Hombres fuertemente armados con insignia policial y militar llegaron a cada una de las casas de los pobladores, sin dar explicación a sus familias los subieron a los vehículos de lujo que portaban, y pese a la resistencia de la comunidad que bloqueó las principales entradas y salidas, los malhechores cumplieron su objetivo: secuestrar a los cinco garífunas.
Desde el día del secuestro las comunidades garífunas y los pobladores de El Triunfo de la Cruz se hicieron nudo para emprender la búsqueda de sus cinco hermanos. Con caminatas, caravanas, tomas de carretera, plantones en otros sectores del país y en el exterior, han demandado al Estado hondureño mayor interés y celeridad en las investigaciones. Sin embargo, el silencio ha sido lo que ha reinado en torno al misterioso caso.
“Hasta el momento seguimos en las mismas. El Estado de honduras no da respuesta sobre el paradero de nuestros hermanos”, dice Jenny Herrera, presidenta del Comité para el Cumplimiento de la Sentencia en la comunidad.
La dirigente social detalló a Radio Progreso que, a un mes del secuestro existe un silencio total de parte de las autoridades encargadas de la investigación. “Para nosotros no es normal que, dentro de nuestra comunidad, que se ha caracterizado por ser tranquila, se estén dando este tipo de situaciones a vista y paciencia de las autoridades”, señaló.
Jenny Herrera siguió contando que, este primer mes ha sido difícil y a medida avanza el tiempo, la falta de respuestas, el silencio Estatal hace que la fe y la esperanza de encontrarles con vida vaya disminuyendo.
Toma de carretera en la entrada a la comunidad Triundo de la Cruz.
Responsabilidad del Estado
El secuestro de los cuatro pobladores no es un caso aislado. El hecho violento se da en medio del litigio por el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se encontró en el año 2015, al Estado de Honduras internacionalmente culpable por la violación de la propiedad colectiva de la comunidad El Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida y Punta Piedra en el departamento de Colón.
El pasado 6 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), resolvió requerir al Estado de Honduras que adopte medidas necesarias y adecuadas para dar con el paradero de los pobladores secuestrados.
Además, lo emplazó para que a más tardar el 24 de agosto del 2020, brinde un informe completo y detallado de la resolución emitida por ese organismo hemisférico de derechos humanos.
En ese sentido, la coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Miriam Miranda dice que no hay ninguna respuesta y están a la espera del informe que debe dar el Estado a la Corte.
Para la lideresa del pueblo garífuna, el Estado es partícipe porque la misma comunidad y la OFRANEH han venido denunciando todo el atropello que habido contra la comunidad El Triunfo de la Cruz.
“Esto que pasó en El Triunfo de la Cruz es una muestra de la irresponsabilidad del Estado respecto a una problemática que ha enfrentado la comunidad. En ese sentido, ahora que no haya respuesta nos indica que el Estado es partícipe y responsable de lo que está pasando”, señala.
Miranda detalla que, en medio del contexto de la desaparición de los pobladores en El Triunfo de la Cruz, hay enormes presiones contra líderes de otras comunidades garífunas. Para el caso, el presidente del patronato de la comunidad de San Juan ha sido víctima de hostigamiento. Es decir hay un recrudecimiento del hostigamiento hacia el liderazgo de las comunidades.
“Por eso hemos venido diciendo que todo esto forma parte de un plan de exterminio, de genocidio contra el pueblo garífuna”, puntualiza.
La bahía de Tela y la persecución contra las comunidades
Este paradisíaco rinconcito ubicado en el atlántico hondureño es conocido por sus hermosas playas, aguas cristalinas y su exuberante vegetación, también por la riqueza cultural de las comunidades garífunas. Sin embargo, detrás de toda la “cara bonita”, las comunidades garífunas de Río Tinto, Miami, Tornabé, San Juan, La Ensenada y El Triunfo de la Cruz, enfrenten una terrible realidad.
Las comunidades son víctimas de persecución, criminalización y violencia dirigida por el propio Estado. Toda esta realidad a raíz del interés de los grupos empresariales que en complicidad con la clase política hondureña han visto en la Bahía de Tela, una cantera para continuarse enriqueciendo. Aunque esto signifique el sufrimiento de las poblaciones que viven en las orillas del mar.
Los proyectos hoteleros han sido vendidos como una alternativa para sacar de la pobreza a las comunidades; sin embargo, lo único que han traído es el despojo de las tierras que ancestralmente les corresponde a los garífunas.
Frente a todo ese sombrío panorama, las comunidades mantienen un constante proceso de resistencia, impulsando asambleas y movilizaciones en defensa de la madre tierra. A pesar del proceso de expulsión, exclusión y discriminación, el pueblo garífuna se levanta de forma organizada en la defensa de su tierra y su cultura organizadas para recuperar y defender su territorio y cultura.
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