El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) del municipio de Tocoa, departamento de Colón, que lucha bajo por el agua y la vida, bajo un ambiente de criminalización y estigmatización por parte del actual régimen, ha sido acreedor al premio Letelier Moffitt correspondiente al año 2019.
Esta será la 43 edición de la entrega de los Premios Letelier-Moffitt de Derechos Humanos que tendrá lugar el 3 de octubre a las 5.30 pm en el Instituto Carnegie de Washington, DC, Estados Unidos.
La página web https://ips-dc.org/about/letelier-moffitt-human-rights-awards/ informó sobre este importante galardón que nuevamente recae en defensores y defensoras de derechos humanos de Honduras.
En esta ocasión ha sido seleccionado el comité que ha estado acompañando muy de cerca el caso de Guapinol, donde 8 de sus miembros guardan prisión por defender el agua frente a la amenaza que representa para los ríos Guapinol y San Pedro, la extracción minera ejercida por Inversiones Los Pinares. Del total de 32 criminalizados por el régimen, 7 están recluidos en La Tolva y 1 en el Centro Penal de La Ceiba.El sitio web destaca la lucha emprendida por el Comité Municipal en Defensa de los bienes comunes y naturales de Tocoa, Colón, un comité conformado por representantes de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR), la Parroquia de Tocoa y diversas comunidades, entre ellas Guapinol.
Este premio es un reconocimiento para aquellos defensores que están sufriendo en estos momentos los impactos de este sistema, donde el régimen está persiguiendo a defensores en el caso de Guapinol y del sector San Pedro, dijo a www.defensoresenlinea.com Juana Esquivel de la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR).
Este premio es una contradicción, agregó Esquivel, porque da una esperanza saber que otros países, otras regiones está reconociendo esa labor y la importancia que es defender el agua y la vida, mientras que hay un estado al que pertenecés, que te está criminalizando; entonces eso le da un mensaje al estado de Honduras que tiene que valorar y reconocer la labor de las personas que está defendiendo el agua, el ambiente, los bosques y las montañas en este país.
Sobre los privados de libertad, Esquivel expresó que “en primera instancia nosotros estamos demandando las condiciones mínimas que ellos deben tener para salvaguardar su seguridad y su vida, pero nuestra exigencia es la liberación de los 8 compañeros que están encarcelados por defender el agua y la vida”.
El equipo de defensa de los criminalizados por Guapinol, ha interpuesto 2 recursos de Hábeas Corpus con el fin de que se revisen las medidas que se consideran ilegales y arbitrarias y que condujeron a la encarcelación de los defensores del ambiente, considerados como presos políticos.
Comite-de-defensa
“En este proceso estamos, exigiendo continuamente la liberación de los compañeros y la cancelación de los proyectos mineros en el área protegida Parque Nacional Montaña Botaderos “Carlos Escaleras” en Tocoa, Colón”, sostuvo la defensora de derechos humanos.
Son 32 defensores y defensoras del agua y la vida, las que enfrentan procesos judiciales, los cuales están distribuidos en 2 expedientes judiciales. Los procesados enfrentan injustamente, delitos graves como asociación ilícita y privación injusta de la libertad.
Se está queriendo vincular a los defensores que se organizan alrededor de esta labor de defensa de los territorios con bandas criminales, eso es grave, y está sentando un precedente muy delicado para los defensores en Honduras, así como también que estén llevándonos a juzgados de jurisdicción nacional como el delito de usurpación, explicó Esquivel.
Entonces yo creo que este es precedente sobre el cual las organizaciones debemos mantenernos en alerta, unirnos, juntarnos y hacer la lucha porque no puede seguir pasando esto en mi país”, sostuvo.
“Hay familias que históricamente han escrito una historia de violencia en la zona, la siguen escribiendo y la siguen ratificando con la complicidad del estado, el estado tiene mucha responsabilidad en este conflicto que se ha generado alrededor de todo este concesionamiento de territorios y el mismo conflicto agrario en el Bajo Aguán”, apuntó la entrevistada.
El Premio de Derechos Humanos Letelier-Moffitt (Letelier-Moffitt Human Rights Award) es un premio otorgado anualmente desde 1978 por el Institute for Policy Studies (IPS). Se concede a aquellas personas e instituciones que defienden la causa de los derechos humanos en América.
El Premio de Derechos Humanos Letelier-Moffitt conmemora a Orlando Letelier y Ronni Moffitt, quienes fueron asesinados el 21 de septiembre de 1976 en Washington por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, bajo el régimen del dictador Augusto Pinochet.
Otras personalidades hondureñas en el ámbito de la defensa de los derechos humanos han sido galardonadas con el premio Letelier-Moffitt.
Para el caso en octubre de 2010, la presea fue recibida por Bertha Oliva, Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) a nombre de la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras, que estuvo integrada por el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) y FIAN de Honduras
En 1996 el galardón fue para el Dr. Leo Valladares Lanza (ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos) y en 1984 se le otorgó al Dr. Ramón Custodio, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH).
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