En los carteles, con los que se exige la liberación de 21 personas, se lee el nombre de Lourdes Johana Gómez, acusada por la justicia hondureña de incendio agravado y atentado contra miembros de la Policía Nacional. Su familia dice que el único delito de Lourdes, madre de cuatro hijos, fue manifestarse en contra del fraude electoral y la administración nacionalista.
Lourdes, es la única mujer detenida y procesada en el marco de la crisis post electoral. “Es difícil, los niños no pueden ir a la escuela les hace falta su mamá. La sacaron a las cinco de la mañana de su casa, junto a su esposo, enchachada y sus hijos vieron, no andaban órdenes”, cuenta Astrid Ortega, cuñada de Lourdes.
Recuerda que su cuñada, quien se dedicaba a la venta de comida, apoyaba y era parte del movimiento ciudadano que se levantó, en el municipio de Pimienta, departamento de Cortés, rechazando los resultados e irregularidades electorales que favorecieron la candidatura ilegal a la presidencia de Juan Orlando Hernández: “el delito fue decir Fuera JOH, y ella les dijo si es delito lléveme porque es lo único que he hecho”. Miembros de las fuerzas de seguridad capturaron a Lourdes el 26 de diciembre de 2017 y un juez ordenó privarla de libertad en el Centro Penal de Tela.
En la lista también está el nombre de Jonathan Perla, acusado de atentar contra policías en el municipio de Pimienta, Cortés. Doña Emilia, abuela de Jonathan, entre lágrimas, dice que sus oraciones serán escuchadas y su nieto saldrá libre: “nosotros pedimos libertad para ellos porque no tienen ningún delito, solamente por andar manifestándose los tiene ahí.
Jonathan está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, conocido como “El Pozo”. “Los tienen ahí, ellos están sufriendo, nosotros solo pasamos llorando. Son unos muchachos honrados, le pedimos al Señor que abra puertas porque somos gente humilde”, rogaba doña Emilia, frente al Ministerio Público de Tegucigalpa, al tiempo que contaba las dificultades económicas para solicitar el permiso de visitas que otorga el Instituto Nacional Penitenciario.
Falta de rigor en pruebas
Familiares, organizaciones de derechos humanos y sociales, que integran el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Honduras, han demandado a las autoridades judiciales la pronta liberación de las 21 personas detenidas en el marco de la crisis post electoral.
El Comité por la Liberación denuncia la falta de pruebas fehacientes y la parcialidad de los jueces que llevan los juicios contra los presos políticos.
Las acusaciones contra Lourdes, Jonathan y las 19 personas carecen de pruebas que les vinculen a los hechos imputados, por tanto los expedientes judiciales deben cerrarse, indica Mery Agurcia, abogada del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Honduras: “el Estado no tiene pruebas suficientes, sin embargo mantiene a los presos en cárceles de máxima seguridad y sus casos son conocidos por juzgados de competencia territorial lo cual es totalmente inviable e inadmisible porque el catálogo de delitos no forman parte de los de esos juzgados”.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denuncia que las 21 personas privadas de libertad se encuentran en condiciones infrahumanas de hacinamiento sin acceso a la salud y agua potable en los centros penales y cárceles de máxima seguridad.
De acuerdo al informe de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), unas mil 351 personas fueron detenidas entre el 1 y 5 de diciembre de 2017, acusadas de violar el toque de queda impuesto por la administración nacionalista para evitar las manifestaciones ciudadanas que denunciaban el fraude electoral.
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