Representantes del Comité Ambientalista en la entrega del premio.
¡Que viva la solidaridad, el abrazo rebelde y la lucha por la vida! ¡Que viva la esperanza y la rebeldía de las comunidades, a quienes corresponde el presente premio que hoy recibimos!», expresaron integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, al recibir el premio otorgado por el Institute for Policy Studies en Washington, Estados Unidos.
Por su lucha en defensa del Río Guapinol y la Montaña Carlos Escaleras, el Comité Ambientalista, es reconocido con el premio internacional Letelier Moffitt, otorgado a aquellas personas e instituciones que defienden los derechos humanos en América.
El Premio Letelier-Moffitt honra al exembajador chileno Orlando Letelier y a su asistente estadounidense Ronni Karpen Moffitt, asesinados por encargo de la dictadura de Augusto Pinochet en un carro bomba en Washington, el 21 de septiembre de 1976.
Conflicto
El sector de Guapinol y San Pedro en Tocoa, enfrentan un proceso de criminalización, hostigamiento y amenazas. 32 de sus habitantes han sido acusados de 8 delitos, entre ellos asociación ilícita, por oponerse a la instalación de la empresa minera Inversiones Los Pinares. 8 de los defensores están presos acusados por los delitos de privación injusta de libertad e incendio agravado.
«Desde ésta capital, donde se decide el futuro del planeta y la humanidad, desde aquí levantamos nuestra voz de protesta frente al orden económico, político, colonial y militar. Rechazamos el apoyo que el gobierno estadounidense da al gobierno de Honduras, que pone en peligro a los defensores de los derechos humanos”, dijo durante la ceremonia de reconocimiento Juan López, integrante del Comité y uno de los criminalizados.
«En nombre de los compañeros presos políticos y sus familias, que defienden el agua y la vida, agradecemos este acto de solidaridad que nos fortalece y anima a luchar hasta vencer”, expresó Juana Zúniga, compañera de vida de José Abelino Cedillo, defensor del río que hace más de un mes está preso en la cárcel de máxima seguridad La Tolva en el departamento de El Paraíso.
Además del reconocimiento, el Comité desarrolló una gira en Estados Unidos, donde ha tenido la oportunidad de reunirse con organizaciones de derechos humanos y altos funcionarios del gobierno de Donald Trump, en los que figuran los senadores demócratas: Patrick Leahy, Chris Andrew Coons, Elizabeth Ann Warren, Jeff Merkley y Richard Joseph Durbin.
Juan López del Comité ambiental expuso ante los senadores la necesidad de una investigación profunda sobre la concesión minera otorgada Inversiones Los Pinares en un área protegida. “Y una investigación que devele las ilegalidades cometidas en el proceso judicial que mantiene a 8 personas encarceladas”, dijo en declaraciones a Radio Progreso.
Los senadores expresaron su preocupación sobre el riesgo, impunidad, control, manipulación política y económica sobre el caso Guapinol y las concesiones mineras en Tocoa, Colón. Los funcionarios estadounidenses se comprometieron desde sus facultades, a incidir para que en Honduras se respete el derecho al agua, la protesta y la vida. Y a estar vigilantes de lo que suceda en las comunidades de Tocoa afectadas con la mina.
El premio es otorgado por el Institute for Policy Studies en Washington.
Criminalización
A través de una comunicación oficial dirigida al Fiscal General Adjunto del Ministerio Público, el jefe de la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, abogado Gerry Yassar Valladares, reconoce la labor de defensoría de algunas personas del Comité Ambiental de Guapinol en Tocoa, pero asegura mantener una posición objetiva frente a las acciones ilícitas cometidas por algunos integrantes de la organización comunitaria.
En el escrito, el jefe de la fiscalía especial de derechos humanos argumenta que, los integrantes del Comité ambiental se han excedido en su derecho a la protesta. “Gozar de medidas de protección por parte del Estado, no debe entenderse como sinónimo de inmunidad frente a las acciones delictivas que pudieron ejecutar”, dice el escrito.
Este documento enviado al Fiscal Adjunto, es en base a la resolución que hizo el Consejo Nacional de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia el 30 de agosto, cuando desvirtuó el delito de Asociación Ilícita, al notificar que el Comité Ambientalista está en la categoría de defensores del ambiente, contemplado en artículo 43 de la Ley de defensoras y defensores.
Melissa Cardoza de la Red Nacional de Defensoras expresó en Radio Progreso su preocupación ante esas aseveraciones del fiscal especial de derechos humanos. “El fiscal jefe tiene un claro prejuicio de criminalización y condena contra el Comité, poniendo en mayor vulnerabilidad a los defensores del río que están presos en la Tolva”, dijo haciendo un llamado urgente a las organizaciones nacional e internacional, para pongan toda su atención en el caso de Guapinol.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el pasado 03 de octubre un informe sobre la situación de derechos en Honduras, el documento menciona al Comité Ambiental de Tocoa, y se exhorta al Estado a “investigar con debida diligencia las muertes ocurridas en el Aguán, así como los actos de amedrentamiento y desprestigio en contra de personas defensoras de derechos humanos”.
El informe, elaborado tras una visita a Honduras entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2018, explica que la Unidad Gubernamental de Muertes Violentas del Bajo Aguán, ha investigado 118 muertes ocurridas en relación al conflicto de tierras entre campesinos y empresarios, donde ahora se suma el conflicto ambiental por las concesiones mineras.
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