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Por Giorgio Trucchi
El 22 de septiembre fue detenida María Concepción Hernández, pobladora del caserío de Puerto Sierra, colindante con Playa Blanca, una de las 11 comunidades de la península de Zacate Grande en el sur de Honduras.
María Concepción, quien después de la detención fue trasladada al Juzgado de Letras del municipio de Amapala (Isla del Tigre), está siendo acusada por daños continuados y agravados en perjuicio del terrateniente Jorge Luis Cassis Leiva.
Antecedentes
La situación económica de las familias de Puerto Sierra es muy precaria y las personas sobreviven fundamentalmente de la agricultura y la pesca. Limpiar un predio abandonado y acondicionarlo como estacionamiento vehicular para las personas que en temporada de verano visitan las playas, fue entonces una forma para complementar los escasos ingresos.
A partir del 2015 los veraneantes comenzaron a llegar a parquear sus vehículos. Las cosas iban bien para las 45 familias que se habían involucrado en el pequeño proyecto, hasta que Cassis Leiva decidió demandar por usurpación y daños a algunos dirigentes comunitarios.
Tras guardar prisión durante más de cien días, en 2017 Abel Pérez y Santos Hernández fueron sentenciados a 5 años y un mes. Actualmente están esperando la audiencia de casación (lean reportaje completo de Alba Sud).
Meses más tarde, María Veneranda Cruz, Oneyda Cárdenas Flores, Jessica Cruz Cárcamo y Jacinto Hernández Cruz fueron acusados, por el mismo Cassis Leiva, de haber derribado un muro que él hizo construir para delimitar su propiedad y que, de hecho, cercaba el caserío impidiendo el acceso a sus viviendas a más de 60 familias (lean reportaje completo de Alba Sud)
En agosto del año pasado, los cuatro pobladores de Puerto Sierra, acompañados por la Red de Abogados del MASS-Vida y la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (Adepza), se presentaron al juzgado y lograron que se retirara la orden de captura. La primera audiencia, reprogramada en varias ocasiones, se llevó a cabo entre el 20 y el 22 de noviembre de 2018, pero los resultados no fueron los esperados.
La jueza del Juzgado de Letras de lo Penal de Amapala dictó sobreseimiento definitivo para María Venerada Cruz y auto de formal procesamiento en contra de las otras tres personas.
Lo más grave fue que, a solicitud del Ministerio Público, la jueza aceptara la ampliación del requerimiento fiscal en contra de Abel Pérez, actualmente presidente de la ADEPZA, Santos Hernández y María Concepción Hernández, contra los cuales giró orden de captura por daños continuados y agravados.
Acoso y represión
Durante una entrevista realizada en septiembre de 2018 por Alba Sud, María Concepción Hernández alertaba sobre el constante acoso que sufría la comunidad.
"Aguantamos de todo. Llegaban los seguidores de Cassis armados a presionarnos, hostigarnos, amenazarnos. Para asustar a los turistas que dejaban sus vehículos les entregaban fotos de los compañeros encarcelados, diciendo que éramos todos unos delincuentes.
Este mismo señor -continuó- nos ofendió a las cuatro (mujeres). Nos dijo que éramos un atajo de ladronas, unas usurpadoras sinvergüenzas porque le habíamos robado su tierra. Hasta nos tildó de prostitutas".
En abril de este año, Cassis Leiva presentó otra denuncia contra unos seis o siete pobladores por haber trabajado en el predio durante Semana Santa. Unos meses antes, Santos Hernández fue atacado por un empleado de Cassis y tuvo que ser trasladado a un hospital debido a las heridas.
Explotación
La ubicación geográfica de Zacate Grande es estratégica. La península es parte del Parque Nacional Marino “Archipiélago del Golfo de Fonseca” (PNMAGF), que en 1999 fue declarado como un área natural protegida e integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH).
Además, en estos lugares se instalará la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), popularmente conocida como ciudad modelo (charter city). Se trata de espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros para implementar actividades económicas. Las ZEDE estarán sometidas a reglas diferentes del resto del país y gozarán de total autonomía en cuanto a política fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad. También podrán establecer sus propios sistemas de salud, educación y seguridad social.
No es para extrañarse, entonces, si las familias más pudientes del país, corporaciones y grupos económicos nacionales, terratenientes y empresas transnacionales han puesto sus ojos en esta zona. Es justamente aquí donde el gobierno pretende implementar un plan estratégico de 'desarrollo', a través de inversiones multimillonarias en el sector energético, minero, turístico y en infraestructuras.
Según el estudio Zacate Grande: una comunidad que persiste en la defensa por el derecho a la tierra, realizado por el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), en Honduras existen más de cinco mil campesinos y campesinas procesados judicialmente. La mayoría de esos casos remontan al período sucesivo al golpe de Estado del 2009 e involucran a unas mil mujeres. Adepza registra más de 70 personas criminalizadas en Zacate Grande.
Este 23 de septiembre podría llevarse a cabo la audiencia de presentación de imputado. Miembros de Redehsur, Adepza y Cofadeh estarán acompañando a María Concepción Hernández y piden a organizaciones nacionales e internacionales estar alerta ante lo que pueda pasar en las próximas horas.
* Nota escrita con material publicado en Alba Sud y Defensores en Línea
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