El Tribunal de Sentencias con jurisdicción nacional sentenciará si declara culpable a los cuatro policías, acusados de la ejecución sumaria de dos universitarios. Los tres jueces analizaron 43 medios de prueba, presentados por la Fiscalía de Derechos Humanos y por el acusador privado, Félix Ávila, para demostrar que los cuatro policías cometieron doble asesinato contra los universitarios y el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
El cierre del juicio oral y público fue el lunes 29 de julio. A las 5:05 de la tarde, los jueces dieron por evacuada toda la prueba, se quedaron unos minutos más deliberando y resolvieron que a las 11 de la mañana de este día darán su fallo. La Fiscalía pidió hasta 60 años de cárcel por doble asesinato y hasta seis por abuso de autoridad.
Durante la mañana y tarde del lunes, el Tribunal escuchó las conclusiones de las partes. Pero, tras el cierre procesal, el debate se prolongó porque los jueces- en un acto de deferencia-dieron espacio para que el fiscal aclarara sobre si encontraron consumo de drogas en la víctima Rafael Alejandro Vargas Castellanos, uno de los universitarios ejecutados, hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Momentos emotivos pasaron las madres durante el juicio
El fiscal entonces pidió disculpas y mencionó que se confundió al decir que el dictamen pericial detectó alcohol y otras drogas en el cadáver de Vargas Castellanos. El momento más emotivo se vivió cerca de las 5:00 de la tarde cuando las madres de los universitarios, la rectora Julieta Castellanos y Aurora Pineda tuvieron la oportunidad de hacerle una petición al Tribunal.
Los peores días de su vida, dice rectora
La primera en tomar la palabra, con la venía del Tribunal, fue Castellanos. La rectora se puso de pie, saludó a todos y expresó: "Sin lugar a dudas, hemos conocido los hechos tal y como se dieron, las pruebas del Ministerio Público son irrefutables, quiero agradecer a los testigos protegidos, probablemente nunca los conozca, mi gratitud imperecedera; fueron claves en desentrañar los hechos".
Castellanos solicitó a la Fiscalía aclarar por qué dijeron que según el dictamen forense, su hijo había consumido sustancias ilegales. "Por otro lado, Aurora y yo somos víctimas del Estado porque nuestros hijos fueron asesinados por elementos investidos de autoridad policial y seríamos doble víctimas si no hay justicia. Vemos que víctimas como mi hijo Rafael Alejandro y Carlos David y todas las víctimas de otros hechos están en estado de indefensión frente al Estado, en lo particular el espíritu que prima en mí es de justicia".
"El último mensaje de mi hijo lo recibí a las 9:30 de noche (del 21 de octubre de 2011), tengo el último mensaje que cruce con mi hijo y no he tenido valor para abrirlo de nuevo, en ese mensaje me decía: madre llego a las 8:00 de la mañana".
Su voz se quebrantó y siguió: “Son los peores días de mi vida, ningún día del futuro va a ser igual a los días previos del 22 de octubre. Muchas gracias". La rectora se sentó y en el silencio de la sala, llena de gente, se escuchó cuando limpió su nariz, mientras sollozaba.
La petición de una madre
Después le tocó el turno a Aurora Pineda, vestida con un traje negro y una camisa beige y dijo: "Es tan difícil estar finalizando hoy este proceso, desde el 22 de octubre (de 2011) hemos estado investigando qué pasó. No tengo dudas. Desde esa fatídica madrugada escuchó los disparos y las patrullas porque vivimos cerca de Repostería El Hogar (Donde ocurrió una parte de los hechos); esa madrugada me desperté al oír los disparos, no tienen idea cómo retumbaban. Dos años antes en la zona se comentaban que había patrullas que se dedicaban a asaltar gente, quitarles las pertenencias y que después las arrojaban al anillo, ese día los vecinos nos comentaban de cosas que pasaban. A este juicio se ha presentado gente que ha sido perjudicada por los imputados".
"Carlos era el mejor de los tres, se creía cabeza de familia; era protector de mis hijos, hoy que no está, esa tragedia nos ha cambiado la vida nos ha deshecho. Así como nos desgraciaron la vida, le desgraciaron la vida a sus familiares, yo los he visto que se abrazan, ustedes pueden abrazar a sus hijos (aunque estén presos) yo sólo tengo un cuadro, no tengo un abrazo".
"No queremos que este caso pase inadvertido, les pedimos que tomen en cuenta que si no se sienta un precedente así como nos fregaron la vida, se fregaron la vida ellos y nos vamos a fregar todos. Los cuatro imputados para mí son culpables". "Mi esposo es recto, jamás va a acusar a nadie si no está seguro. El día que presentó su declaración, él vio a una persona en esta sala".
"El día del velatorio de mi hijo se hizo presente una persona con gorro negro y se acercó al féretro, esa persona es Pozo y lo reconocimos hasta ahora que venimos al Tribunal, mi esposo no lo pudo decir el día que declaró y yo lo digo. Otro imputado que llegó al velorio es Wilson y se atrevió a andar preguntando quiénes éramos familiares".
"¿Cómo es posible que la defensa diga que no, si la misma policía los involucró? El fiscal Griffin en este caso ha sido un amigo, un compañero y quisiera decirle a la defensa cuando las cosas están claras y las pruebas contundentes ¿Por qué defender a un criminal?".
"A los 11 años mi hijo tenía 140 de coeficiente intelectual. Me quitaron todo, me quitaron la vida, cuando lo estaban enterrando, yo me quería enterrar con él. Rafael Alejandro era un muchacho tan humilde, pocas personas sabían que era hijo de la rectora, pero el demonio se les atravesó".
Pena máxima
"Pido para ellos la pena máxima para que ninguna persona vuelva a sufrir lo que nosotros sufrimos". Luego como lo indica la norma procesal, le dieron el turno de hacer una petición a los cuatro imputados, José Rubén Pozo López, Gabriel Donatilo Marcía, Wilson Cordóva Rodríguez y Santos Arnulfo Padilla Rodríguez.
Gabriel Donatilo Marcía-que se conducía en la patrulla MI-30, en donde encontraron cabellos y vellos de las víctimas, manifestó ante el Tribunal, "buenas tardes su señoría, a todas las personas quiero decirles a las madres de las víctimas que no tuvimos acercamiento con los policías, me declaro inocente, lo juro por Dios, por mis hijos y por mi madre".
Wilson Córdova, compañero de Marcía en la MI-30, sostuvo, "señoras perjudicadas nosotros no tenemos nada que ver, estábamos descansando. Lo juro ante Dios, mi madre y mi hijo que me está viendo".
Policía pide perdón
Pozo López, de tez blanca y que pasó la mayor parte del debate con los brazos cruzados y a veces con la mirada puesta en el piso, justificó "quiero decirle a las madres que todo esto no fue por dinero, ni por robar, ni porque estaba planeado sino porque se conociera la corrupción de la institución policial, pido perdón y les perdono si llevan rencor contra mí, en ningún momento fui a la iglesia (a la vela), les perdono y les pido perdón".
Padilla Rodríguez saludó a las madres. "Perder un hijo duele, soy padre de familia, sentimos cuando perdemos un ser querido, le agradezco a Dios si se llegó a este nivel, si supuestamente fueron policías, tiene que llevarse a cabo una investigación. Yo anduve un año huyendo y dije como voy a huir un año sin cometer un crimen". El acusado agradeció a sus defensores públicos. Durante las conclusiones la Fiscalía expuso como hechos probados los acontecimientos que los llevaron a descubrir la "ruta de la muerte", dijo el fiscal.
Esa noche de la ejecución
Los hechos probados, según la Fiscalía y el acusador privado: el 21 de octubre de 2011, los jóvenes después de compartir con amistades en la colonia Miraflores -en el oriente de la capital-se dirigieron a Plaza Millemium- al sur de la ciudad-llegaron en el RAV4, color beige de Vargas Castellanos cuando intercambiaban palabras con los guardias de seguridad pasó la patrulla M92 ahí iban el oficial, Carlos Galeas, Wilfredo Figueroa, (los dos prófugos), Pozo López y Padilla Rodríguez. Una vez que los jóvenes abandonaron el lugar, los policías los persiguieron.
Los jóvenes se fueron al bulevar Fuerzas Armadas, luego retornaron, pasaron por el Metromall, de ahí al bulevar Comunidad Económica Europea, con dirección al aeropuerto, tomaron la ruta con dirección a la colonia Las Torres. Cuando pasaron cerca de la gasolinera Puma los policías empiezan a disparar con sus fusiles galil. Las cámaras de seguridad de la gasolinera captan cuando pasa la camioneta y luego la patrulla policial.
Atraviesan las inmediaciones del supermercado La Colonia Las Torres y luego se desvían para entrar a la residencial 15 de septiembre. El primer impacto de Galil entra por el asiento del conductor y Vargas Castellanos resulta con una herida en la espada, tres proyectiles más impactaron en el vehículo. Si en ese momento lo hubiesen llevado al médico hubiese sobrevivido con un riñón bueno, dictaminó la forense.
Seriamente herido, Vargas Castellanos detuvo su vehículo cerca de la iglesia parroquial y de farmacias Vital y Farmacity. Un testigo protegido vio cuando a Vargas Castellanos lo pasaron del RAV4 y lo trasladaron al asiento trasero de la M1-92. A Pineda Rodríguez lo pasaron a la parte de atrás del RAV4.
Galeas tomó el puesto de Vargas Castellanos y condujo él mismo la camioneta por toda la 15 de septiembre hasta llegar a la repostería El Hogar, llegaron a la Puma América -frente a la pista del Aeropuerto Internacional de Toncontín- y se encontraron con la patrulla M30, integrada por Marcía y Córdova Rodríguez. Trasladan a Vargas Castellanos a la MI-30, pero después deciden seguir con él en la M1-92. Es por eso que en la MI-30 se encuentran elementos pilosos de las víctimas.
La RAV 4 conducida por Galeas toma dirección a El Loarque. Figueroa llamó a Santos Arnulfo, que conducía la M1-92 y se intercambian varias llamadas hasta que llegan al desvío de Germania, la camioneta tenía poco combustible, deciden dejarla ahí.
Tras abandonar la camioneta, colocan a Vargas Castellanos y a Pineda Rodríguez en la paila de la M1-92 y todos los policías se trasladan a esta patrulla. Cada uno tenía roles en la planificación del crimen. "Arnulfo Padilla y Pozo López trazaron un plan con aporte esencial, unos los custodiarían para evitar que se escaparan o se defendieran; Pozo custodiaba a Vargas Castellanos, Santos Arnulfo a Carlos David Pineda, otros dispararían sobre la cabeza de la víctima. Todos tenían el codominio funcional del hecho. No sabemos quién disparó, pero era un plan estrictamente concebido", dijo el fiscal. Las pupilas de Pozo López lucían dilatadas, miraba al fiscal desde el banquillo.
Los policías siguieron siempre conduciendo a la salida del sur de la ciudad y llegan al desvío de Los Hornos. En concierto, Pozo López, Galeas, Figueroa y Padilla Rodríguez deciden matarlos, los tiran al suelo, les disparan.
Vargas Castellanos recibió dos balazos en la cabeza y Carlos David, tres impactos de bala dos en la cabeza y uno en la mejilla izquierda, a ambos les disparan cuando están sometidos, los asesinos estaban arriba y sus víctimas abajo. Después los tiran a una hondonada.
Luego abandonan el lugar de los hechos, concluyó la parte acusadora del juicio y solicitaron que Pozo López y Padilla Rodríguez sean trasladados de la unidad militar donde guardan prisión a la Penitenciaría Nacional, de Tamara, 17 kilómetros al norte de la capital.
Duda razonable
La defensa privada alegó que el primer vídeo muestra una camioneta y una patrulla detrás, el primer vídeo de la gasolinera Puma es a las 2:16 y luego la cámara de El Cortijo capta el RAV y la patrulla a las 2:26 de la madrugada, un testigo protegido dijo que tardaron cinco minutos en pasar de la camioneta el cuerpo herido del joven a una patrulla. En qué momento de esos 10 minutos es que pudo intervenir la patrulla M1-30, planteó el defensor.
Además no se hizo ADN de los elementos pilosos recogidos de la patrulla 30 para determinar que en realidad eran de las víctimas, no hay testigos que hayan visto la patrulla 30 en la escena, además se encontraron elementos pilosos en la M103 en qué momento de esos 10 minutos intervino esta otra patrulla, eso demuestra la inexactitud de la pericia, señaló el defensor. Alegando el principio de duda razonable, el defensor Marlon Duarte solicitó la absolución de Marcía y de Córdova Rodríguez.
Por su parte, los defensores públicos sostuvieron que la Fiscalía no pudo ligar con prueba científica que Pozo López y Padilla Rodríguez anduvieron esa noche en la patrulla M1-92, en los vídeos se ve una patrulla, pero no se ve la patrulla M1-92, dijo el defensor, pero no se pronunció respecto al análisis que indica que el ADN de Vargas Castellanos fue encontrado en dicho vehículo policial.
La Fiscalía no pudo determinar quién disparó las armas, en su momento la rectora denunció que hubo protección para los policías, sus armas de reglamento no habían sido entregadas y las patrullas fueron lavadas para borrar evidencias. Los defensores públicos también pidieron absolución por duda razonable y mostraron su oposición a que los imputados sean trasladados a la penitenciaría.
Fotografías: Mundo TV, La Prensa, Conexihon
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