El Ministerio Público debe valorar la enfermedad e imputabilidad de Gustavo Adolfo Cáceres Ayala de 26 años, y presentar un desistimiento en el caso judicial contra él.
Así lo ha exigido este jueves el Comité por Liberación de los Presos Políticos en Honduras, durante un plantón frente al Ministerio Público en Tegucigalpa.
Gustavo Cáceres es un preso político recluido desde diciembre de 2017 en el Centro Penal de El Progreso, departamento de Yoro.
Cáceres se dedicaba a vender agua en bolsa en las diferentes calles de El Progreso, para la manutención de su madre y sus hermanos.
El 21 de diciembre de 2017, mientras esperaba autobús, fue detenido luego que la policía desalojara a un grupo de manifestantes que protestaban por el fraude electoral que dejó como ganador al dictador Juan Orlando Hernández.
La policía, sin investigaciones objetivas, lo acusó públicamente y judicialmente de portación ilegal de explosivos o material de guerra, de tráfico ilícito de droga en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras y la salud pública, y de pertenecer a la pandilla MS-13.
Este 28 de octubre en los Juzgados de El Progreso inicia el juicio Oral y Público contra Gustavo Cáceres, quien permanece preso desde diciembre de 2017 en el penal de El Progreso.
Durante estos meses la defensa solicitó en varias ocasiones revisión de medidas para que Gustavo Cáceres se defendiera en libertad, pero las mismas fueron negadas.
Cáceres es una persona que padece una enfermedad neuronal que le ha provocado deterioro orgánico a nivel cerebral, deterioro a nivel cognitivo moderado, retraso mental moderado, trastorno de lenguaje, emocionalmente ansioso y depresivo.
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