miércoles, 28 de agosto de 2013

Pastores y sociedad



Los grupos religiosos por más reconocimiento social que tengan 

no pueden estar por encima del Estado de Derecho y la Constitución.

Nuestra Palabra, Editorial Radio Progreso

Nuevamente comparece ante los tribunales el pastor de la Iglesia Vida Abundante, Evelio Reyes, donde enfrenta la acusación de discriminación contra la comunidad Lésbico Gay y Transgénero LGBT. El caso es que no se encuentra solo en esta batalla puesto que le apoyan sectores de la Iglesia Evangélica y de la Iglesia Católica.

Las palabras que pronunció en una oración del cinco de diciembre pasado fueron las siguientes: “no podemos apoyar a candidatos inmorales, incapaces y ociosos, rechazamos y pedimos a los cristianos de verdad para que no voten por homosexuales y lesbianas que corrompen los modelos de Dios, las buenas costumbres y que ponen en riesgo a las generaciones que están por venir”. Es más, la Confraternidad Evangélica propone que se haga una reforma al artículo 321 del Código Penal.

También se unen las declaraciones de pastores evangélicos y sacerdotes católicos que pronunciándose sobre el tema hacen declaraciones en los siguientes términos: “matrimonios gais contravienen la Biblia y atentan contra la familia”, “va contra la ley natural y divina”, “sería gran aberración y traería maldición al país”, “la Biblia condena tales uniones”, “matrimonio es figura de la relación entre Jesús y la Iglesia”.

El analista y experto en derecho Raúl Pineda señala por su parte que “los matrimonios entre parejas lésbico-gay no están considerados como derechos humanos a nivel internacional y mucho menos en la legislación nacional. Lo prohíbe el artículo 112 de la Constitución y en el mundo solo 14 países han aprobado la unión de parejas del mismo sexo. Tenemos que vivir nuestra realidad y entender que lo que es bueno para otras sociedades, no necesariamente es bueno para la sociedad hondureña.

Sin ánimo de entrar en esta discusión y unirnos a la larga fila de los que están a favor o en contra puede ser más útil el clarificar lo que significa vivir en una sociedad laica. Constitucionalmente y oficialmente somos “estados laicos, aconfesionales y plurales”. Y buena parte de la discusión pública tiene que ver con esto. Por un lado, los grupos religiosos se sienten con derecho y autoridad para imponer sus creencias a toda la sociedad. Y, por otro, los grupos laicos tratan de imponer su laicismo a toda la sociedad.

La modernidad está fundamentada en que los diferentes ámbitos de la sociedad (lo económico, lo político, lo cultural…) son autónomos e independientes de la religión. Anteriormente ésta era el centro y supeditaba a todos los demás. Hoy, más bien, está ubicada en los márgenes y en la periferia de la sociedad. Por lo tanto, el papel que se le asigna no es el de ser juez y árbitro. Ya no tiene la función hegemónica y de privilegio de antaño. Imponer la confesionalidad a todos los sectores sociales no le está permitido puesto que vivimos en una sociedad plural.

Y la laicidad del estado consiste en que debe asegurar el pluralismo de creencias y confesiones en toda la sociedad. Lo cual deja por fuera tanto al “clericalismo religioso”, que trata de imponerse autoritativamente a la Iglesia y a la sociedad, como el “clericalismo laico” que hace lo mismo desde su propia perspectiva.

A fin de cuentas, hay que subrayar que vivimos en un “estado laico y una sociedad plural” donde los “fundamentalismos religiosos” se descalifican y desprestigian cuando pretenden pasar del púlpito y la predicación a imponer las normas legales, conductas y pautas de comportamiento moral al país. Es decir, que los grupos religiosos por más reconocimiento social que tengan no pueden estar por encima del Estado de Derecho y la Constitución.

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