** Contribuyen al saqueo de la Secretaría de Salud compras de equipos e insumos muy por encima de los valores de mercado, la fragmentación de las adquisiciones para saltarse procesos de licitación más transparentes y los nombramientos políticos y “de dedo” en hospitales y regiones sanitarias.
El 17 de junio de 2020 el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción de Tegucigalpa condenó a 1,042 años y seis meses de reclusión a la señora Doris Obdulia Gradiz Sevilla, exempleada de la Secretaría de Salud, por cometer 139 delitos de fraude al malversar más de 10,276,000.17 de lempiras (415,834 dólares) que se habrían entregado a 89 falsos estudiantes de Medicina.
La Secretaría de Salud paga becas a los estudiantes de séptimo año de Medicina (internados) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y a algunos médicos que estudian especialidades (residencias). Pero esos fondos no llegaron a sus destinatarios porque Gradiz Sevilla los desvió a bolsillos particulares.
Su caso es solo un ejemplo de cómo la corrupción saca dinero hasta de los programas y proyectos más improbables de la salud pública. Lo sustraído por Sevilla es poco comparado con lo que se roban empresas grandes y pequeñas mediante recursos como la sobrevaloración de precios en las compras o el fraccionamiento de estas para eludir las licitaciones públicas.
La corrupción es tan grande que, según el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA, una ONG de la sociedad civil), entre el 2015 y el 2018, auditaron transacciones del sistema de salud por 597.6 millones de lempiras (24.2 millones de dólares) y encontraron perjuicios para la administración pública por 293.6 millones de lempiras (11.88 millones de dólares). Concluyeron que el daño al erario fue de un 49%, “es decir, de cada cien lempiras, los corruptos nos roban 49 de la Secretaría de Salud”, explicaron.
La exministra de Salud, Roxana Araujo, reconoce que “el tema de la corrupción está tan arraigado que ha puesto en peligro y ha cobrado vidas humanas de pacientes que se han visto con la negativa de la administración de un medicamento, porque el sistema de salud no se lo provee, porque no les interesa comprar ese medicamento, porque no hay ninguna ganancia”.
EL NEGOCIO DE LA SOBREVALORACIÓN
De acuerdo al análisis del CNA uno de los recursos más frecuentes para saquear la Secretaría de Salud es la sobrevaloración de precios en los medicamentos, insumos y equipos. “Se ha podido identificar que existen medicamentos que su acrecentamiento constituye hasta un 1000% del costo unitario del medicamento o insumo médico”, señala.
Julieta Castellanos, exrectora de la UNAH, entidad que tuvo a cargo la administración del Hospital Escuela durante seis años (2012-2018), apunta que al principio de su administración notaron la diferencia entre los precios de mercado y los que ofrecían al centro médico en rubros como las medicinas y los alimentos, por lo que convocaron a sus proveedores a una reunión para consultar el por qué, y qué se podía hacer para revertir la situación.
“Entonces nos explicaron que parte del problema era que las autoridades de la Secretaría (de Salud) y del hospital les pedían coima (soborno). Pedían coima para recibir las ofertas de sus productos, les pedían coimas para pagarles y si no pagaban (las coimas) entonces nunca les hacían el trámite para el pago. Ese cobro de coimas llegaba hasta la Secretaría de Finanzas, hasta la Tesorería General, que es donde ellos cobraban”, explicó la académica.
Es decir, no era solo un pago a una persona en particular, sino que debían pagar en cada oficina y en cada fase del proceso por donde pasaba la documentación, desde que se presentaba la oferta hasta cuando se consumaba la venta y se pagaba lo adeudado.
Otro de los argumentos para subir los precios era por los retrasos en los pagos por parte del gobierno, de hasta seis meses y un año. Varios proveedores aseguraban que operaban mediante préstamos bancarios y los atrasos les generaban altos intereses y recargos.
Una vez reconocido el problema se dispusieron a solucionarlo al solicitar fondos a la Secretaría de Finanzas y una vez con ese dinero en la bolsa hacían las compras sin intermediarios en las Secretarías de Salud y Finanzas. Cuando la UNAH dejó de administrar el Hospital Escuela, en el 2018, declararon un ahorro superior a los 420 millones de lempiras (16.8 millones de dólares). “Eso obviamente disgustó a las mafias locales que había tanto en el hospital como en la Secretaría (de Salud) y en Finanzas”, dijo Castellanos
El éxito fue temporal y el problema persiste. La exministra Araujo califica el problema de la sobrevaloración como algo “trillado, triste” y que ha ensombrecido el quehacer de la Secretaría de Salud a lo largo de su historia. “Es un modus operandi, de una mafia enraizada que viene de hace más o menos 40 años, que se viene visualizando este problema de la corrupción, sobre todo en la sobrevaloración de equipos médicos, de insumos y de medicamentos”.
Araujo urgió al gobierno a encontrar mecanismos apropiados en las Secretarías de Salud y Finanzas para que veedores independientes y probos asignen las licitaciones, evitar dilaciones en los pagos y bloquear así el camino de las coimas.
Reconoció que hay “personas que han expuesto su vida por denunciar la corrupción dentro de las instituciones y esto ha molestado a personas que viven de ese famoso porcentaje, de esa coima, de esa desgracia que llegó a la institución de salud hace muchos años y que aún persiste, no se ha liberado de ese yugo tan nefasto como es esa sobrevaloración en el equipo médico, en los insumos”.
COMPRAS FRACCIONADAS
En el 2018, el Consejo Nacional Anticorrupción presentó ante el Ministerio Público un informe investigativo realizado entre el 2010 y el 2015 en el cual se encontró que la Secretaría de Salud había entregado 221 órdenes de compra a siete sociedades mercantiles que vendieron medicamentos, material médico quirúrgico y equipos médicos a través de las modalidades de compras menores y licitaciones privadas.
El total de las compras sumaba 45,422,491.53 de lempiras (1,830,081.27 de dólares). Sin embargo, para saltarse las licitaciones públicas (donde cualquier empresa podría participar y así poner en riesgo el negocio), fraccionaron las compras de modo que cada una no superara los 450,000 lempiras, que era el límite en ese momento para hacer compras directas o licitaciones privadas.
La investigación reveló que las siete empresas involucradas tenían vínculos familiares entre sus socios o apoderados legales, y que al final el perjuicio económico por sobrevaloración de precios en las 221 compras fue de 27,293,724.29 lempiras (1,099,669.61 dólares). Es decir, se robaron 60.08 lempiras por cada 100 que gastaron.
Este caso de fraccionamiento no es una excepción, sino una práctica frecuente. Según el CNA, este mecanismo permite “a ciertos administradores y directores de hospitales o jefes de almacén la suscripción de contratos con empresas vinculadas a personas muy cercanas a ellos o sociedades mercantiles dedicadas a otorgar regalías por la adjudicación de contratos”.
La doctora Araujo señala que “mientras no se cambie la manera de adquisición en la Secretaría de Salud siempre habrá delito con el fraccionamiento, habrá un porcentaje de personas encargadas de la administración que lo hagan sin fines de lucro, pero habrá muchos otros que lo hagan con un fin de lucro. Al final caen en el mismo renglón, que es una compra irregular, que es prohibida, independientemente de si es para salvar o no la vida de una persona”.
Agrega que a este problema se añade que muchas empresas son de “maletín”, que han venido funcionando “y en muchas licitaciones estas empresas fueron beneficiadas con millones y millones de lempiras, sobre todo en el área de medicamentos y material médico quirúrgico”.
INESTABILIDAD Y DESORDEN
En Salud calza el dicho aquel: “En río revuelto ganancia de pescadores”. En los últimos tres gobiernos han pasado por la Secretaría de Salud al menos doce secretarios de Estado. Además, aunque hay leyes que ordenan hacer concursos para designar a directores de hospitales y regiones sanitarias, en algunos de estos sitios no se hacen desde hace al menos 12 años y los nombramientos son de “dedo”, potestad de diputados, ministros y presidentes, pues el beneficiado debe responder a las instrucciones que le den.
La exrectora Julieta Castellanos reconoce que la Secretaría de Salud es “muy inestable por los intereses políticos”, pues las personas que se instalan en cargos de dirección pueden, desde su posición, “favorecer a los proveedores de medicamentos” y otros equipos.
Para Castellanos, esto “significa que hay un choque de intereses económicos y políticos que impiden que esa Secretaría de Salud pueda realmente rectorar el sistema de salud”.
A manera de ejemplo, en la actual emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19, la gran ausente en esta rectoría es la secretaría de Salud. El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández ha fraccionado sus funciones al nombrar al canciller, Lisandro Rosales, como comisionado especial para atención de emergencia COVID-19, quien junto al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager), lideran las decisiones a tomar. Y así se han nombrado representantes de la emergencia para el sector de la zona norte y para el centro, en especial del departamento de Francisco Morazán, donde se encuentra la capital. Todos ellos deciden, y la titular de Salud, una pedagoga de profesión, tiene cada vez un rol menos protagónico y de dirección gerencial. El manejo de la pandemia, en el área de la Salud, es manejado por muchas cabezas, en tanto el manejo de los recursos financieros se ha concentrado en otras dos instituciones y no necesariamente en la Secretaría de Salud. Esas instituciones son Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) y el Comité Permanente de Contingencias (Copeco).
Actualmente, ambas instituciones son objeto de investigación por los entes de control, el Tribunal Superior de Cuentas (auditorías especiales) y el Ministerio Público (11 líneas de investigación por presunta corrupción), al trascender la reproducción del mismo patrón de las redes de corrupción en salud mediante compras sobrevaloradas, empresas fantasmas, violación de la ley de contratación del Estado, entre otros. Estas compras se relacionan con insumos, equipo médico y biomédico, así como la construcción de hospitales móviles.
La doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras, dice que históricamente se respetó la “carrera administrativa” mediante la cual cada dos años un médico de base podía optar mediante concurso a un cargo administrativo e ir escalando. Primero para ser jefe de sala, luego a la jefatura de servicios, jefatura de departamento hasta llegar a la dirección de un hospital.
“Eso dejó de ser así a raíz de cuestiones políticas. Más o menos, creo que el último concurso en el Hospital Escuela fue en el 2008. Desde entonces todos los nombramientos son ‘de dedo’. Aquí nunca más hubo un concurso administrativo y es lo que hemos estado pidiendo, que se hagan concursos para que la gente no sienta ese compromiso de acatar órdenes”, dijo Figueroa.
MICROCORRUPCIÓN
“El problema más grande de corrupción es el que se da a más alto nivel, pero cuando hay corruptos en el más alto nivel se permite la corrupción en los niveles intermedios y en los niveles bajos”, refirió la exrectora y socióloga Castellanos.
Una muestra de esa corrupción en los estratos bajos se observó en el Hospital Escuela, cuando cambiaron el método de pago de los pacientes. Los hospitales públicos cobran una pequeña cantidad por los servicios prestados y quien recibe ese dinero es un empleado público, pero en algún momento en el Hospital Escuela se dispuso que ese dinero se depositara en una cuenta bancaria para un mejor control y transparencia.
Así, la colecta pasó de 35,000 lempiras (1,418 dólares) a 80,000 lempiras (3,241 dólares) mensuales. “Mucha gente se vio perjudicada, entre comillas, porque esa diferencia de 45,000 (1,823 dólares) o 50,000 lempiras (2,026 dólares) al mes alguien dejó de percibirlos. Eso obviamente creó malestar en alguna gente. La lucha en el país (por las) personas que quieren mejorar las cosas, es dura”, dijo Castellanos.
Corrupción, dijo, es también cuando hay algunos médicos que llevan a sus pacientes de la clínica privada a hacerse exámenes al hospital público, otros que tienen plaza en un centro médico rural pero se quedan en la ciudad o aquellos especialistas que reciben sueldo por turnos nocturnos pero no van y solo atienden vía teléfono, recargando el trabajo en sus subalternos.
“Entonces hay que lidiar con un sistema de salud, con la corrupción del más alto nivel, de políticos y grandes empresarios que abastecen el sistema de salud, con los proveedores de servicio, que venden servicios de tomografía, de análisis clínicos y hasta con dirigentes gremiales que son corruptos y sustraen medicamentos”, concluyó Castellanos.
Un informe sobre el desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), elaborado por una junta interventora, coincide con lo aseverado por Castellanos, al destacar que los desmanes en esa institución no solo fueron a nivel de compras, medicamentos o contratos, también a lo interno con canonjías y una serie de privilegios en una institución que ya arrastraba números rojos. Los gremios ahí representados gozaban de jugosas dietas, pagos de combustibles disfrazados de facturas de viáticos, meriendas, postres y hasta los tres tiempos de comida, eran parte de esas subredes de tráfico de influencias en el IHSS, que a la larga, es un retrato del modus operandi en un colapsado sistema de salud en Honduras.
Expediente Público / julio 29, 2020
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