Por Riccy Ponce
Ilustración, inspección del cuerpo de la víctima del abuso policial.
El lunes 3 de agosto, elementos de la Policía Nacional capturaron al señor Rufino Portillo López, de 74 años de edad, cuando estaba en la acera de su casa en la comunidad Entre-cerros, municipio de Nueva Frontera, departamento de Santa Bárbara, devolviéndole a la familia el cuerpo sin vida y con signos de tortura.
El hecho ocurrió en el marco del constante confinamiento domiciliar para evitar la propagación del Covid-19, según Decreto Presidencial PCM 021-202, impuesto desde el 17 de marzo pasado. Supuestamente los oficiales llegaron a detenerlo por violentar el toque de queda, situación que, según su familia no explica “porque él estaba en su casa, en la acera, como acostumbraba hacerlo”, y como es costumbre de las familias hondureñas, especialmente en las áreas rurales.
Según conoció Defensores en Línea, al momento de la detención, don Rufino no opuso resistencia, pero en cuestión de tiempo, la familia recibió una llamada, en la que les informaban sobre la muerte de don Rufino, entonces procedieron a denunciar el crimen en diferentes medios de comunicación, afirmando que Portillo López “fue detenido sin ningún rasguño y se los entregaron muerto, con aparentes signos de tortura y sin darles ninguna explicación”.
En entrevista con su hija Doris Noelia Sevilla, manifestó al medio de comunicación Hable Como Habla Televisión Digital que “toda la familia estamos seguros que lo mataron, porque él tiene un ojo destripado, está desnucado, tiene una herida profunda bajo una de sus orejas, con el hueso quebrado y golpes en todo el cuerpo y en la espalda, lo torturaron y lo golpearon”.
En esa misma declaración agregó “hay testigos que dos cuadras de aquí del comedor lo iban golpeando en todo el camino y cuando a él lo llevaron a la clínica ya lo llevaron muerto, para nosotros ellos [policía] son los asesinos y queremos justicia porque, así como el hicieron con él pueden hacer con cualquier otro de los de aquí”.
La esposa de don Rufino, identificada como Lidia Cardona, dijo al mismo medio de comunicación que “estamos seguros de que ellos son los responsables, porque lo llevaron bueno y sanito de la casa”, y pedimos justicia porque ya se hizo todo lo que teníamos que hacer con él y ya se mira los golpes profundos que él tenía.
La comunidad de Tras-Cerros, Nueva Frontera, ha mostrado su apoyo a la familia por el crimen cometido contra don Rufino Portillo López, además expresaron su indignación por los actos de violaciones a los derechos humanos que están cometiendo las fuerzas represoras del Estado que, sin importar la edad de las personas a quienes les violentan sus derechos humanos, los torturan hasta matarlos como es este caso
En el marco del toque de queda, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ha documentado casos de violaciones a derechos humanos cometidos por la Policía-Militar, contra ciudadanos en diferentes municipios de Santa Bárbara, sin que se aplique justicia para las víctimas.
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