Con la propuesta de la nueva Ley de Educación Superior, las universidades privadas del país podrán acceder a fondos estatales. En otras palabras, el estad financiaría las empresas privadas educativas, entidades con carácter lucrativo financiadas con los impuestos del pueblo.
La rectora interina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, calificó que los que se oponen a este tipo de reformas "quieren impulsar el odio" y "el divisionismo entre las universidades" y por tanto entre la misma sociedad. "No vamos a fomentar distancias entre universidades, no nos corresponde dividir más a Honduras", señaló la rectora, que se mostró molesta con quienes se oponen a este nuevo proyecto de ley, con el que se aseguraría su reelección y jugosos beneficios.
Varios sectores han cuestionado que esta propuesta de ley atenta contra la autonomía universitaria y otorga más libertades a las universidades privadas. En noviembre de 2011 el G-19, grupo de 19 universidades, 14 privadas y cinco públicas, presentaron al Congreso Nacional una propuesta de una nueva Ley de Educación Superior. Ante esa petición, la UNAH presentó su propia iniciativa de ley y desde entonces se ha dialogado entre uno y otro sector y, finalmente, hay un documento consensuado. Este documento consta de 98 artículos y solo le restan "revisiones finales".
La actual ley tiene 49 artículos y data de finales de los 80. Fondos de universidades La nueva propuesta plantea una asignación presupuestaria fija, del Presupuesto General de la República, para las cinco universidades públicas. Para el caso, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán recibiría 1.6 por ciento del Presupuesto General de la República, la Universidad Nacional de Agricultura 0.85 por ciento, Universidad de Defensa de Honduras 0.65, Universidad Nacional de Policía 0.65 y la Escuela Nacional de Ciencias Forestales 0.3 por ciento.
Consultada sobre los fondos a los que podrán acceder las privadas, Castellanos aclaró que "serán al margen del seis por ciento que constitucionalmente le corresponde a la UNAH". Instrumentalizando la crisis epidemiológica que vive el país afirmo "si para el caso la Universidad Católica quiere apoyar al Estado a combatir el dengue, entonces gestionaría fondos para movilizar a sus médicos y su personal... ¿Por qué no se los vamos a dar? no podemos ser tan egoístas". Olvidando mencionar que también las universidades privadas accederian a todo tipo de recursos estatales para financiar su actividad lucrativa:
En el segundo párrafo del artículo 78 de la propuesta de ley, relacionado con los recursos de las universidades públicas y privadas, dice que "las instituciones del sector público, organismos descentralizados y municipalidades podrán realizar aportes adicionales a las Instituciones de Educación Superior públicas o privadas, destinados a financiar proyectos de investigación y capacitación que estén dirigidos al desarrollo local o regional".
Sectores no creen en ley Para Cesáreo Padilla, líder estudiantil de la Plataforma de Organizaciones Estudiantiles de la UNAH, todo es un engaño: "Nos quieren hacer creer que todo será igual, pero no es así... es claro el interés de entregar la autonomía y eso sí lo vamos a rechazar". En los mismos términos se expresó Lety Elvir, presidenta del claustro de profesores de Humanidades, quien sostuvo que "se está poniendo en peligro la autonomía con esa ley y quieren privatizar el sistema".
La rectora expresó "preocupación" por el alto "nivel de mezquindad de algunos estudiantes y docentes universitarios", que han criticado la ley. Castellanos dijo que "siento pena por ellos" porque sus posturas "ponen en entredicho su capacidad de comprensión y de lectura", ya que la ley no pone en peligro la autonomía de la UNAH.
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