladas.
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