Por Sandra Rodríguez
Esta mañana fue sacada de su vivienda, en Arizona, Atlántida, detenida y acusas por posesión y fabricación de armas de guerra la defensora de los bienes comunes y activista social Aquilina Mejía Guerra, quien forma parte del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
La defensora fue expuesta ante medios de comunicación como si fuera una “peligrosa delincuente” fabricante de armamento de guerra, denunció el Movimiento Amplio que dirige Martín Fernández.
Doña Aquilina es la esposa de Luis García, ex candidato a alcalde en el municipio de Arizona, Atlántida, costa norte de Honduras, también integrante del MADJ.
La captura se dio tras una serie de persecuciones contra el matrimonio, que iban desde consistente en visitas a su hogar de parte de la Dirección Policial de Investigación (DPI), en su casa de habitación.
Por estos hechos, Luís García fue sacado del país debido al riesgo que enfrentaba, denunció el MADJ en una alerta pública esta mañana. En consecuencia, hoy 22 de febrero, agentes de la DPI y de la Policía Nacional allanaron su casa de habitación y detuvieron a su esposa, acusándola por tener dos supuestas “bombas molotov” que aseguran haber encontrado en su casa, prueba prefabricada para asegurar su acusación, continuó la denuncia.
Luis García y su esposa Aquilina Mejía Guerra, son habitantes del departamento de Arizona, comprometidas con la defensa de los bienes naturales y manifestantes activos en contra del fraude electoral del pasado 26 de noviembre, cuya honorabilidad y honestidad son ampliamente reconocidos en la zona. Ambos, hoy están siendo víctimas de la criminalización empleando métodos de persecución y judicialización en su contra, afirmó el Movimiento Amplio.
La persecución contra el MADJ es continúa, pues entre el 26 de noviembre de 2017 y el 22 de febrero de 2018, ha sido víctima de tres asesinatos políticos, tres allanamientos a vivienda y oficinas, un ataque directo en contra de la comunitaria Radio Dignidad, un ataque directo con golpes y tratos crueles y degradantes en contra de integrantes, actos de vigilancia sostenida en su sede ubicada en San Pedro Sula y una grave campaña de difamación en contra de su coordinador general, Martín Fernández y el encargado de asuntos políticos, Víctor Fernández, sumando un total de al menos diez ataques, en el marco de la coyuntura de fraude electoral, que ha dejado como saldo a ocho de sus integrantes en situación de riesgo.
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