Integrantes de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Lempira, manifestamos nuestra preocupación por la incontrolable situación sanitaria que empeora la propagación del Covid-19, sin tener soluciones ante demandas que denunciamos en ocasiones anteriores.
El Covid-19 fue declarado pandemia por la Organización Mundial de Salud (OMS), el pasado 11 de marzo; sin embargo, desde febrero el régimen de Juan Orlando ya estaba ejecutando fondos públicos –supuestamente- para hacerle frente al dengue y al nuevo coronavirus del cual ya se hablaba en China y Europa.
Mientras se habla de compra de equipo médico, dotación de equipo de bioseguridad para el personal de salud, acondicionamiento de centros de triaje, visitas domiciliarias para detectar casos positivos, en el departamento seguimos a la espera de ver acción de parte de la administración pública.
Lamentamos que aumenta la propagación de casos en la ciudad de Gracias, cuando llegan habitantes de otros municipios corren el riesgo de contagio y vuelven con el virus sin saber que lo adquirieron.
El centro de Triaje en Gracias, se habilitó en la Casa de la Cultura, frente al parque central, lo que genera incertidumbre por que es una de las zonas más transitadas por la población, y se teme mayor contagio, pues no todas las personas guardan las medidas de bioseguridad, ya sea por falta de información o falta de recursos económicos para comprar al menos, mascarillas.
Denunciamos que en la región no tenemos un hospital de asistencia inmediata para casos sospechosos o confirmados por Covid-19, ya que en el principal hospital departamental “Dr. Juan Manuel Gálvez”, es de capacidades básicas, detalló la dirección. Contradiciendo a las acciones realizadas en los meses de junio y julio, cuando habilitaron una sala Covid-19 y atendieron en su mayoría a privados de libertad.
Se han recibido donaciones en el hospital y equipo de bioseguridad para los médicos, pero no son fondos públicos, sino de organizaciones privadas, tal como lo confirmó la directora del hospital, Gracia Martínez, cuando agradeció públicamente –el 11 de julio- a la Fundación Cepudo y a la Organización Visión Mundial.
Es así que el Estado de Honduras no puede justificar la inversión de fondos con la dotación de equipo médico en Lempira, que además atiende a pacientes de los departamentos de Copán, Santa Bárbara e Intibucá.
Oficialmente Honduras ha confirmado hasta la fecha 46,973 casos positivos por Coronavirus, que 126 pertenecen a Lempira entre ellos 6 fallecidos. Tres víctimas fallecieron en la misma semana en el Hospital de Gracias, ellos eran privados de libertad. La preocupación aumenta por la falta de información sobre el estado de salud actual dentro del centro penitenciario y en general desconocemos las cifras reales de víctimas de la pandemia.
Según la Secretaria de Finanzas, la ejecución de los recursos para contrarrestar la emergencia de COVID-19 al 05 de agosto asciende a 4,922.9 millones de lempiras.
El portal oficial https://www.sefin.gob.hn/covid-19/ desglosa esa inversión en la contratación de recurso humano de salud y asistencia humanitaria, equipo médico, equipo de protección, transporte de muestras, insumos de bioseguridad, reactivos, medicamentos, capacitación, mejoras de infraestructura, clínicas, hospitales móviles y entrega de alimentos a través de saco y bolsa solidaria que contiene principales productos de la canasta básica (entre otros, arroz, azúcar, café molido, frijoles y sal).
Alertamos que, en las comunidades rurales la pobreza es más latente que antes de marzo, cuando iniciamos el confinamiento según el Decreto Ejecutivo PCM 021-2020, que obligó a cerrar el micro y pequeño mercado, dejando a su libertad las grandes cadenas de supermercados, y los aldeanos ven inalcanzable la canasta básica.
Nos vemos obligados a decidir entre comprar material de bioseguridad o alimentos, sin mencionar la adquisición de medicamentos o movilización para buscar atención médica en casos de emergencia, y tomar en cuenta que si es un caso sospechoso de Covid-19 no nos van atender en cualquier lugar.
Exigimos que se habiliten en las comunidades centros de atención para casos de Covid-19, que los centros de triaje estén equipados debidamente para casos de emergencia y que las pruebas rápidas o pruebas PCR sean gratuitas y accesibles, porque los médicos piden esos análisis pero hay que ir a los laboratorios privados.
Luchamos para que la salud sea un derecho reivindicado con atención de calidad y humana, y así poder ser testigos de ver la inversión pública.
Mientras eso sucede, y los más de 100 mil millones de lempiras otorgados al régimen de Hernández no se vean en la mejoría del pueblo hondureño, mientras continúen los contagios y las muertes por el Covid-19 y otras enfermedades mal atendidas, seguiremos preguntando ¿Dónde está el dinero?
Reiteramos que, junto al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), estamos pendientes de que se respeten nuestros derechos y se garantice el derecho a la vida durante el periodo de aislamiento, toque de queda y ahora las consecuencias de la “reapertura inteligente”.
Dado en la ciudad de Gracias, Lempira a los 09 días del mes de agosto de 2020.
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