Desde el día 4 de agosto la "Delegación Española de Solidaridad para Honduras" ha recorrido el país con el objeto de realizar labores de verificación, observación y conocimiento de la situación de los Derechos Humanos en Honduras. Esta Delegación ha estado integrada por tres representantes del Comité de Solidaridad Internacionalista, organización con larga experiencia en Latinoamérica y encargada de organizar la visita, y del partido político Izquierda Unida. En concreto entre sus miembros, se encuentra Luis Mangrané, abogado especializado en la defensa de los derechos humanos, Pablo Muñoz, Concejal del Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza y Álvaro Sanz próximo diputado nacional al Parlamento Español.
El trabajo de la Delegación ha consistido en la recopilación de información sobre las condiciones de vida, el estado actual de los conflictos que han trascendido a la comunidad internacional y la situación general de los Derechos Humanos en diferentes zonas de Honduras. A tal fin se ha desplazado a los Departamentos de Yoro, Cortés, Colón, Francisco Morazán e Intibucá, manteniendo reuniones con diferentes comunidades y organizaciones de Derechos Humanos, sindicatos, movimiento campesino, indígena y empresas de procesamiento de palma y banano.
Los integrantes de la misión internacional han destacado "la grave situación en la que se encuentra el país en cuanto al inexistencia de garantías y la generalización de la impunidad". Esta afirmación se apoya en los más de 60 operadores de justicia muertos o los más de 30 periodistas asesinados, entre otros, sin que se haya juzgado o condenado a sus autores.
La Delegación ha verificado "la fragrante violación de Derechos Humanos en los lugares donde se está utilizando la violencia en el desalojo de campesinos/as en proceso de recuperación de tierras como es el caso del Bajo Aguán, San Manuel, Cortés y El Progreso ", según esta valoración "el Estado por acción u omisión vulnera, entre otros, la integridad física y la seguridad de los campesinos de esas poblaciones que están ejerciendo su derecho legítimo a la reivindicación del acceso a la tierra" .
De igual forma, la Delegación ha destacado la crítica situación que atraviesan las comunidades Lencas de Intibucá, en la aldea de Rio Blanco, donde con ocasión de la construcción de una represa se ha reprimido violentamente la contestación a esta obra, con hostigamiento, señalamiento y procesamiento de las personas que los apoyan e incluso con el disparo sobre la población local causando varios heridos , la muerte de Tomás García y el proceso judicial contra Bertha Cáceres y otros dirigentes del COPINH.
Finalmente la Delegación ha denunciado la persecución y las amenazas sufridas por diferentes militantes de movimientos sociales y políticos fruto de su trabajo de denuncia, reivindicación y propuesta. Según la Delegación es el "Estado el máximo responsable de esta situación y debe garantizar la seguridad de los hondureños/as en el legítimo ejercicio de sus derechos civiles. El caso de Rafael Alegría es uno de los ejemplos más destacados de esta persecución" por lo que los internacionalistas han exigido al Gobierno Hondureño "la inmediata adopción de medidas que aseguren la vida y la integridad física de Rafael.
"Esta exigencia -añaden- se une también a la necesidad que desde el Gobierno se aclare la presunta implicación de los organismos del Estado en estos hechos de violencia. Los casos del uso de la fuerza por el ejército en los desalojos de campesinos o en la protección violenta de infraestructuras, o los supuestos casos de implicación de integrantes de la policía en asesinatos deben ser aclarados"
Respecto a la producción agraria, la Delegación ha destacado que frente a las grandes explotaciones y oligopolios, existen otro tipo de empresas cooperativas como Hondupalma o productores independientes de bananos que representan un esfuerzo colectivo por organizar la producción de una manera más justa y equitativa.
Estas conclusiones, según han expuesto, serán trasladadas a los diferentes estamentos oficiales, tanto españoles como europeos, así como a las redes de solidaridad y los medios de comunicación internacionales. "Casos como el de Rafael no van a quedar impunes y vamos a alertar a la comunidad internacional del riesgo cierto que dichas amenazas suponen para el ejercicio de los Derechos Humanos en Honduras", han concluido.
Finalmente, los integrantes de la misión internacional han mostrado su preocupación por que esta situación de violencia se vea incrementada con motivo del próximo proceso electoral, tal y como les ha sido trasmitido por diferentes actores de la sociedad civil. "Los momentos electorales deben ser especialmente cuidadoso con el respeto a los Derechos Humanos" han manifestado.
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