Comisionados CIDH en audiencia sobre criminalización de la protesta en Honduras.
Empiezo por señalar la preocupación de la Comisión por cualquier acto de represión o intimidación al derecho de reunión, a la libertad de asociación, a la libertad de expresión, y, en pocas palabras, al derecho que tienen ciudadanos y ciudadanas a la protesta, así comenzó su intervención el comisionado Joel Hernández, vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la audiencia “Violencia en las Protestas Sociales en Honduras”.
En el marco de 173 periodo de sesiones de la CIDH, la Coalición Contra la Impunidad, que está conformada por 58 organizaciones, denunció el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir las protestas, las decenas de violaciones de derechos humanos y las personas asesinadas, durante las manifestaciones 2019 en Honduras, cometidas por los cuerpos armados y seguridad en Honduras.
De acuerdo a la Coalición Contra la Impunidad, el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad policiales y militares dejó como resultado: nueve personas asesinadas; cuatro personas con discapacidades permanentes; 88 personas heridas; más de 200 personas criminalizadas; al menos 71 detenciones ilegales, -entre ellos 13 niños-; 14 personas víctimas de torturas, tratos crueles e inhumanos, y, al menos ocho defensores en prisión preventiva.
Ante la CIDH, se hizo referencia que el 20 de junio por la noche, pese a que ya se había disipado un bloqueo en la carretera en Yarumela, La Paz, llegó un convoy del Ejército y empezó a disparar. Eblin Noel Corea Maradiaga, estudiante de 17 años, murió tras recibir un disparo en el pecho por parte de un militar. Su padre que había salido a buscarlo y pudo presenciar el hecho.
En dicha audiencia, en la que también estuvo presente la representación del Estado hondureño, se conoció que, producto de la inhalación de gases tóxicos, José Armando Ruiz y Marco Antonio Espinoza fallecieron por congestión pulmonar, el 31 de mayo y el 01 junio, respectivamente.
Tras conocer los casos y contexto presentados por la Coalición Contra la Impunidad, el comisionado Joel Hernández, también relator de país para Honduras, expresó que: “toda protesta, en sí misma, es pacífica, cuando hay un acto de violencia no puede calificarse como violenta a esa protesta, y de esa se derivan responsabilidades penales para llevar acabo los enjuiciamientos, y más para el Estado de garantizar la libertad de reunión”.
Hernández dijo estar preocupado desde el surgimiento de actos de represión a protestas en el periodo 2019: “tenemos en la Comisión el recuerdo de una represión en Nicaragua al derecho a la protesta, no es lo que queremos para Honduras, queremos un espacio de democracia y un espacio de confrontación de ideas”.
Agresiones a la integridad
La Coalición Contra la Impunidad denunció que durante las protestas, se suelen utilizar objetos como perdigones, toletes, contenedores de gases lacrimógenos para generar lesiones a las personas manifestantes.
Por ejemplo, el 30 de mayo más de una decena de estudiantes fueron agredidos por protestar en la comunidad de Dos Caminos, al norte de Honduras. De ellos lograron constatar testimonios de tres estudiantes, el primero, un niño de 14 años, resultó con golpes en las costillas y la cabeza, otro menor se desmayó tras un ataque de pánico producto de las agresiones y el tercero fue brutalmente golpeado atrás de una ferretería de la comunidad.
En ese sentido, la comisionada presidenta de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, mostró preocupación “muy especial” de la Relataría de niños, niñas y adolescentes sobre la situación planteada: “hoy son los adolescentes, los jóvenes los que están liderando las protestas, y tenemos que tener muy presente la necesidad en los niños y en las niñas la capacidad de participación y de estar comprometidos con los asuntos de su país”.
Situación de defensoras y periodistas
La CIDH, además conoció que la prensa ha estado bajo ataque, entre mayo y junio, el Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE) ha registrado un total de 27 periodistas agredidos, entre ellos 6 mujeres.
“Las agresiones documentadas incluyen impactos de bombas lacrimógenas, golpes de los efectivos policiales o militares, persecución física en autos del Gobierno, destrucción de equipo periodístico, detenciones arbitrarias y amenazas e intimidación de militantes del Partido Nacional y de los cuerpos armados”, precisó la Colación Contra la Impunidad.
Añadieron que las víctimas son principalmente aquellos periodistas y comunicadores que se desenvuelven en medios de comunicación alternativos y con enfoques más críticos al gobierno actual.
Asimismo, evidenciaron el uso indebido del derecho penal en contra de las personas defensoras de la tierra y el territorio, y citaron que solo durante 2019 se ha criminalizado a más de 100 integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), 9 integrantes de la tribu indígena Tolupán de San Francisco Locomapa y 32 personas defensoras de los ríos Guapinol y San Pedro en Tocoa, Colón.
Lo anterior, como represalia por haber instalado campamentos, que consisten en acciones de protesta permanente para prevenir los impactos de los proyectos extractivos en Honduras.
Al finalizar las denuncias de violencia y agresiones contra los manifestantes, la Coalición Contra la Impunidad solicitó a la CIDH dar seguimiento cercano a la situación de derechos humanos en Honduras y activar “los mecanismos necesarios que disponga en el marco de su mandato, por ejemplo, que establezca una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) y un Mecanismo Especial de Seguimiento para Honduras”.
Mientras que al Estado hondureño le demandó “fortalecer la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, para que investigue las violaciones de derechos humanos denunciadas y que cuente con el apoyo técnico de la Ilustre Comisión y la OACNUDH”.
La Coalición Contra la Impunidad apunta que la representación del Estado hondureño no logó responder los cuestionamientos de los comisionados y se dispersaron en temas que no estaban relacionados a la audiencia temática.
Celeste Espinoza, quien integró la misión de la Colación Contra la Impunidad, indica que los representantes del Estado argumentaron no conocer los casos expuestos en la audiencia sobre violencia y criminalización de manifestantes y defensores, un ejemplo de ello el caso de los ambientalistas del Río Guapinol.
Cabe destacar que Radio Progreso buscó las reacciones de la representación del Estado, sin embargo, la viceministra de derechos humanos, Marcela Castañeda, dijo que la misión “estaba apurada, y que podría atender la entrevista en Honduras”.
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