Marpa
La masacre de 5 campesinos de la Comunidad Guadalupe Carney que se perpetró en la finca conocida como El Tumbador, es el caso que ya está conociendo el sistema interamericano de derechos humanos y que abre las puertas para que el gobierno de Honduras pueda ser condenado nuevamente por graves violaciones a los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH recibió la denuncia en 2018, examinará la petición y adjudicará el caso en el supuesto de que se cumplan los requisitos de admisibilidad.
Los crímenes fueron cometidos supuestamente por guardias de seguridad de la empresa Orión, que prestaba servicios a la compañía extractora de palma africana, Exportadora del Atlántico, propiedad de la familia del extinto terrateniente Miguel Facussé.
La masacre se ejecutó el 15 de noviembre de 2010 en medio de una fuerte militarización desplegada en el Bajo Aguán bajo el pretexto de realizar un desarme general y combatir el narcotráfico, pero en el fondo se trató de sofocar un conflicto social, producto del acaparamiento de extensas parcelas de tierras en manos de unos pocos terratenientes y la necesidad de familias campesinas por recuperar tierras para su subsistencia. La militarización fue ordenada por el régimen de Porfirio Lobo Sosa.
Como antecedente, se dice que la recuperación de la Finca El tumbador ocurrió el 6 de abril de 2010 y que con la venia de Miguel Facussé los campesinos trabajaron la finca hasta el mes de agosto de ese año.
Sin embargo, el 15 de noviembre de 2010, unos 180 trabajadores del campo decidieron salir de su comunidad (Guadalupe Carney) para ingresar nuevamente a la finca a tempranas horas de la mañana, pero esta vez los esperaba una emboscada en el portón de acceso donde se produjo la masacre que terminó con la vida de 5 de sus compañeros.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y Abogados Sin Fronteras (ASF) son las organizaciones peticionarias que demostrarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el estado de Honduras es el responsable de la masacre de 5 campesinos, ejecutada por “guardias de seguridad privados” en la finca conocida como El Tumbador, que estaba en manos del terrateniente Miguel Facussé y localizada en el municipio de Trujillo, departamento de Colón.
Según la investigación titulada: “El Tumbador: Una prisión verde de impunidad” publicada en marzo de 2016, “el terrateniente Miguel Facussé, fundador de la Corporación Dinant, (con acciones en Exportadora del Atlántico), fue vicepresidente de la Asociación para el Progreso de Honduras, una agrupación conformada por empresarios de derecha y miembros de las Fuerzas Armadas que funcionó entre 1980 y 2001, donde investigaban comunistas. Se estima que la corporación Dinant, posee una quinta parte de las tierras agrícolas del Bajo Aguán”.
La masacre de los campesinos pudo evitarse por la fuerte presencia militar-policial, pero los guardias de seguridad actuaron, en este caso con la aquiescencia del estado. El término aquiescencia es sinónimo de aprobación, asentimiento, consentimiento, aceptación, afirmación, entre otros.
Las víctimas de la masacre fueron identificadas como Raúl Castillo (48), Ignacio Reyes (50), Teodoro Acosta (39), Ciriaco Cárcamo (50) y José Luis Sauceda Pastrana (25). Para desviar la atención sobre los verdaderos motivos de la masacre, a los labriegos se les plantaron armas automáticas AK-47 de fabricación soviética y medios de comunicación locales y corporativos, habrían expresado que las víctimas mortales tenían nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
De acuerdo a testigos, las muertes violentas se produjeron en medio de un gran desplazamiento de fuerzas combinadas en la zona, integradas por efectivos militares del XV batallón de Infantería acantonado en Río Claro, Trujillo y agentes de la Policía Nacional
Los supuestos victimarios pertenecían a la Empresa Orión que brindaba seguridad a las plantaciones de palma africana de la compañía extractora Exportadora del Atlántico, propiedad del terrateniente Miguel Facussé (fallecido en 2015).
Por la masacre, se presentaron requerimientos fiscales en los tribunales de Trujillo, contra 4 guardias de seguridad y un empleado encargado de la logística de la empresa Exportadora del Atlántico.
Sin embargo, el juicio no prosperó, y dejó sin acceso a justicia a las 5 viudas y 25 niños y niñas que quedaron de “pan en mano”. Estas familias forman parte de la comunidad Guadalupe Carney, afiliada al Movimiento Campesino del Aguán (MCA).
En enero de 2013, el Area de Acceso a Justicia del COFADEH) se apersonó a la audiencia inicial del caso Tumbador, pero no se le permitió ingresar a pesar que acompañaba a las viudas. No hubo auto de prisión en contra de los acusados por la masacre. El juez decretó sobreseimiento provisional argumentando que si bien, se confirmó que el hecho había sucedido, no se acreditó debidamente la responsabilidad de los imputados en la masacre.
Al juez no le importó el testimonio de los testigos. El Ministerio Público (MP) no presentó la debida apelación a la decisión tomada por el togado que conoció la causa. Más aún, la Fiscalía no presentó nuevos elementos para reabrir el caso que la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA) mantuvo en “secretividad”.
El COFADEH es el representante legal de las víctimas. Pese a que el comité abogó para que se reabriera el caso, la investigación se detuvo.
“…Y eso solo es posible porque tienen el beneplácito del estado y sus autoridades, y ellos saben que tienen además ese manto que ha sido imposible de romper, como es el manto de la impunidad…”: Bertha Oliva
La Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva dijo a www.defensoresenlinea.com que con la situación que se vivió en el Aguán, el caso de El Tumbador es paradigmático por el nivel de agresividad, por el involucramiento de agentes del estado y guardias de seguridad que ejecutaron un operativo combinado, por el ataque que se perpetró contra una población indefensa y los niveles de represión y ultrajes contra mujeres campesinas.
“Los que fabricaron y planificaron este ataque tenían la intención no sólo de impedir el hecho que se iba a llevar a cabo, sino sentar precedentes de terror; tanto en esas familias como en todo el entorno de las comunidades, porque recuerde usted que no sólo hubo asesinados, hubo mujeres violadas, hubo gente torturada, hubo gente herida, o sea, que fue un ataque de tal magnitud que el pueblo y toda esa comunidad, que ha pasado más de una década, no ha olvidado ese episodio y esa tragedia a la que fue sometida esa población”, sostuvo Oliva.
Oliva añadió que “la intención entonces era romper paradigmas, vamos con todo entonces para que no se repita, así obran, así actúan los que tienen el poder, los que se creen dueños de la tierra y de la vida. Y eso solo es posible porque tienen el beneplácito del estado y sus autoridades, y ellos saben que tienen además ese manto que ha sido imposible de romper, como es el manto de la impunidad”.
La reconocida defensora de los derechos humanos señaló que el caso nunca avanzó, nunca prosperó y eso nos ha obligado a acudir ante el sistema interamericano, y nosotras como representantes de las víctimas mortales y de las víctimas sobrevivientes de ese hecho, acudimos no sólo con la intención de reparar económicamente el daño, sino sentar precedentes, de que en Honduras el sistema de justicia no funciona, no procede, recalcó.
Y dejar claramente establecido en las instancias internacionales; que eso es lo que le espera a la mayoría de campesinos y campesinas que se juntan y deciden actuar en sociedad para obtener un pedazo de tierra. Pero también que eso les espera cuando enfrentan a los terratenientes que tienen el control de la tierra en nuestro país con todo el sistema de justicia, incluyendo militares, policías, Ministerio Público (MP) y el poder judicial; que está a su favor, advirtió la Coordinadora General del COFADEH.
“…por tanto la gran empresa privada con el estado de Honduras brindándole seguridad militar y policial, además de judicial; es responsable de estos asesinatos de 5 campesinos que fallecieron en defensa de la tierra…”: Juan López
Por su parte, el pedagogo y ambientalista Juan López, de la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) dijo que por un lado hay que sentirse alegres porque el caso de los compañeros del Tumbador está llegando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ese es un gran paso, después de lamentar que el sistema judicial hondureño sea tan incapaz de poder resolver las cuestiones, porque le competen constitucionalmente al Ministerio Público (MP), le compete al estado de Honduras resolver y no permitir que eso vuelva a suceder.
“Pero creo que ahí está El Tumbador, una franja de tierra que entró en las negociaciones del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) con el estado de Honduras, de unas 5 mil 724 hectáreas, de las cuales alrededor de unas 600 están en manos de Corporación Dinant donde está Tumbador; por tanto la gran empresa privada con el estado de Honduras brindándole seguridad militar y policial, además de judicial; es responsable de estos asesinatos de 5 campesinos que fallecieron en defensa de la tierra”, sostuvo López.
Esperamos que el sistema interamericano pueda como en el caso de Carlos Escaleras, emitir una sentencia que tenga que ver con la exigencia al estado de Honduras, para rectificar. Eso es para nosotros lo que de fondo subyace, porque son familias, son mujeres, son hijos, son hijas que los compañeros dejaron, cuyos casos están en la impunidad.
El caso de El Tumbador fue sobreseído por los tribunales de la República, donde no se pudo probar la responsabilidad de los guardias de seguridad de la empresa Orión, que brindaban seguridad a la Exportadora del Atlántico, perteneciente a una de las familias más ricas de Honduras, la familia Facussé.
La comunidad Guadalupe Carney se asentó el 15 de mayo de 2010 en lo que antes fue el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), una zona estratégica para Estados Unidos que en la década de los años ochenta, lo utilizó para entrenar a los ejércitos de El Salvador y Nicaragua en tácticas contrainsurgentes.
La Guadalupe Carney lleva su nombre en memoria del sacerdote jesuita James Francis Carney (padre Guadalupe), que acompañó a las comunidades campesinas en su lucha por la tierra, pero que fue capturado por el ejército hondureño en el departamento de Olancho, cuando integraba una columna guerrillera que ingresó desde Nicaragua. Carney fue desaparecido por “escuadrones de la muerte” el 16 de septiembre de 1983.
La Guadalupe Carney pertenece al Movimiento Campesino del Aguán (MCA) y está compuesta por familias migrantes que llegaron a la zona en las décadas del 70 y 80 y por damnificados por los efectos del huracán Mitch en 1998.
En 2003, el MCA inició los procesos de recuperación de tierras de 5 mil 724 hectáreas del antiguo CREM. Se recuperaron unas 3 mil hectáreas, pero faltaba la finca El Tumbador sembrada con palma africana por la Corporación Dinant (constaba de 800 hectáreas) que habían sido sembradas por los propios campesinos de la Guadalupe Carney.
El MCA reclamó las tierras y forzó al Instituto Nacional Agrario a que solicitara la documentación a Miguel Facussé, cosa que éste nunca presentó. El expediente pasaría entonces al Consejo Nacional Agrario quien favoreció al terrateniente
El conflicto se agudizó en 2008, en el que hubo varias muertes, pero los terratenientes tenían de su lado los medios de comunicación tradicionales quienes iniciaron una campaña de criminalización contra los campesinos y campesinas, que terminaron con procesos judiciales en su contra.
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