Texto/fotos: Sandra Rodríguez
El 22 de septiembre, fue privada de libertad la defensora de la tierra y playas de Zacate Grande, María Hernández, quién tenía una orden de captura desde noviembre del 2018, en perjuicio del terrateniente Jorge Luís Cassis Leiva, de la comunidad de Playa Blanca, al sur del país.
La detención se dio en el municipio de Nacaome, departamento de Valle, pero después fue trasladada al Juzgados de Letras del municipio de Amapala, específicamente en La Isla del Tigre, según informó al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), un integrante de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur del país (Redehsur).
Cabe señalar que, en la última acusación que se emitió contra defensores-integrantes de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), se mencionó a María Concepción Hernández, Santos Hernández (su compañero de hogar) y Abel Pérez, que también integra la REDEHSUR.
Santos y Abel (y Tomás García) fueron procesados por usurpación, daños y amenazas contra Cassis, en el 2015. En el año 2016 los dos primeros fueron enviados a prisión en Nacaome por 101 días, y posteriormente fueron condenados, excepto Tomás quien quedó mal de salud. El caso del cual el Cofadeh forma parte del equipo legal de defensa, está en casación.
María denunciando ataques en el foro de la CCI
En julio pasado, en Choluteca, donde se realizó un foro público convocado por la Coalición Contra la Impunidad (CCI), integrada por el COFADEH y unas 50 organizaciones más, María Hernández denunció las constantes violaciones a los derechos humanos contra Santos y ella, desde ataques de particulares y persecución judicial.
Los fines de semana María sale a vender cualquier tipo de mercadería para la subsistencia, y va acompañada de su pequeño hijo, Cristian (8), la Redehsur denunció que se desconoce el paradero del pequeño.
El conflicto en Playa Blanca, Zacate Grande, a la orilla del Golfo de Fonseca, se originó cuando miembros de la comunidad se organizaron para hacer un plantel temporal y atender a vacacionistas en Semana Santa del 2015. El predio históricamente utilizado como camino de paso, fue reclamado por el supuesto dueño Cassis Leiva, quien los denunció.
Cerca de 40 defensores y defensoras de la tierra, playa y territorio, en la última década han sido llevadas a los Tribunales de Justicia en la zona sur, en su mayoria integrantes de ADEPZA, que luchan por la liberación de los predios habitados por sus antepasados desde hace dos siglos.
En Honduras mas de 300 mil familias campesinas no tienen acceso tierras para cultivar. Al menos 5,200 defensores de la tierra han sido criminalizados, en cuenta unas 800 mujeres. María Concepción Hernández pasa a ser parte de las cifras de campesinas defensoras criminalizadas, en el país más peligroso para defensores y defensoras de derechos humanos.
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