Con el olor del elote tierno, y el sabor de los aguacates que dan frutos en agosto, hace dos años las comunidades del sector Guapinol en Tocoa, Colón, instalaron un campamento para rechazar una empresa minera que llegó sin su consentimiento.
A la toma le llamaron Campamento por el agua y la vida. Este agosto también se cumplen once meses desde que 8 defensores de estas comunidades guardan prisión ilegalmente en el centro penal de Olanchito, Yoro.
Desde la instalación del campamento se inició la defensa digna y legítima del territorio frente a las actividades de la empresa minera Inversiones Los Pinares, propiedad del empresario Lenir Pérez y su Ana Facussé, que ya ha provocado graves daños ambientales en la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras, antes conocido como Montaña Botaderos.
A pesar de la oposición de la comunidad y el municipio en general, estos empresarios por el nivel de influencias y poder económico se han encargado de torcer la justicia y la institucionalidad para avanzar con la instalación del proyecto y mandar a la cárcel a quienes hacen uso del legítimo del derecho a la protesta.
Los dos años de instalación del campamento digno por el agua y la vida, han estado marcados de represión, intimidaciones, corrupción, abusos de poder, encarcelamiento, pero también de solidaridad, compañerismo, conciencia, arte y espiritualidad.
Juana Zúniga, luchadora del sector Guapinol, dice que la comunidad históricamente ha sido muy tranquila, sin embargo, fue necesario que dañaran el río para que se levantara en defensa de los bienes naturales. Es así, como decidieron emprender la lucha a través de firmas, plantones en la calle y luego la instalación del campamento el 1 de agosto del 2018, mismo que duró 88 días.
“Era un campamento donde aprendimos a vivir en familia, a solidarizarnos unos con otros a pesar del peligro que se vivía. La experiencia del campamento fue algo inolvidable porque nos enseñó a vivir en comunidad”, comenta Juana Zúniga.
Para la luchadora, el Estado hondureño trata de callar y opacar la lucha a través de múltiples estrategias, sin embargo el pueblo está indignado con tanta injusticia que se está viviendo en el país. Comenta que tienen claridad que la justicia está parcializada con los grandes empresarios, y no con quienes luchan por la defensa del agua y la vida.
Juana, quien tiene a su compañero de vida, José Abelino Cedillos, preso junto a los otros 7 luchadores en Olanchito, Yoro, señala que la lucha no terminará con la libertad de los encarcelados. Por el contrario, será una fortaleza más para seguir peleando en defensa de los bienes naturales en la zona.
Fortalecimiento de lucha
Leonel George miembro del Comité para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, y quién también estuvo preso el 2019 junto a 12 ambientalistas más; explica que, como en el resto del país, en el departamento de Colón se han venido gestando una serie de proyectos que son lesivos contra la vida, dignidad y los derechos de la ciudadanía.
Los procesos de entrega de lo público iniciaron con la privatización de la salud, y han avanzado hasta la privatización de los bienes comunes de la naturaleza que han sido concesionados sin el visto bueno de las comunidades.
El ambientalista explica que, existe una preocupación enorme porque hay más de 3,500 hectáreas concesionadas en ese Parque Nacional, que vendrían a destruir las zonas productoras de agua. Las mismas deberían ser protegidas por el Estado, sin embargo, se ha prestado para el otorgamiento de licencias y concesiones.
“En todo eso nos hemos encontrado con una institucionalidad totalmente al servicio del poder económico; tenemos al Congreso Nacional que se prestó para modificar la zona núcleo y poder entregar concesiones; un Ministerio Público que no hace caso a las denuncias presentadas por la ciudadanía y por las organizaciones, pero sí corre cuando la empresa minera le pide que judicialice a los defensores y defensoras. Un Poder Judicial que nos persigue como a criminales a gran escala”, concluye Leonel George.
El proceso de lucha de las comunidades en el sector Guapinol constituye un ejemplo de dos elementos que rodean las luchas sociales en Honduras. Por un lado, la ineficacia de las instituciones para proteger los derechos humanos y dar respuestas adecuadas a las poblaciones que reclaman su derecho a vivir en un medio ambiente sano, por lo que, ven en la protesta un mecanismo para llamar la atención de las autoridades y lograr soluciones a sus demandas.
Por otro lado, la existencia de una política de criminalización que busca tergiversar deliberadamente los hechos para sancionar reivindicaciones o la labor de las personas defensoras de derechos humanos, y de esta forma reducir al mínimo la presión de los sectores sociales y la crítica pública, que son fundamentales en una sociedad democrática.
En ese sentido, el abogado Edy Tabora, miembro del equipo de defensa legal de los pobladores y pobladoras, opina que lo que está ocurriendo en Guapinol generalmente se categoriza como un conflicto, pero lo que se tiene es la imposición de un proyecto de manera fraudulenta y corrupta frente a las comunidades que están luchando por defender el agua y la vida.
Entender la lucha de Guapinol desde el tema estructural implica tocar algunos elementos que se observan en cualquier parte de Honduras, donde los mecanismos para imponer proyectos fraudulentos y corruptos son los mismos, dice.
“En la práctica lo que vemos es que el modelo extractivo y político de concentración de poder necesita algunas herramientas para garantizar el despojo. Por ejemplo, militares y policías contra los defensores que luchan pacíficamente. Es decir, hacen uso de herramientas que han sido legalizadas por el Congreso Nacional, donde no solo vemos que se reduce la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras, para que se permitan concesiones en el área protegida, sino que, también tenemos que el mismo Congreso que aprueba un Código Penal como mecanismo y herramienta para controlar a los defensores y defensoras”, señala.
A partir de ahí, el abogado Edy Tabora identifica varios puntos que son clave en la búsqueda de justicia para Guapinol. Primero, es necesario la cancelación de la concesión; segundo, la cancelación de la licencia ambiental que fue otorgada cambiando los dictámenes originales del Instituto de Conservación Forestal (ICF), que decía que no podían ser otorgadas.
También señala que es importante que se promueva el trabajo de los defensores y defensoras de Guapinol, además que deben cerrarse las acusaciones en su contra. Es importante decir que no solo implica la libertad de los ocho luchadores que están privados de libertad, sino el cierre total de los dos procesos judiciales que hay en contra de los defensores. Además, que el Ministerio Publico debe abstenerse de seguir criminalizando.
En ese camino hacia la justicia el Estado debe de investigar y sancionar a los agresores de la Montaña Botadero y de los defensores y defensoras.
En caso de los delitos cometidos contra los defensores y defensores y defensoras están: atentados contra la vida, amenazas, difamaciones, detenciones ilegales, abuso de autoridad, acusación falsa, etc.
El abogado Tabora concluye haciendo el llamado a la humanidad en general que acompañé la lucha de Guapinol porque están en serio peligro, no solo de la privación de libertad sino de atentados contra su integridad física.
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