Luego de conocer el fallo de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, en el que decidió revocar el sobreseimiento definitivo a favor de cinco defensores de los ríos Guapinol y San Pedro, y ratificar el auto de formal procesamiento para los ocho ambientalistas privados de libertad, se comprueba que en Honduras no hay un Poder Judicial, sino que un servicio judicial, interpreta el abogado Joaquín Mejía, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC).
Catalogándola de nefasta, Joaquín Mejía reitera que la decisión de la Corte de Apelaciones contra los defensores del Río Guapinol y San Pedro es una clara criminalización y persecución política.
“La decisión de la Corte de Apelaciones refleja que existe una justicia selectiva, como lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en su informe 2019, en el sentido que actúa de manera tardía cuando se trata de perseguir a corruptos, narcos y violadores de derechos humanos, pero actúa de otra manera cuando se trata de proteger los intereses de quienes tienen vínculos con el poder político y económico”, apunta el abogado Mejía, al recordar que la empresa minera Inversiones Los Pinares es propiedad de Lenir Pérez, yerno el fallecido empresario Miguel Facussé, patriarca de una de las familias más poderosas del país.
La Corte de Apelaciones que decidió continuar con el proceso contra los defensores del Río Guapinol, quienes se oponen al proyecto extractivista de Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escaleras, está integrada por las magistradas María Luisa Ramos Matute, Erika Geraldina Dubón Padilla y el magistrado Ramiro Alejandro Ramírez.
Parafraseando a la periodista chilena Alejandra Matus, Mejía expresa que la otra realidad que refleja la decisión de la Corte de Apelaciones es que en Honduras no existe un Poder Judicial independiente, “sino que lo que hay es un servicio judicial que está manoseando por diferentes poderes dentro del Estado y poderes fácticos económicos”.
Desprotección a defensores y defensoras
Los cinco defensores de los Ríos Guapinol y San Pedro: Juan López, Leonel George, Reynaldo Domínguez, Marco Tulio Ramos y José Cedillo, quienes fueron sobreseídos por las acusaciones de la empresa Inversiones Los Pinares, ahora están ante la posibilidad de privación de libertad.
Lo anterior, para el ambientalista Leonel George evidencia la vulneración y la desprotección de los defensores y defensoras de las comunidades: “en todo este proceso y en todos los casos que están relacionados con defensores y defensoras, tanto ambientales como de derechos humanos, solamente evidencia que hay un sistema judicial que no le interesa la vida de ningún ciudadano, que no le interesa el ambiente, por lo tanto, siempre ha estado como una ventanilla de trámite para la gran empresa”.
El abogado Efraín Ramírez, quien tiene representación legal en el caso de los defensores, indica que la Corte de Apelaciones tenía los suficientes elementos para considerar que la resolución emitida en marzo de 2019 a favor de los ambientalistas está apegada a derecho.
“Esto genera una persecución, porque tanto la resolución oral que el juez Víctor Meza emitió como el acta que fue redactada tienen los argumentos o elementos de motivación suficientes para determinar que el sobreseimiento definitivo está apegado a derecho, la Corte hace una motivación que aleja esa posibilidad haciendo afirmaciones de hecho, por lo cual es inaceptable la resolución”, explica el abogado Ramírez.
En ese sentido, el abogado penalista y defensor de los ambientalistas, Omar Menjivar, apunta que el fallo de las magistradas Ramos Matute, Dubón Padilla y el magistrado Ramírez ratifica una línea de persecución a través del Poder Judicial, el cual está a disposición del capital en Honduras.
Menjivar agrega que es una sentencia que tiene falencias graves desde la perspectiva técnico-jurídica, especialmente penal, “no hace un razonamiento jurídico-dogmático de los delitos porque considera que, si ocurrieron, desprecia por completo los alegatos nuestros”, por cuanto está basada en la arbitrariedad que tiene el poder.
La defensa de legal de los ambientalistas de los Ríos Guapinol y San Pedro detallaron que en los próximos días el expediente del caso debe ser transferido al Juzgado de Letras y se convocaría a una audiencia, durante la cual los abogados solicitarán la revisión de las medidas de las personas encarceladas e impugnarán al fallo de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán.
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