Radio Progreso
Abogado Edy Tábora.
El Código Penal que entró en vigencia el 25 de junio de 2020, es la construcción de un proceso que viene desde 2014 cuando fiscales, jueces y militares sentaron las bases para criminalizar la pobreza y los movimientos sociales, y a través de reducción de penas y desaparición de delitos, beneficiar a corruptos e integrantes del crimen organizado en Honduras, dice el abogado Edy Tábora, de la Coalición Contra la Impunidad.
Al Código Penal se le denomina “pacto de impunidad”, porque vino a desbaratar los procesos penales importantes presentados e investigados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), donde se acusaron a diputados, funcionarios y empresarios que jamás imaginaron poner un pie en los tribunales. Gente con poder político y económico que goza de impunidad en el país.
El primero borrador del Código se presentó en 2014, señalado de ser una copia de la normativa penal en España. Al inicio las penas por delitos de corrupción y abuso de autoridad eran altas, pero en 2016, después de las masivas movilizaciones de las antorchas por el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), comenzaron a darse reformas importantes al documento original a conveniencia de los corruptos y violentos, explica el abogado.
Principalmente la rebaja de penas a los delitos de corrupción y criminalidad organizada y la despenalización de algunas conductas como el abuso de autoridad por violación de derechos constitucionales, han sido el tema de discusión en los movimientos territoriales y sociales. “Pero nos faltó una lucha estratégica para evitar que el Código entrara en vigencia con esas reformas”, dice Tábora, explicando que desde el 2015 comenzó a facilitar talleres de discusión sobre la legislación, pero hubo poco interés de los sectores, que a última hora se posicionaron en contra de su puesta en marcha.
El Código Penal goza del rechazo ciudadano e ilegitimidad, porque fue aprobado bajo el autoritarismo que caracteriza al régimen de Juan Orlando Hernández. Algunas personas influyentes de la empresa privada y diputados han hecho acciones para abrogarlo, sin embargo, el abogado lamenta que muchas acciones fueron tardías y sin atacar de raíz las otras normativas que flexibilizan la impunidad.
Las organizaciones de derechos humanos consideran que el Congreso Nacional debería de abrirse y atender las recomendaciones de la ciudadanía y organizaciones de derechos humanos. Además, la Sala de la Constitucional debe estar atenta a los recursos que se presenten, porque la propia Corte Suprema de Justicia reconoció en un dictamen que el nuevo Código debe reformarse de manera urgente.
Una herramienta para desmovilizar
El abogado explica que en Honduras se utiliza el derecho penal como una herramienta de despojo. Primero, hay un proyecto económico y político que sienta las bases para controlar a los defensores y defensoras a través de la flexibilización de los derechos y la coerción punitiva que controla sus luchas. En segundo lugar, está la creación de decretos legislativos, ejecutivos y leyes de promoción de inversión privada que legalizan el despojo. “Desde el golpe de Estado se ha creado una maraña de normas para que la empresa privada se apropie de los bienes naturales”, apuntó.
Por ejemplo, el sector minero tiene principalmente la Ley de General de Minería vigente desde 2012. En el tema energético estuvo la Ley Marco del Subsector Eléctrico, antes de perder vigencia en 2014, con ella se aprobaron muchísimas concesiones hidroeléctricas en el país cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional.
En la actualidad está vigente la Ley General de la Industria Eléctrica y la Ley de Promoción de Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, principal herramienta que ha permitido concesionar los ríos, viento y sol para la instalación de hidroeléctricas, eólicas y fotovoltaicas en los territorios. Para las organizaciones ambientalistas esa última ley es súper dañina. Aunque fue reformada en 2013, su aprobación se dio en 2007 durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales.
“A mí me preocupa cuando los partidos políticos de supuesta oposición hablan de despojo y dictadura, pero nunca hablan de cómo hacerles frente a las normativas que sirven para despojar a las comunidades de sus bienes naturales. Es muy importante cuestionar a los diputados frente a este tema. Siempre hablan que se aprobaron tantos contratos, por tantos millones, pero no de la normativa que permite estas concesiones”, dijo Tábora.
Al momento de criminalizar a los defensores y ambientalistas el Ministerio Público invoca las leyes antes mencionadas, bajo el argumento que la población se opone al desarrollo y a la generación de empleo. Esas leyes y decretos flexibilizan el escenario al momento de aplicar el Código Penal y provocan desmovilización en la ciudadanía, porque el temor de ir a prisión se convierte en una realidad.
¿Y los movimientos sociales?
“Antes acusaban a los defensores por delitos políticos, por ejemplo, de manifestación ilícita y sedición. Actualmente los fiscales se especializan en estudiar el Código Penal para interpretarlo a beneficio de los grupos de poder y aplicarlo de forma arbitraria”, dijo el abogado explicando que ahora las acusaciones, en su mayoría, son por asociación ilícita con una pena de 10 a 15 años de reclusión.
Bajo la amenaza de ser acusados por ese delito, varios movimientos territoriales han mermado la lucha en defensa de sus bienes. Un ejemplo es el caso de Guapinol en Tocoa, Colón, aunque 8 de sus ambientalistas están presos por incendio y privación injusta de la libertad, inicialmente fueron acusados y llevados a un juzgado con competencia nacional por asociación ilícita. “Lo mismo podría pasar con las personas que se organizan para defender la salud y la educación”, sostiene el abogado Edy Tábora.
Un Código Penal debería proteger los bienes jurídicos de la administración pública, pero el actual Código hace todo lo contrario. El delito de abuso de autoridad cometido por un funcionario desaparece con pena de reclusión y le da luz verde para que siga aprovechándose de los recursos económicos del país. El delito por tortura, que pueda cometer un elemento armado de la seguridad del Estado contra la ciudadanía baja su pena considerablemente. “Así vamos viendo como delitos que atentan contra los derechos humanos y la administración pública como el enriquecimiento ilícito bajan sus penas considerablemente”, apuntó.
Se puede interpretar que el Código Penal da seguridad jurídica a los empresarios y funcionarios públicos, pero no a la ciudadanía que se organiza en su comunidad para hacer valer sus derechos. “Este Código fue importado de España y si revisamos, en ese país hay muchos presos políticos solo por cuestionar al rey o al presidente. Lo que buscan aquí es tener una ciudadanía callada, sumisa con miedo”, dijo.
El abogado anima a los movimiento territoriales y sociales a articularse para resistir y proponer reformas urgentes al Código Penal, diseñado para beneficiar a los amigos y familiares de los tienen el poder en Honduras, y en contra de los denominados “enemigos”: maras y pandillas, o en el peor de los casos, contra quienes se atreven alzar su voz contra las injusticias.
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