Lejos de una pronta solución al conflicto por la tenencia de tierra en el fértil valle del Aguán, el coordinador del observatorio de derechos humanos en el Aguán, Heriberto Alemán, considera que las acciones de violencia y la impunidad en la muerte de más de 100 personas prolifera.
El observatorio de derechos humanos del Aguán nació en el mes de noviembre del año 2011, su finalidad es llevar un registro y las denuncias de las violaciones a los derechos humanos.
El organismo nace de la necesidad de dar respuesta a los diferentes conflictos agrarios, llevando un reconocimiento de las diferentes acciones de recuperación y ocupación de tierras que se han llevado a cabo a partir del 2009, teniendo como actividades observar, registrar y denunciar los diferentes casos por parte de grupos de grupos de campesinos amparados en la Ley de la Reforma Agraria.
Este es un espacio que aún está en etapa de formación y consolidación, formado por aproximadamente 13 organizaciones campesinas en la zona del baja Aguan, de cada organización campesina hay 2 representantes en el observatorio, más defensores de los derechos humanos independientes.
Conexihón (CO): ¿Cómo entender el conflicto agrario en el Aguán?
Heriberto Alemán (HA): Todas estas acciones por parte de campesinos en la zona han tenido repercusiones y para entenderlo habría que remontarnos a los años setenta, fue en esta época que se desarrolló en nuestra región con el Proyecto de Reforma Agraria, fecha en la que inició la organización de cooperativas.
Entre los años 90 y 94, durante el periodo de gobierno de Rafael Leonardo Callejas, cuando se aprobó la Ley de Modernización Agrícola que permitió la venta de la tierra a terratenientes, por las cooperativas de la reforma agraria.
Si en aquel entonces no se hubiera aprobado la Ley de Modernización Agrícola, no estarían dándose esos desalojos violentos, ni tendríamos todo este proceso de recuperación de tierras en el bajo Aguán, porque la tierra se hubiese mantenido en manos de los campesinos.
Cualquier empresa asociativa campesina que ya no quería continuar explotando la tierra que el Estado le había asignado entonces la tierra tuvo que ver sido adquirida por el Instituto Nacional Agrario (INA), y reasignada a nuevos grupos organizados de campesinos que quisieran trabajarla.
Bajo todo este contexto nosotros podemos resumir y concluir, que el Estado ha tenido una tendencia de gobernar para una clase o ciertos grupos que tienen algún tipo de privilegios, y favoreciendo a ciertos grupos.
Todo esto generó al final un contexto bastante álgido, de tal forma que ha habido enfrentamientos en el proceso de recuperación, entre los aparatos de seguridad privada y una constante militarización a partir de abril del 2010, hasta la instalación de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch III.
CO: ¿Cuántas personas han fallecido en el Aguán producto del conflicto Agrario?
HA: Diferentes organizaciones manejan números diferentes, pero lo cierto es que desde el 2009 y después del golpe de Estado hasta la fecha ya van más de 110 muertes, cercanas o en el contexto del conflicto agrario.
Como no hay una coherencia entre los diferentes grupos campesinos que están llevando a cabo estos registros, nosotros estamos realizando estos registros con otras organizaciones como Derechos en Acción y Fían internacional ya que estas organizaciones estaban llevando a cabo estos registros, antes de que el observatorio surgiera.
CO: ¿Por qué fallecen estas personas, por el conflicto agrario o por otras circunstancias?
HA: Lo lamentable de todo esto es que a quien le corresponde esclarecerlo y decir si esa víctima es por el conflicto agrario o es por otro delito común es el juzgado, la fiscalía y el Estado mismo a través de sus órganos correspondientes no lo ha hecho. Nosotros lo que hemos hecho es registrarlo y luego exigimos al Estado debe esclarecer todas y cada una de las muertes.
Si hay unas muertes que tienen conexión directa, con lo que es el conflicto agrario, como el caso de Tumbador, el caso de Casa Quemada conocido como Movimiento Campesino del Aguán MCA, en la Guadalupe Carney.
También tenemos varias muertes que han ocurrido en el sector de la margen izquierda ya contabilizamos como algunos cuatro, al mismo tiempo lo que fue en el sector de Sinaloa, frente a la cooperativa San Isidro, que en aquel momento estaba siendo resguardada por la guardia de Corporación Dinant.
Ahí hubo una masacre y murieron empleados del INA y una mujer que trabajaba en una caseta en las oficinas del INA. También tenemos el caso de la comunidad de Panamá, en la finca Paso Aguán donde en custodia de la guardia privada del terrateniente desaparecen varias personas y tiempo después son encontradas enterradas dentro de la finca.
De acuerdo con el registro, el 99 por ciento de las víctimas son hombres, solo hay una mujer quien ha perdido la vida en el marco del conflicto, un policía, un soldado y entre 12 a 15 guardias de seguridad de los terratenientes.
Queremos que se esclarezcan estas muertes, pero al mismo tiempo queremos que se castigue tanto a los actores materiales e intelectuales, porque no basta con esclarecerlas sino que también hay que castigar a quienes son los responsables. Al no hacerlo el Estado, por omisión, está negando al pueblo hondureño, el derecho de acceso a la justicia, entonces se convierte automáticamente en un violador de los derechos humanos.
Todos estos hechos se vuelven un generador de impunidad, porque las personas que cometen un asesinato, al ver que no le pasa nada entonces lo comete una y otra vez, y lo repite entonces vemos que la violencia se va proliferando y la impunidad va cobrando más arraigo.
CO: ¿Qué otras violaciones a los derechos humanos se dan en el Aguán?
HA: Hemos recibido denuncias de allanamientos a viviendas por parte de las autoridades, se presentan sin su respectiva orden judicial. Así mismo, la gente se queja por algunos seguimientos que se les dan en los operativos que se instalan a lo largo y ancho de las carreteras de la región y también se ha denunciado por parte de organizaciones campesinas que se manejan listados de personas con ordenas de captura, tanto por usurpación de tierra y robo de fruta, estas acusaciones han sido interpuestas en los juzgados de la zona, esta lista de personas que tiene procesos judiciales sobrepasa de las doscientas, eso les limita a poderse moverse en la zona.
En una ocasión también una vecina de la comunidad de Panamá, manifestó que en el momento que se le hizo un allanamiento a su casa se le extraviaron cerca de 6,000 lempiras, de lo cual el Ministerio Público no ha dado ninguna explicación a pesar de en su momento se puso la denuncia.
CO: ¿Cuál cree que es la solución para conflicto Agrario?
HA:Se necesita más acercamiento y responsabilidad del estado en cumplir e implementar políticas públicas que conlleven a que las familias del campo tengan acceso a la tierra y al mismo tiempo el acompañamiento a todos estos grupos que se les dote de tierra. Ese acompañamiento debe ser permanente y cuando el Estado vea que están fallando o dentro de estas organizaciones hay pequeños núcleos de dirigentes que están utilizando estos movimientos campesinos para conseguir asuntos personales o intereses personales inmediatamente también el Estado está obligado a intervenir a estos grupos y tutelar a aquellos grupos que realmente quieren trabajar y producir la comida.
Aquí se habla de soberanía alimentaria pero no se está haciendo nada por incentivar la producción de esta, entonces el Estado tiene que sentar a aquellos terratenientes que tienen grandes cantidades de tierra, para platicar con ellos y hacerles conciencia para que entiendan que también los otros ciudadanos también tienen derecho a tener un pedazo de tierra, que así todo pueda llevarse en armonía y de esa forma no necesitaríamos tanta militarización.
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