A cinco meses de decretada emergencia nacional por la presencia del Coronavirus en Honduras y de procesos de adquisición de insumos y equipo para la atención médica, las investigaciones por actos de corrupción y mala gestión pública siguen sin enfocarse en funcionarios públicos de alto rango.
En ese sentido, juristas consultados por Radio Progreso señalan que las investigaciones en el caso de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) deben ampliarse hacia el Consejo Directivo de dicho ente y deducir responsabilidad penal a integrantes como Juan Orlando Hernández.
Hasta la fecha, ex funcionarios como Marco Bográn y actuales servidoras públicas como la ministra de finanzas, Rocío Tábora, y la ministra de salud, Alba Consuelo Flores se han presentado al Ministerio Público para rendir declaraciones, como parte de las diligencias investigativas que se asegura se emprenden desde la Fiscalía Especial de la Transparencia y Combate de la Corrupción Pública (FETCOP).
Sin embargo, para el ex fiscal del Ministerio Público, Omar Menjivar, la Fiscalía debe ampliar las acciones penales al Consejo Directivo de INVEST-H, puesto que es un órgano desconcentrado de la secretaría de gobierno: “es decir, depende de la presidencia de la república y la ley establece que ninguno de esos contratos se va a ejecutar si no tiene la autorización expresa del presidente la república, entonces la investigación debe subir hasta allá –al presidente-, qué responsabilidades tuvo”, cuestionó el abogado.
Menjivar indica que en la adquisición de los siete hospitales móviles se pueden identificar los tipos penales de malversación de caudales públicos, fraude y suplantación de la identidad de personas jurídicas.
El ex fiscal general de la república, Edmundo Orellana Mercado, reitera que el Ministerio Público está en la obligación de avanzar las responsabilidades a las “esferas altas de la administración” y resalta que en los documentos se establece claramente que el mandatario Juan Orlando Hernández avaló las compras de los hospitales móviles, a través de INVEST-H.
“En dos documentos aparece claramente señalado el gobernante como la fuente de los mandatos que sirvieron para adquirir los hospitales móviles y para maquillar los informes que se tenían que presentar a efecto de dar por bien hecho lo que Bográn hizo”, puntualiza Orellana Mercado.
De acuerdo al octavo informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), titulado “Corrupción en Tiempos de COVID-19”, el costo real de los siete hospitales móviles, gestionados por INVEST-H a través del empresario guatemalteco Alex López, es de 14 millones 925 mil dólares y no de 47 millones 462 mil dólares como lo indican las autoridades de gobierno.
Por su parte, la jueza de sentencia, Gracia María Bertrand, señala que el Ministerio Público y la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, de acuerdo a los presupuestos legitimadores, ya cuentan con los requisitos para presentar un requerimiento fiscal contra los funcionarios y ex funcionarios de INVEST-H.
“Con todo este legajo de pruebas ya tenemos claro que hubo actividad irregular, ya tenemos claro las personas que pudieron haber participado, las personas del Consejo Directivo de INVEST-H y la participación de la ministra Rocío Tábora, quien autorizó el desembolso para hacer la compra de los hospitales móviles”, apunta la jueza Bertrand, enfatizando que todas las “piezas del ajedrez están formadas” para incoar el requerimiento fiscal.
En las últimas horas, el CNA dio a conocer que presentó ante la Fiscalía de turno una denuncia contra el ex director de INVEST-H, Marco Bográn, por los supuestos delitos de fraude y abuso de autoridad en la adquisición de los siete hospitales de aislamiento móviles y las plantas de tratamiento de desechos.
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