Por Jamila Venturini y J. Carlos Lara
Más de diez años después de los primeros debates impulsados por el Ministerio de Cultura para la reformulación de la normativa sobre derechos de autor brasileña, una consulta pública lanzada por el Gobierno de Bolsonaro parece indicar una nueva pauta de cambios regulatorios en la región.
Brasil tiene una de las leyes de derechos de autor más estrictas de América Latina, con escasas flexibilidades para las usuarias manifestadas en excepciones y limitaciones a los derechos exclusivos. Aunque hubo algunos avances jurisprudenciales en los últimos años, la Ley Nº 9.610 de 1998 mantiene una serie de restricciones al uso privado de obras protegidas y no incluye autorizaciones que favorezcan el uso de obras intelectuales en escuelas, bibliotecas o museos.
Una historia complicada
La ley fue por años clasificada como una de las peores del mundo por Consumers International y en menos de diez años de vigencia fue considerada obsoleta, ya que su carácter restrictivo frenaba muchas de las posibilidades de acceso a la información, conocimiento y cultura potenciadas por las tecnologías digitales. No obstante, este análisis crítico sirvió como una de las bases para iniciar un primer proceso de debates públicos para hacer una revisión de la ley. Ese proceso fue iniciado en 2007 por el Ministerio de Cultura (hoy integrado al Ministerio de Ciudadanía), encabezado por el popular artista Gilberto Gil.
Los debates incluyeron un ciclo de encuentros en distintas regiones del país, reuniendo a expertos, artistas y sociedad civil entre otros interesados. Las discusiones tenían un fuerte énfasis en la ampliación de las limitaciones y excepciones favorables al uso de las obras intelectuales. A partir de estos debates, fue presentado un texto inicial de reforma para consulta pública virtual en 2010 y en 2011 un nuevo texto estuvo abierto para comentarios. En un proceso que ya era novedoso por el carácter inclusivo y abierto de la discusión, las consultas virtuales surgían como una expresión pionera de participación: la ciudadanía podía no solamente revisar las propuestas, sino también comentarlas y revisar los comentarios de otros interesados.
Sin embargo, el proceso no prosperó. Con los cambios políticos vividos en el país desde entonces y la ascensión de liderazgos menos comprometidos con la promoción de la cultura libre, el texto jamás fue presentado al Congreso Nacional. Reformas menores fueron aprobadas, pero la esperanza inicial por una ley equilibrada se diluyó.
Mientras ese proceso de modernización se detuvo, la marcha de la tecnología continuó, incluyendo una masificación de las redes sociales y de formas cada vez más complejas de producción y recreación artística y cultural. Los cambios en el ecosistema digital, a nivel nacional y global, trajeron nuevos desafíos a una regulación cada día más atrasada.
La ley vuelve a la discusión pública
De manera sorpresiva, el Gobierno de Bolsonaro abrió una nueva consulta pública sobre la ley actual -recibiendo comentarios sobre el texto completo hoy vigente- y sobre los temas que podrían integrarse a la ley. La consulta fue lanzada sin ningún debate o documento preparatorio, sin un texto base (salvo la ley vigente) y sin referencia alguna a los desarrollos del proceso iniciado en la década pasada. Tampoco hay ningún compromiso con la publicación de las contribuciones recibidas, ni sobre la información de la participación; lo que consiste en un gran retroceso en transparencia en relación a los procesos anteriores.
Aunque sea loable la iniciativa de abrir al público la discusión de una ley tan criticada, surge la pregunta: ¿qué motiva la apertura de una consulta sobre la ley de derechos de autor en este momento?
Dos elementos apuntan a una intención de establecer nuevas reglas para la difusión de contenidos protegidos en línea. El primero de ellos, es la mención expresa a la Directiva Europea de Derechos de Autor en el texto que presenta la consulta. Como se sabe, la Directiva incluye un controvertido artículo que responsabiliza los intermediarios en línea por infracciones de derechos de autor, incluso de parte de terceros, obligando a una censura proactiva por las empresas de internet. Cabe preguntarse si el Gobierno brasileño pretende hacer propio un modelo que, a pesar de haber sido aprobado, ha presentado grandes polémicas y sigue planteando serios desafíos para su implementación.
El segundo elemento, es la pregunta en el formulario de consulta sobre la necesidad de una “reforma integral” a la ley, o solamente una reforma en lo relativo a los nuevos modelos de negocios de internet. La segunda opción trae como ejemplo la regulación del artículo 19 del Marco Civil de Internet, que precisamente trata de la responsabilidad de intermediarios de internet.
Aunque políticamente se optó por dejar a una regulación específica el tratamiento de la responsabilidad en caso de violaciones a los derechos de autor, cabe recordar que la sociedad brasileña hizo una opción en el Marco Civil (que también pasó por un proceso de construcción ciudadana reconocido en todo el mundo) por no responsabilizar a las plataformas por infracciones cometidas por terceros y con eso priorizar la libre expresión en línea. Un cambio en ese sistema, alineado con los desarrollos de la Directiva Europea que parece inspirar al Gobierno brasileño, representaría la victoria de intereses comerciales de la industria por sobre la ciudadanía y el interés público.
La voz de la ciudadanía para un sistema equilibrado
Es difícil otorgar el beneficio de la duda a gobiernos autoritarios a propósito de iniciativas revestidas de democracia y participación. En una materia como la legislación de los derechos de autor, tan relevante para el interés público y el avance de derechos humanos, pero tan susceptible a la presión por parte de las industrias de contenidos y las entidades de cobro, esa suspicacia es aún mayor. A ello se suma la falta de documentación informativa y la ausencia de compromisos de transparencia, que podrían invitar a un involucramiento más activo de la ciudadanía.
Pero esas mismas razones son las que invitan a aprovechar esta apertura. Dado que los espacios de participación en políticas públicas son hoy limitados, una consulta pública resulta un espacio propicio que ocupar. Dado que las voces siempre presentes en estos debates son las de quienes utilizan a la propiedad intelectual como caja pagadora (y a menudo, no los artistas mismos), una consulta pública es una oportunidad para expresar los intereses de quienes usan obras a diario para crear, para expresarse, para enseñar. Y dado que no hay certeza sobre cómo serán consideradas las respuestas a la consulta, es una oportunidad para presentar y difundir públicamente con fuerza las ideas de la sociedad civil para una regulación equilibrada y respetuosa de derechos fundamentales.
El futuro de internet, la creación y la difusión del conocimiento libre y abierto, están hoy en consulta pública en Brasil. Esta es una oportunidad para hacer que la ley recoja las necesidades de las personas que usan internet para educar, crear, compartir, documentar -incorporando a los acervos e instituciones que preservan la memoria y el conocimiento- para alzar la voz en defensa de los humanos, contra la vigilancia y censura en la red.
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