Amenazas, vigilancia, criminalización y disparos al aire libre, han denunciado defensores de la tierra de las comunidades de Playa Blanca y Puerto Sierra, en la península de Zacate Grande, Amapala, departamento de Valle, zona sur del país.
El conflicto legal por un predio que la comunidad utiliza desde siempre como camino de paso y zona de carga y descarga, se inició en Semana Santa del 2015, cuando un grupo de vecinos se organizaron para utilizarlo como parque en esas vacaciones.
El supuesto dueño de la tierra, Jorge Luís Cassis ha denunciado a varios campesinos e integrantes de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), y de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR), por los supuestos delitos de daños, amenazas y usurpación.
El caso más reciente llevó a una noche de encarcelamiento a María Hernández, madre de un niño de 10 años, quien forma parte de la junta directiva de ADEPZA, y es la compañera de hogar de Santos Hernández, requerido por seis ocasiones y privado de libertad junto a Abel Pérez (actual presidente de ADEPZA y miembro de la REDEHSUR) en el 2016.
Según denuncias de las mismas víctimas, el pasado fin de semana llegó el terrateniente con sus empleados y levantaron un muro de piedras en la entrada del plantel, pero este fue derrumbado por los vecinos que se oponen a quedar incomunicados y encerrados, en una de las playas del mar pacífico, que poco a poco está siendo privatizado. Ahora hay un cerco de alambre de púas colocado por empelados de Cassis.
Al líder campesino e integrante de ADEPZA, Pedro Canales, le preocupa la situación de los compañeros y compañeras en esas comunidades, porque no se sabe quiénes son los sujetos que merodean por la noche y disparan armas de fuego.
Así mismo, la REDEHSUR, emitió una alerta pública este viernes 18 de octubre, ante la situación crítica que están viviendo los pobladores de los caseríos Puerto Sierra y Playa Blanca que están unidad geográficamente, y Cassis reclama como suyas las tierras.
Según el relato de la red, formada y acompañada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se está viviendo momentos de terror impuestos –supuestamente- por el terrateniente y sus empleados.
El temor de los defensores y defensoras de la tierra y territorio es que se avecine un enfrentamiento desmedido y sangriento que atente contra la vida humana. Ya en la región peninsular, más de 60 personas han sido criminalizadas en la última década, y en días pasados se ha recrudecido la cacería judicial.
Canales insiste en que la denominada “Hora del Sur” como la llama el usurpador del poder Juan Orlando Hernández, es solo “la muerte del sur”, una zona rica en minerales, tierras, ríos, playas y su gente trabajadora, sin embargo desde las autoridades correspondientes el único interés es vender la patria, instalando allí, la primera “ciudad modelo” denominada Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), provocando desplazamiento forzado y acaparamiento de tierras, como ha sucedido con pobladores de algunas playas de Zacate Grande.
Es así, que se hace un llamado a organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales para que medien en favor de los y las campesinas que luchan por la tierra y playas libres de terratenientes, como es la región de Puerto Grande, donde se encuentra a la cabina de la radio comunitaria “La Voz de Zacate Grande”, que ha costado al menos 32 requerimientos fiscales, estando aún desde 2011, tres defensores criminalizados y perseguidos, ellos son Pedro Canales, Danilo Osorio y Wilmer Rivera, este último fue retenido hace unos días, hasta que el COFADEH abogó por su libertad en la ciudad de Nacaome, Valle, enviando copia de su carta de libertad.
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