En sesión de pleno, el Congreso Nacional aprobó una nueva exoneración de impuestos para los generadores energéticos que forman parte de la categoría de libre mercado, es decir que venden energía al Estado y que no participaron en una licitación pública convocada por el Gobierno.
En esta ocasión según el artículo 1 del Decreto enviado por el Poder Legislativo y aprobado por la aplanadora nacionalista, se exonerará a las empresas del subsector eléctrico del pago de impuesto denominado Aporte para la Atención a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial (ACPV), el cual es asociado a los combustibles fósiles utilizados por las centrales de generación que se usan en la producción energética y se comercializa en el mercado eléctrico nacional.
“Eliminando algunos cargos el beneficio es hacia el valor de la tarifa, el decreto es de 9 artículos, que está orientado para definir cuatro elementos importantes, entre ellos, la creación de una comisión de seguimiento que asegure que el beneficio se cumpla”, dijo Leonardo Deras representante de la Secretaría de Energía cuando explicaba la medida al pleno del Congreso en la sesión digital.
Deras dijo que, el proyecto fue discutido entre la Secretaría, el Poder Ejecutivo, Comisión Interventora de la ENEE y la propia Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). La medida se aplica bajo el argumento de que el país necesita generar mejores condiciones para los inversionistas y sobre todo en tiempos en el que la apertura económica demanda otras proyecciones gubernamentales.
El presidente del Legislativo, Mauricio Oliva, argumentó que en tiempos de pandemia, donde se apuesta por la reapertura económica, la necesidad de generar más energía es una realidad y que con este tipo de decisiones se fortalece esa dinámica.
Hace una semana el Congreso Nacional aprobó dos préstamos por más de 100 millones de dólares, mismos que también serán para apoyar la apertura económica y al empresariado que la impulsa. El Congreso en sintonía con el Poder Ejecutivo, han utilizado el argumento de la reapertura como una plataforma para aprobar medidas que no benefician a la población.
En referencia a la exoneración para los productores energéticos Deras dijo: “estamos haciendo una práctica que consiste en mejorar las condiciones del mercado energético”. Según datos proporcionados por la Secretaría de Energía el 95% de la energía esta exonerada y enmarcada en la Ley General de la Industria Eléctrica aprobada en el 2014.
Solo el 5% de la energía forma parte del libre mercado energético y según Deras, es a ese sector que va enfocada la exoneración.
“Estamos en contra de darle más beneficios a estas empresas generadoras de energía, estuve en Arizona, Atlántida hace unos 8 meses, el alcalde dio el informe de 10 generadoras de energía que hay en Arizona, y en 10 años según el informe de la auditoria municipal, estas compañías no han pagado más de 2 millones de lempiras en impuestos municipales”, relató el diputado del PINU por Atlántida Tomás Ramírez.
El congresista argumentó: “si estamos entregando exoneraciones deben ser manifestadas en beneficio de las comunidades, en beneficio de todo el pueblo que es el objetivo del proyecto, pero en la realidad es todo lo contrario. En Atlántida tenemos más de 7 años de que se instaló la generadora Comercial Laeiz de capital alemán, y tenemos problemas de energía, es lamentable todo esto”.
Oliva contestó de la siguiente forma al diputado Ramírez: “el 96% de la generación de energía ya está exonerada de este impuesto, es apenas un 4% que no lo está, o que no tiene contrato con la ENEE y que ahora va a recibir este beneficio, y que va a redundar en una tarifa más baja.
Van a pasar dos cosas, uno, la energía más cara es la que no se tiene, y dos, si no lo hace sencillamente el Estado siempre va a dejar de percibir, porque a precios tan altos con esos impuestos los generadores o no nos generan o bien nos venden caro”.
En alusión a lo que Ramírez contó del caso de Arizona, Atlántida Oliva manifestó: “esto que dice usted son adornos, el tema fundamental es que dando estos beneficios a estas compañías que solo son 4% de la producción de energía hacemos presión para generar menores precios. Yo espero que el día de mañana alguien pueda generar y vender directamente y que la ENEE lo único que gane es el canon de transmisión de sus líneas, mirémoslo desde el punto de vista de beneficio al consumidor”.
Antes de ser aprobado, varios diputados tomaron la palabra para comentar la situación de sus regiones en lo que respecta a la producción energética, el congresista Rafael Sarmiento, además integrante de una de las comisiones de Energía del Congreso, dijo que este beneficio no es para la gente y que como partido no la apoyarían.
“Le pongo el ejemplo de Olancho que en gran medida el generador privado siempre argumentó que no hay motivación del Estado por ese problema de la exoneración de combustible, ellos importan el combustibles, pagan el impuesto y luego la SAR les debe devolver este impuesto.
Es importante que la gente sepa que este será un beneficio para el generador privado que no participó en una licitación pública, no es un beneficio directo al consumidor final, es un beneficio para la planta generadora, esta visión no es correcta”.
Sarmiento culminó asegurando que este es un nuevo engaño que solo busca beneficiar a los empresarios del mercado energético del país.
Reformas a Ley de BANHPROVI
Otro tema que generó polémica en la sesión legislativa, fue las reformas presentadas a la Ley de BANHPROVI, relacionadas a la readecuación de deudas, revisión de moras y posibles condonaciones.
Esto generó reacciones por parte de diputados de oposición quienes acusaron al oficialismo de ser responsables de llevar ahora a BANHPROVI hacia una quiebra como ocurrió con BANADESA.
“Yo le pregunto al Partido Nacional, llevarán también a BANHPROVI a la quiebra como lo hicieron con BANADESA, es terrible el papel que están jugando en el Congreso Nacional”, expresó en la sesión el diputado Jari Dixon.
Uno de los vicepresidentes del Congreso, el diputado Denis Castro Bobadilla, dijo que teme que esto se convierta en el beneficio a otro Conadi, que fue beneficiar a personas que nunca le pagaron al Estado y todo porque tienen poder político.
La falta de debate se ha convertido en una constante en el Congreso, el diputado del PINU, Luis Redondo denunció que cuando intentó exponer sus argumentos al pleno de la sesión, el equipo de tecnología le quitó la palabra y acusó de ser una decisión antidemocrática por parte del oficialismo que dirige este poder del Estado.
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