Rebelión
Por Guido Eguigure
A inicios de septiembre, cuatro prestigiosos organismos internacionales dedicados desde diferentes perspectivas al trabajo por los derechos humanos publicaron el documento “Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética de Honduras: Un Perfil de Roberto David Castillo Mejía”. Este significativo documento describe con lujo de detalles las tramas de la corrupción, crimen, impunidad y la vinculación de sectores empresariales, institucionales y criminales en el asesinato de Berta Cáceres. Trataré de resumir en este breve artículo los elementos que considero deben resaltarse para comprender que, tras el asesinato de Berta, hay un complot criminal que involucra a personajes de esas esferas al mas alto nivel. La impunidad que hasta ahora se ha ido configurando responde al poder de sus actores.
Este 25 de septiembre continuaría la audiencia inicial del juicio contra David Castillo acusado como autor intelectual en el juicio por el caso Berta Cáceres. Unas horas antes fue suspendida por solicitud de la defensa, sin explicar porque no podrían asistir. Por una serie de recursos legales interpuestos por su defensa se había suspendido hace ya varios meses. El indiciado es nombrado como el vínculo vivo entre los sicarios y los autores intelectuales del asesinato de la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres, hecho sucedido el 2 de marzo de 2016 que conmovió a Honduras y al mundo entero, ya que Berta era una lideresa indígena y ambientalista reconocida internacionalmente por sus luchas.
Como sucedió también en los casos de Carlos Escaleras en el Aguan o Carlos Luna en Olancho, el caso de Berta presenta una interminable trama en la que sectores poderosos -ocultos tras la impunidad que les permite el control y la cooptación del estado que han ejercido desde que se constituyeron en grupos de poder factico- manipulan a su antojo la justicia. Hasta ahora, pese al enorme cúmulo de evidencias documentadas por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), y ahora por estas cuatro organizaciones internacionales, la búsqueda de justicia se ha topado con un enorme muro de impunidad.
Para los que nacimos y crecimos en Honduras, no es noticia que los poderosos sean intocables, lo nuevo es el cinismo y la reiteración con que ocurre. La historia registra cada vez con más frecuencia, cómo la justicia es parte integral de ese mecanismo poderoso que segrega toda la sociedad hondureña, construido con paciencia y mucho dinero por las elites es el responsable de lo que hoy tenemos como país. La desigualdad es el resultado mas visible que no sólo se expresa en la espantosa distribución de la riqueza y la extensión masiva de la pobreza, sino que permea todos los ámbitos de la vida publica y privada. La justicia es uno de los sectores mas visibles donde se muestra el poder que ejercen las elites.
El caso de Berta ejemplifica claramente la colusión de la institucionalidad pública con el poder factico. Los intrincados mecanismos a través de los cuales se escuda la impunidad, son finamente tejidos por las redes que incluyen funcionarios de todo nivel, empresarios medianos y grandes y hasta capos del crimen organizado. Poco a poco van emergiendo las informaciones que desnudan las turbias conexiones que no dejan lugar a dudas para concluir que estamos viviendo tiempos difíciles en los que una mafia criminal se ha apoderado del país.
David Castillo es sin dudas, el eslabón de una cadena que se sospecha, conecta a quienes realizan el trabajo sucio cometiendo horrendos crímenes y aquellos que visten impecables trajes de etiqueta, llenan las revistas de sociedad y dan las órdenes. No deja de sorprender los alcances de la trama criminal que acabó con la vida física de Berta.
Las pruebas que conectan a David Castillo con el asesinato de Berta son contundentes, incluidos los registros de las llamadas telefónicas, los registros de mensajes de texto entre él y datos intercambiados con dos de sus empleados Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, quienes se sabe coordinaron el asesinato. Bustillo recibió dinero después del mismo, sin tener como justificarlo ya que estaba desempleado en ese momento. Un día antes del crimen, los mensajes de texto revelaron que tendría lugar una reunión en la que David Castillo proporcionaría dinero a Bustillo para cometer el asesinato. Pese al cúmulo y la contundencia de las evidencias, la injusticia continúa.
David Castillo tiene un historial, un perfil muy insólito y tenebroso, con muchas más interrogantes que respuestas, al menos por ahora. Su pasado incluye estudios en la que se considera la más prestigiosa academia militar estadounidense; un período fugaz por las fuerzas armadas como oficial de inteligencia con baja deshonrosa incluida; un historial casi fantástico de empresario que se construyó paralelo a su permanencia en el cuerpo castrense, al que vendió computadoras sobrevaloradas desde una empresa de su propiedad; de igual forma, en el mismo período fue empleado de la ENEE, a nombre de la cual fue comisionado para negociar -no sabemos en que cuantía- contratos con la mega empresa brasileña Odebrecht, célebre por su grave violación de leyes en América Latina al utilizar sobornos de millones de dólares a funcionarios públicos para recibir aprobación de redituables contratos. Recientemente la MACCIH investiga posibles sobornos de esa empresa brasileña a funcionarios hondureños relacionados con los proyectos hidroeléctricos Jicatuyo y Los Llanitos.
El historial de este criminal no acaba aquí. Se ha publicado que estableció en el mismo período y un poco más adelante al menos ocho empresas entre las que sobresalen DESA, PEMSA Honduras y PEMSA Panamá, esta última cómo es de imaginarse se hizo mediante el mecanismo Offshore lo que imposibilita el rastreo de sus socios y financistas. Otra de las empresas que sobresale es PRODERSSA, empresa que fue incautada en 2018 por su vinculación con la poderosa banda de narcotraficantes conocida como Los Cachiro. Esta empresa recibió inversión de Scatec Solar y del fondo de inversiones noruego Nordfund para el proyecto Fotovoltaico Agua Fría en Nacaome. Transferencias de títulos de tierras de esta empresa posteriores a su encarcelamiento, le brindaron ingresos millonarios a David Castillo y sus asociados.
Otra de sus empresas, Concretos del Caribe SA, realizó pagos mensuales a Sergio Rodríguez -uno de los enjuiciados presos por el caso del asesinato de Berta- hasta al menos, diciembre de 2016. Tratar de hilvanar esta trama maquiavélica seria infructuoso sino tuviéramos como telón de fondo el extractivismo como política de estado, donde confluyen grandes intereses corporativos transnacionales, los grupos de poder fáctico hondureños desnacionalizados, las castas de servidores públicos ahora privatizados, militares del ejercito que ya no es nacional y las bandas criminales que se pavonean en las mas altas esferas del poder en nuestro mancillado país.
El extractivismo nos lo han querido vender como la panacea, sin embargo, ha dejado una estela de muerte, luto, dolor, destrozo ambiental, desplazamiento y exilio. El discurso de la energía limpia con el que se llenan la boca los empresarios criollos y los funcionarios públicos, es más sucio que cualquier cloaca, pues quedan demostrados los alcances criminales con que se han establecido, financiado y operado estos proyectos. Además, nunca en la historia nacional se ha confirmado que proyectos empresariales han sacado de la pobreza a la población donde se instalan. El extractivismo no sólo no hace eso, sino que destruye los medios de vida, el acceso al agua, al bosque, a un ambiente sano, es decir destruye el futuro de las nuevas generaciones que merecen todo nuestro esfuerzo.
Este modelo está impulsado por organismos financieros internacionales, grandes corporaciones transnacionales, elites criollas, funcionarios e instituciones públicas y bandas del crimen organizado, todos con el mismo propósito de saquear las riquezas del país a como dé lugar. Como podemos apreciar, son enormes intereses. Es por esto que resulta tan dura la lucha por la defensa de los bienes comunes y por la misma razón es que la búsqueda de justicia para quienes han resultado victimas del modelo es cuesta arriba. David Castillo no actuó en solitario. Es parte de una cadena que vincula sectores poderosos a los que no les importa la legalidad, la corrupción y el crimen, con tal de satisfacer sus mezquinos intereses.
El juicio contra este criminal continúa enfrentando trabas que muestran cómo las elites controlan la institucionalidad pública y como se cubren con todos los medios con que cuentan para no ser enjuiciados, pese a todas las evidencias. Hoy 25 de septiembre se canceló el reinicio de la audiencia inicial que ya había sido suspendida por recursos interpuestos por la defensa. Esta vez los abogados defensores ni siquiera argumentaron por qué no podían asistir a la audiencia. Quedan seis meses para que se venza el plazo legal para que el criminal sea enjuiciado, mientras tanto, la indolencia, la complicidad y el cinismo parecen ser la carta que juegan quienes son responsables ante la sociedad por la búsqueda de la justicia como bien público.
Quedan muchísimas interrogantes, algunas que quizá nunca podremos responder. Pero también queda la certeza de quienes están detrás de los crímenes y violaciones que sufren quienes defienden la vida frente a un modelo de contaminación y muerte. Berta tenía mucha claridad pues sabia el nivel de los intereses a los que se enfrentaba, el costo que podría pagar por su lucha y decidió asumirlo. Su desaparición física y la lucha por la justicia en su caso es un punto de inflexión en la lucha por los derechos humanos. La lucha por la dignidad de este pueblo que esta harto de que se le juzgue, se le mancille y se viole sus derechos con total impunidad está en juego y es nuestro deber hacer todo lo posible porque se respete.
¡Justicia para Berta! ¡No más impunidad!
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