Indígenas acusados por el delito de obstaculización de un Plan de manejo forestal.
Asesinatos, amenazas y criminalización enfrentan los líderes de las tribus tolupanes en Yoro, por la defensa del bosque. Los indígenas se oponen al corte de madera de pino, lo que les ha provocado acusaciones alegando que están obstaculizando un plan de manejo forestal, en perjuicio de la empresa maderera INMARE, propiedad del señor Wilder Domínguez.
Los tolupanes organizados en el Consejo Preventivo y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, aseguran no oponerse al aprovechamiento del bosque de forma ordenada y consciente. Ellos se oponen a un plan de manejo forestal que el Instituto de Conservación Forestal, ICF, extendió a favor del empresario Domínguez, violentando los derechos del pueblo indígena, entre ellos el Convenio 169 de la OIT, que garantiza el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada.
Esta es una crisis de décadas en el pueblo Tolupán. El Consejo Directivo de la tribu y la Federación de Tribus Xicaques de Yoro, Fetrixy, han jugado un papel en contra de quienes se oponen al saqueo del bosque. “Cada vez que una tribu vende madera, la Fetrixy recibe el 15 por ciento de dinero sólo por firmar la autorización de venta, dinero que no es fiscalizado”, denuncia el Consejo Preventivo.
Utilizando maquinaria pesada usa el empresario para cortar la madera, integrantes del Consejo Directivo, órgano político de la tribu, quien hasta el momento autoriza la venta de madera, desalojaron a los indígenas que mantenían bloqueado el paso; evitando que camiones cargados de pino salieran del sector con rumbo a San Pedro Sula.
Además, a través de una nota hecha a mano, encontrada en el sitio donde se está cortando la madera, los indígenas recibieron una nueva amenaza. “Fuego le van a meter”, haciendo referencia al campamento que mantienen en el centro de la comunidad, y donde en el año 2013 fueron asesinados: Ricardo Soto Fúnez, Armando Fúnez Medina y María Enriqueta Matute, tres reconocidos líderes tolupanes declarados en resistencia ante el saqueo de su territorio.
En repetidas ocasiones aseguran haber denunciado ante el Instituto de Conservación Forestal y el Ministerio Público, han denuncia el corte de manera catalogado como ilegal que se hace en la zona, sin embargo, ambas instituciones han mostrado su parcialidad con el empresario y el Consejo Directivo, sobretodo en el proceso de criminalización que 9 indígenas enfrentan.
Los tolupanes del Consejo Preventivo son beneficiarios de medidas cautelares. Han denunciado ante el Mecanismo de Protección las amenazas y hostigamiento que a diario reciben. Hasta el momento no hay respuesta a sus peticiones. “Contrario a lo que acontece cuando llama el empresario, allí si la policía llega en minutos”, denunció el Movimiento Amplio a través de su página en Facebook.
Proceso de criminalización
A los indígenas se les imputa del delito de “obstaculización de un plan de manejo forestal”. Acusación del Ministerio Público se basa en una denuncia realizada por el empresario maderero Wilder Domínguez.
Los indígenas a quienes la justicia señala son: Wendy Pineda, Alison Pineda, Ángela Murillo, Ramón Matute, José María Pineda, Sergio Ávila, Óscar Vieda, Celso Cabrera y Amado Cabrera, quienes públicamente han denunciado que el plan de manejo forestal otorgado por el Estado, violenta el Convenio 169 de la OIT, que demás, ese plan ya venció, y que sigue beneficiando económicamente al empresario y algunos dirigentes.
En este proceso de criminalización, la defensa de los indígenas recusó por abuso de autoridad a la juez del Juzgado de Letras de la ciudad de Yoro, quien lleva el caso contra nueve líderes indígenas. La recusación fue admitida dando como resultado la suspensión de la audiencia de revisión de medidas que tenía como objetivo dejar en prisión a los defensores del territorio Tolupán, informó en Radio Progreso la abogada Heidy Alachan, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.
Desde el 2010, 19 indígenas vinculados al conflicto socio ambiental han sido asesinados. A pesar del dolor que provocan estas muertes y la pobreza que cada día aflora, los indígenas aseguran que, a través de la organización seguirán denunciando las violaciones a los derechos humanos producto de la explotación de sus bienes naturales, y la negligencia de las autoridades responsables de aplicar la justicia.
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