La defensa de los 8 ambientalistas del municipio de Tocoa, Colón presentó ante el Ministerio Público de la localidad, un escrito para que esta institución desista su postura de mantener bajo la medida de prisión preventiva a los defensores de los ríos San Pedro y Guapinol.
En entrevista con Radio Progreso el abogado defensor Carlo Jiménez explicó que, no existen argumentos jurídicos para mantener a los ambientalistas en prisión. “Se ha demostrado durante el proceso que no existen pruebas suficientes para mantenerlos presos, y ahora con la novedad del nuevo Código Penal, hay más razones para exigir su liberación”, dijo el abogado.
El nuevo Código Penal entró en vigencia en un ambiente de ilegitimidad y está siendo aplicado por algunos sectores, especialmente los vinculados a la corrupción. “Aunque es un Código cuestionado, creemos que la justicia debe aplicarse por igual”, agregó haciendo referencia que los ambientalistas están presos para favorecer a la empresa Ecotek y la minera Inversiones Los Pinares, que gozan de una concesión para extraen óxido de hierro en el parque nacional Botaderos Carlos Escaleras.
“Con el nuevo Código Penal, los delitos por los que se persiguen a los ambientalistas cambian y sus penas se reducen considerablemente, dejando sin ningún asidero jurídico la medida de prisión preventiva”. Expresó Jiménez, indicando que el Ministerio Público debe hacer un análisis del escrito y comparecer ante la Corte de Apelaciones, para allanar a la solicitud de sustituir las medidas por otras menos gravosas para continuar el proceso.
Uno de los 8 ambientalistas presos en el caso de Guapinol es Jeremías Martínez, él lleva 18 meses recluido en el centro penal de La Ceiba, Atlántida. Los otros 7, llevan 11 meses encarcelados en Olanchito, Yoro, en medio de una crisis sanitaria por la pandemia Covid-19, poniendo en riesgo la integridad física.
A más tardar la próxima semana el Ministerio Público debe presentarse ante la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán con Jurisdicción Nacional, donde actualmente se encuentra el expediente para emitir un fallo. Aunque, la defensa sigue esperando que sea la Corte, quien resuelva dos recursos de apelación que fueron presentados en 2019, y que tuvieron que ser resueltos en un plazo de 48 o 72 horas.
El coordinador del Comité en Defensa de los Bienes Comunes Públicos de Tocoa, Colón, Juan López, expuso durante la presentación del escrito que el Ministerio Público ha sido incapaz de comprobar la supuesta culpabilidad de los ambientalistas, presos por capricho de la empresa extractiva propiedad de Lenir Pérez.
Las comunidades aglutinadas en el Comité advierten sobre la posibilidad que el Ministerio Público presente en los próximos días, un tercer requerimiento fiscal contra los líderes comunitarios y sociales que públicamente han denunciado los daños ambientales y sociales provocados por la minera.
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